La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación frente al debate que alista el Congreso de la Unión por la reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual, advirtió, puede amenazar la libertad de expresión con la que cuentan los medios en México al imponer lineamientos para la transmisión de los contenidos.
Luego de que este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma aprobada en 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que obliga a que los medios aclaren qué contenidos son informativos y cuáles de opinión, la organización internacional pidió que el nuevo debate para definir los alcances de las modificaciones sea abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión.
“La legislación que se adopte debe dar certeza jurídica a concesionarios, comunicadores y trabajadores de los medios, permitiéndoles desempeñar sus funciones desde la autorregulación, la libertad y la autonomía editorial”, consideró Carlos Jornet, presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
En tanto, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, explicó que la preocupación del organismo nace “ante la posible amenaza de poner límites a derechos universales que garantizan la libertad de información y opinión en los medios, bajo la excusa de velar por los derechos de las audiencias”.
Y es que, aunque el lunes pasado los ministros de la SCJN invalidaron la reforma de manera unánime, los argumentos para desecharla fueron de forma y no de fondo, es decir, criticaron el proceso legislativo por el cual se llevaron a cabo las modificaciones pero no los alcances que estas pudieran tener en el funcionamiento de los medios de comunicación.
En el debate, los ministros anularon la reforma justificando que los diputados no realizaron un proceso legislativo correcto, pues no se incluyeron a las tres comisiones correspondientes para la elaboración del dictamen, no se contempló a todos los partidos políticos para su discusión y fue publicado el mismo día que se votó en “fast track”.
La SIP recordó que además de los lineamientos que solicitaban la distinción de opinión e información en los contenidos, la antigua legislación imponía códigos de ética oficiales, restablecía las defensorías de audiencias, que abría la puerta a la intervención de criterios editoriales y se podía sancionar a las empresas con multas de hasta el tres por ciento de sus ingresos y clausurarlas ante la reiteración de faltas.