La Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son resultado de una demanda social de más de dos décadas para que la
población tuviera acceso a un mayor número de medios de información, más y mejores servicios, así como un entorno de competencia y certidumbre en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
La autonomía constitucional de la que se dotó al IFT fue resultado de consensos entre distintos sectores, con el fin de perfeccionar el marco institucional y normativo existente, a partir de la experiencia adquirida de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Es también consecuente con las mejores prácticas internacionales y la recomendación de organismos
internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión.