Son 63 instituciones educativas privadas, las primeras, que este lunes promovieron un amparo ante los juzgados federales de Puebla, en contra del Decreto de 18 de mayo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de esa entidad, que contiene la Ley de Educación del Estado.
Esta ley establece, entre otros aspectos, que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privada pasarán a formar parte del Sistema Educativo Estatal.
Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma, Abogados, la cual lleva la defensa de estas 63 instituciones, explicó a Excélsior que la reforma implica una expropiación de facto a toda la infraestructura escolar privada, lo cual sin duda se constituye como una legislación inconstitucional e ilegal.
“El hecho de que autoridades pretendan de inmiscuirse en el tema de costos de colegiaturas y esa especie de fiscalización a las actividades escolares, representa un agravio contra nuestros representados”, explicó.
Estos 63 amparos se ingresaron a las 11 de la mañana del lunes, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, av. Osa Menor No. 82, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula.
La nueva Ley de Educación en Puebla, que fue aprobada por legisladores morenistas el pasado 15 de mayo, causó reacción entre rectores de instituciones educativas privadas de esta entidad, quienes la calificaron de “ambigua y peligrosa”.
El Consorcio Universitario, que está integrado por seis universidades: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero), Universidad Anáhuac y Universidad Madero (Umad), alertó que esta nueva legislación da un mayor control al gobierno local sobre la educación privada y reclamaron a los legisladores morenistas de no haberlos tomado en cuenta para analizar la propuesta que hizo el gobernador, Miguel Barbosa.
Entre las voces que se han alzado, están la del rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, quien se pronunció por la preocupante amplia interpretación que se le puede dar a esta legislación, la cual, estimó, terminaría siendo revisada en los tribunales federales.
“Es un error esperar un acto de buena fe por parte del Congreso local y del gobierno del estado, de que la reforma será modificada, porque en la realidad jurídica, ya toda la infraestructura privada escolar, pasó por decreto de ley a formar parte de las autoridades del estado, por lo que es imprescindible interponer juicios de amparo ante la justicia federal para protegerse”, señaló Rodolfo Martínez.
En Puebla, según el inventario de la SEP, hasta septiembre del 2019 estaban registradas un total de tres mil 426 escuelas privadas.
“Con la presentación de esta demanda de amparo indirecto se suspenden los efectos de la ley”, explicó el abogado.