La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantener su facultad para acceder a información patrimonial y bancaria de empresas y particulares.
El caso deriva de un amparo promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, el cual podría ser desechado sin analizar el fondo del asunto.
Información ligada a Pandora Papers
De aprobarse el proyecto el próximo 9 de abril, la UIF podría continuar revisando información financiera de hasta 10 años del empresario.
Los datos fueron solicitados en diciembre de 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras la aparición de su nombre en los llamados Pandora Papers, relacionados con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal.
Propuesta de sobreseimiento
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone:
- revocar el amparo concedido en 2022
- dar por concluido el juicio sin analizar la constitucionalidad
- argumentar falta de afectación directa al empresario
Según el documento, la solicitud de información es un acto inicial entre autoridades que no implica sanciones ni bloqueo de cuentas.
“No afecta de manera real la esfera jurídica del quejoso”, señala el proyecto.
Normas seguirían vigentes
El empresario impugnó artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, que permiten a las autoridades acceder a información financiera con fines de supervisión.
Sin embargo, si se aprueba el proyecto:
- la Corte no analizará la constitucionalidad de esas normas
- las disposiciones seguirán vigentes
- la UIF conservará sus atribuciones actuales
Proceso con retrasos
El caso lleva casi tres años en revisión en la Corte, con diversos recursos legales promovidos por la defensa del empresario.
Entre ellos destaca la resolución que declaró impedida a la ministra Lenia Batres para participar, debido a posibles conflictos de imparcialidad por opiniones previas.
Contexto fiscal
En lo que va del año, la SCJN ha resuelto varios litigios fiscales relacionados con Grupo Salinas, con fallos adversos que suman casi 49 mil millones de pesos en créditos fiscales confirmados.
La decisión que tome el máximo tribunal podría definir el alcance de las facultades de la UIF en materia de supervisión financiera y combate a delitos como el lavado de dinero.
