MILED MEXICO

Los Programas para el Bienestar se ampliaron durante el segundo piso de la Cuarta Transformación y actualmente benefician a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, 10.7 millones más que el año anterior. Para 2026, el gobierno federal destina más de un billón de pesos a estas iniciativas, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar del Senado de la República, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria destacó que los apoyos se entregan directamente y sin intermediarios.

“El gobierno busca una justicia social y la implementación de la prosperidad compartida a través de las pensiones y de los distintos Programas para el Bienestar, esta Secretaría, la cual me honro en encabezar, continúa fortaleciendo una política sustentada en derechos con apoyos directos y sin intermediarios”.

Ramírez Amaya también señaló que, entre 2014 y 2018, los programas contribuyeron a que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza.

En el marco de la Glosa del Segundo Informe de la presidenta @Claudiashein, me encuentro en el @senadomexicano para comparecer e informar ante legisladoras y legisladores sobre las acciones a cargo de @bienestarmx; nuestro compromiso es con el #bienestar del pueblo de México. Agradezco el recibimiento de los senadores @NachoMierV @ManuelHuertaLdG #HiginioMartínez #ComparecenciaBienestar #LetiRamírez #Senado

— Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) November 5, 2026

Pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad

La secretaria presentó los principales alcances de los programas de apoyo económico, entre los que destacan:

• Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: beneficia a más de 13.8 millones de personas de 65 años en adelante, quienes reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. La inversión anual asciende a 527 mil millones de pesos.
• Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: entrega 3 mil 300 pesos bimestrales a más de 2 millones de derechohabientes de entre cero y 29 años. En las 24 entidades que firmaron el convenio de universalidad, el apoyo se extiende hasta los 64 años. Cuenta con una inversión anual de 36 mil millones de pesos.
• Pensión Mujeres Bienestar: otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a 2.8 millones de mujeres de entre 60 y 64 años, con una inversión de 57 mil millones de pesos. La cifra de beneficiarias es casi tres veces mayor que la registrada en 2025.

Además, durante este año, 28 mil niñas y niños con discapacidad han recibido terapias gratuitas de rehabilitación y habilitación.

Salud Casa por Casa y apoyo a madres trabajadoras

Ramírez Amaya destacó el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual 20 mil profesionales de la salud brindan atención primaria a personas adultas mayores y con discapacidad.

Hasta el momento, se han realizado más de 28 mil consultas médicas domiciliarias y gratuitas. La funcionaria calificó esta iniciativa como una de las principales estrategias de prevención de la salud a nivel mundial.

Por otra parte, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras beneficia a 195 mil mujeres, con una inversión anual de 3 mil 200 millones de pesos.

Los apoyos están dirigidos a niñas y niños desde su nacimiento y hasta un día antes de cumplir cuatro años; en comunidades indígenas, la cobertura se extiende hasta los seis años.

Sembrando Vida e inversión en comunidades indígenas

La secretaria también informó sobre los recursos destinados al desarrollo rural y a la infraestructura de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para el ejercicio 2026, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinado a estos sectores cuenta con un presupuesto de 13 mil 500 millones de pesos. Hasta ahora, se han realizado 19 mil 718 asambleas comunitarias para que los recursos sean administrados directamente por las comunidades y se utilicen en obras de infraestructura básica.

En cuanto a Sembrando Vida, el programa tiene presencia en mil 113 municipios de 24 entidades y beneficia a más de 423 mil personas. Como parte de sus actividades, se han cultivado un millón 200 mil plantas, con una inversión anual de 40 mil millones de pesos.

Apoyos por fenómenos meteorológicos y atención a migrantes

La titular de Bienestar también expuso los recursos destinados a la atención de personas afectadas por fenómenos meteorológicos.

En 2025, el gobierno apoyó directamente a 320 mil personas censadas tras el paso del huracán Erick y las tormentas Priscilla y Raymond en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Asimismo, las lluvias de octubre de ese año motivaron una inversión de 15 mil 700 millones de pesos en apoyos directos para la limpieza, rehabilitación y recuperación de viviendas, comercios y cultivos en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Finalmente, Ramírez Amaya informó que, mediante la estrategia México te abraza, implementada en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se han brindado más de un millón de servicios y entregado 207 mil tarjetas del Banco del Bienestar.

En los Centros Integradores para el Migrante de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros se ha atendido a cerca de 5 mil personas, con una inversión superior a 384 millones de pesos entre enero y julio de 2026.

El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia, acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark, señalado como segundo al mando de una red de narcotráfico vinculada al cártel de Sinaloa y encabezada por el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

La detención ocurrió el domingo con la participación de fuerzas de seguridad colombianas. El gobierno de Estados Unidos ya solicitó su extradición a Bogotá, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El soborno para liberar a Andrew Clark

En octubre de 2024, cuando se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México, Benítez Alcántara recibió el caso de Clark, un ciudadano canadiense acusado de ser lugarteniente de Wedding, quien presuntamente dirigía una organización dedicada al tráfico de cocaína al servicio del cártel de Sinaloa.

En un primer momento, el magistrado ordenó el ingreso de Clark a prisión. Un mes después, Washington solicitó su extradición, mientras continuaban las investigaciones para localizar a Wedding.

De acuerdo con el DHS, Clark recibió de su organización alrededor de 2.75 millones de dólares, mediante pequeñas transferencias, para financiar un plan que contemplaba sobornar al juez y conseguir su liberación.

“El 24 de febrero de 2025, el mismo día que Benítez recibió el pago completo del soborno de 2 millones de dólares, concedió fianza a Clark y ordenó su puesta en libertad”, indicó la dependencia estadounidense.

Ryan Wedding también fue detenido

Clark fue capturado nuevamente y quedó a disposición de las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Ryan Wedding, de 44 años, figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Tras permanecer más de una década escondido en México, también fue detenido en Estados Unidos, donde espera juicio.

La regulación de los pagos digitales representa una oportunidad para impulsar la bancarización, agilizar las transacciones y reducir la informalidad económica en México, afirmó Walter Andriani, vicepresidente de servicios financieros para el norte de Latinoamérica de Capgemini.

El planteamiento cobra relevancia ante la propuesta de una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es promover las operaciones electrónicas, disminuir el uso de efectivo y avanzar en la inclusión financiera.

Durante la presentación del Informe Mundial de Pagos 2027: el futuro de los pagos y la evolución del dinero inteligente, elaborado por Capgemini, Andriani señaló que el país tiene diversos ámbitos en los que podría acelerar la digitalización de sus transacciones.

“No me atrevo a hacer un pronóstico porque no he leído toda la propuesta de ley, pero realmente necesitamos en algún punto regular o mejorar nuestro proceso económico en los pagos. México, finalmente, sigue siendo un país con una tasa de bancarización muy baja y esa ley puede ayudar en ese proceso”, afirmó.

Transacciones digitales se duplicarían para 2030

El directivo destacó que la actividad financiera opera de manera permanente y que las transacciones globales no monetarias podrían duplicarse para 2030.

Este crecimiento estaría impulsado por el comercio en tiempo real, los mercados y las plataformas transfronterizas, así como por la modernización de la infraestructura de pagos.

Andriani también señaló que las empresas mantienen su confianza en las instituciones bancarias. De acuerdo con las cifras presentadas, 71 por ciento de las compañías prefieren los bancos sobre las empresas fintech cuando ambas ofrecen costos y calidad equivalentes en los pagos tokenizados.

Sin embargo, consideró que cada institución bancaria deberá definir qué papel quiere desempeñar en el futuro de los servicios de pago.

El futuro de los pagos va más allá de mover dinero rápido

Por su parte, Marcela Guerrero, líder comercial en servicios financieros de Capgemini Colombia, sostuvo que la siguiente transformación del sector no consistirá únicamente en acelerar las transacciones, sino en generar mayor valor para las personas y las empresas.

“Estamos entrando a una nueva etapa del dinero, ya no se trata de moverlo más rápido, vamos a empezar a ver nuevas formas de pago que permiten incorporar automatizaciones, información, nuevas capacidades con el negocio propio de las empresas”.

Guerrero agregó que las compañías ya no buscan incorporar tecnología por sí misma, sino encontrar herramientas que resuelvan necesidades concretas de sus operaciones.

En ese sentido, destacó que los bancos no tienen que desarrollar todas las soluciones, pero sí deben definir en qué áreas quieren competir, cómo buscan diferenciarse y qué capacidades necesitan fortalecer.

“Los bancos no necesitan construir todo, pero sí pueden decidir a dónde quieren competir, dónde quieren diferenciarse y qué capacidades necesitan desarrollar para eso”, concluyó.

Las empresas empacadoras y los trabajadores aguacateros alcanzaron un acuerdo para restablecer este jueves la agroexportación de la fruta, luego de tres semanas de afectaciones en los cortes y las actividades del sector.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, informó que el acuerdo se concretó la noche del martes, después de las 23:00 horas. Además, descartó que las protestas tuvieran relación con una supuesta presencia de gusano barrenador en cargamentos de aguacate.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria aseguró que Michoacán se mantiene libre de esta plaga y destacó los mecanismos de vigilancia sanitaria que operan en la entidad.

“Estamos súper seguros que no hay absolutamente ninguna plaga de gusano barrenador. En 28 años de exportación nunca ha habido un caso de gusano barrenador en Michoacán. Tenemos 50 municipios libres de esto y 13 zonas agroecológicas identificadas con la Ley de Sanidad Vegetal”.

Sader descarta presencia de gusano barrenador

López explicó que, mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y las juntas locales, se identifica cada parcela registrada, ya sea a nombre de sus propietarios o de las personas que las rentan. Los responsables reciben capacitación constante.

También señaló que existe un sistema permanente de trampeo y que técnicos de las juntas locales de sanidad vegetal realizan inspecciones periódicas.

“Cada mes se hace aleatoriamente la inspección de 500 hectáreas, de más de 18 mil que tenemos, para identificar si hay alguna plaga o enfermedad”.

Sobre un video en el que se mencionaba la supuesta presencia de gusano barrenador en cargamentos de aguacate procedentes de Nayarit, la secretaria afirmó que la información fue tergiversada y que esa fruta no se destina a la exportación.

Asimismo, aclaró que el cargamento destruido no formaba parte de la agroexportación, sino que tenía como destino una planta de aceite de aguacate.

Protestas comenzaron por la caída del precio del aguacate

La titular de Agricultura explicó que las movilizaciones se originaron por la disminución del precio de la fruta, que pasó de 20 a 13 pesos, situación que afectó los ingresos de los productores.

De acuerdo con la funcionaria, los agricultores señalaron que, con esos precios, los costos de producción ya no resultaban redituables.

La situación también perjudicó a los jornaleros agrícolas, debido a que durante tres semanas los cortes de aguacate se vieron afectados.

Semarnat prepara certificados de no deforestación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está por emitir certificados de no deforestación para evitar que el cultivo de aguacate continúe expandiéndose sobre zonas boscosas.

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, señaló que ya trabajan con los exportadores para entregar estos documentos.

Además, indicó que han identificado alrededor de cinco mil huertas que se mantienen bajo vigilancia especial y que cuentan con los polígonos de las zonas productoras de Michoacán y Jalisco debidamente mapeados.

A siete años de la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, ninguna persona ha sido sentenciada por los asesinatos de tres mujeres y seis niños. Así lo denunció Adrián LeBarón, hermano de una de las víctimas y tío de los menores.

En un video difundido en redes sociales, LeBarón recordó el ataque armado contra sus familiares y cuestionó que, pese a las detenciones realizadas y al tiempo transcurrido, los homicidios continúen sin una sentencia.

“Hace siete años masacraron a mi hermana y sobrinos. En ese momento se contaron más de 440 tiros con la participación de más de 100 sicarios. Hasta hoy, no hay una sola persona que esté sentenciada por el homicidio. Parece que va ganando la impunidad y la guerra”, expresó.

Hoy se cumplen 7 años de la masacre en contra de mi hija y nietos, siete años en los que hemos recorrido más de 70 mil kilómetros, tocado más de 700 puertas, más de 7 mil manos estrechadas y hasta hoy, el número de sentenciados por la masacre es cero. Ninguna persona está presa pagando por ese crimen que nos cimbró como país, que nos sacudió y puso en llamas el corazón De hecho nos han pedido acceder a procesos que no representarían la justicia de ninguna forma. No queremos que por cortar la vida de unos niños, haya criminales que paguen unos cuantos años, eso es una burla contra su memoria, pero sobre todo para un pueblo que jamás debería estar en esa situación, conformándose con migajas de justicia. A 7 años extraño a mi hija Rhonita como nunca, y cada día alzo la voz y mis plegarias para estaras cerca de la justicia, que en el mejor de los casos, se dará cuando ninguna madre vuelva a quedar incinerada en una camino terregoso junto a las cenizas de sus hijos. A 7 años, sé que mi hija me espera y yo la espero. Y espero que Dios me de la fuerza y voluntad para no flaquear en esta lucha. Para Dios fueron 7 días.. pero en México, para dar con los asesinos de mi hija, no bastan 7 años. Dios los bendiga y no nos cansaremos, aquí no se vale rendirse, porque nadie se queda atrás, nadie se queda solo. @RhonitaVive #RhonitaVive

— Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 4, 2026

Así ocurrió el ataque contra la familia LeBarón

La agresión se registró cuando integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller viajaban en vehículos por un camino de terracería entre Sonora y Chihuahua. Un grupo armado interceptó la caravana y disparó contra las unidades en las que se trasladaban mujeres y menores de edad.

El saldo fue de nueve personas asesinadas: Rhonita María Miller, hija de Adrián LeBarón, y cuatro de sus hijos; además de Christina Marie Langford Johnson, Dawna Ray Langford y otros cuatro menores. Siete niños sobrevivieron a la emboscada.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones y, desde entonces, se han detenido a presuntos participantes. Sin embargo, los procesos judiciales han avanzado por separado. Algunos acusados han recibido condenas por delincuencia organizada y delitos relacionados con armas, pero estas no corresponden a sentencias por los nueve homicidios.

El proceso contra El Janos sigue pendiente

Uno de los acusados es Fidencio Alejandro González Esparza, alias El Janos, quien en junio de 2023 recibió una condena de 12 años de prisión por delincuencia organizada y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el procedimiento que enfrenta por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daños continúa sin resolverse.

De acuerdo con información difundida por Adrián LeBarón, la audiencia intermedia contra El Janos fue aplazada hasta marzo de 2027. Por su parte, otra audiencia relacionada con Fredy Calles Romero, alias El Tolteca, fue reprogramada para diciembre de 2026.

Familia LeBarón mantiene exigencia de justicia

A siete años de la emboscada, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento de los motivos del ataque.

La explicación de las autoridades ha apuntado a una posible confusión entre grupos criminales que disputaban el control territorial en la zona limítrofe de Sonora y Chihuahua. Sin embargo, integrantes de la familia LeBarón han cuestionado esa versión.

Mientras los procesos judiciales siguen pendientes, la exigencia de los familiares se mantiene: que los responsables de los nueve asesinatos reciban una sentencia.