Ciudad de México.- Los jueces y magistrados federales presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Mexicano por la violación a la independencia judicial, la desaparición de los fideicomisos y el propósito de someter a votación popular los nombramientos de los impartidores de justicia.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), responsable llevar este recurso ante esta instancia internacional, anunció qué pedirá medidas cautelares contra el hostigamiento del Gobierno federal al PJF.
El pasado 16 de noviembre, una delegación de 10 juzgadores, encabezados por los Magistrados Froylán Muñoz Alvarado y Armando Díaz López, director y subdirector de la JUFED respectivamente, acudieron a una audiencia a la sede de la CIDH en Washington, acompañados de su asesor Víctor Manuel Rodríguez Rescia, especialista en litigio estratégico convencional en derechos humanos.
“La audiencia tuvo como tema general la situación de riesgo real y actual de la independencia y autonomía del Poder Judicial en el Estado Mexicano; y como subtemas entre otros, los siguientes: los ataques públicos directos y permanentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a la independencia de la Judicatura Federal en México, con la evidencia de titulares que los han resentido en forma reiterada”, informó en un comunicado el director de la JUFED.
“Los ataques a la independencia judicial y autonomía financiera por parte de dichos poderes, en particular respecto a las iniciativas de implementar la elección de Ministras, Ministros, Juzgadoras y Juzgadores Federales mediante el voto popular; así como, la pretensión de eliminar los 13 fideicomisos con que cuentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
La JUFED, asociación que representa a más de mil 500 jueces y magistrados del País, indicó que también expusieron a la CIDH la postura de los impartidores de justicia, “en el marco de los pesos y contrapesos de la división de Poderes de no intromisión, no dependencia y menos subordinación” .
“Finalmente, se hará la solicitud de las medidas cautelares correspondientes en el marco de los compromisos que tiene el Estado mexicano de respetar los principios convencionales sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial, derivados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otras normativas internacionales”, señaló.