La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que la mujer que denunció una presunta violación tumultuaria por parte de integrantes de una fraternidad de la Universidad de Cornell fue “defraudada” por las instituciones y personas que tenían la obligación de protegerla.
Hochul anunció que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, asumirá el caso como fiscal especial, después de conocer “detalles preocupantes” sobre la manera en que las autoridades habían manejado la denuncia.
Entre los aspectos señalados por la gobernadora está que el fiscal de distrito local cerró inicialmente la investigación sin entrevistar a la denunciante ni a otras personas relacionadas con el presunto ataque.
“¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella, o a cualquier otra persona involucrada, o siquiera solicita la transcripción completa?”, cuestionó Hochul.
La gobernadora agregó que la joven ya había pasado por una experiencia “absolutamente indecible” y que posteriormente fue defraudada por personas e instituciones que tenían la responsabilidad de protegerla.
Críticas a la policía de Cornell
Hochul también cuestionó la actuación del Departamento de Policía de la Universidad de Cornell, al señalar que el relato de la mujer no habría sido transmitido completamente a los fiscales.
De acuerdo con la gobernadora, la joven pasó varias horas hablando con agentes y aseguró que estaba completamente convencida de haber sido violada. Sin embargo, esas declaraciones no habrían aparecido en el informe que la policía universitaria entregó a los fiscales.
“Después de que esta joven se presentó, habló con la policía. Se sentó durante horas y les contó exactamente lo que le ocurrió”, afirmó Hochul.
La gobernadora señaló que, según nuevos reportes, la mujer había sido clara al decir que estaba “100 por ciento segura” de que había sido violada.
Hochul informó el jueves que decidió recurrir a James después de perder la confianza en la capacidad del fiscal de distrito local para continuar con el caso.
Letitia James promete una investigación exhaustiva
La fiscal general no estableció cuánto tiempo podría durar la investigación, aunque advirtió que el proceso requerirá tiempo y que no será apresurado.
James afirmó que todos los neoyorquinos deben tener la certeza de que, cuando denuncian un delito, este será investigado de manera completa y justa.
“Revisaremos los hechos, reuniremos pruebas, entrevistaremos a testigos y, si corresponde, impulsaremos procesamientos”, declaró James.
También reconoció que existe interés por conocer respuestas, pero señaló que una investigación integral requiere tiempo y que su oficina está comprometida a llevarla hasta el final.
La investigación había sido cerrada inicialmente sin presentar cargos en 2024.
La denuncia de Jane Doe
La mujer, identificada únicamente como Jane Doe en documentos judiciales, informó a la policía del campus en noviembre de 2024 que había sido víctima de una agresión sexual. Posteriormente, también habló con investigadores internos de Cornell como parte del proceso disciplinario de la universidad.
El caso volvió a tomar fuerza el mes pasado, cuando la mujer presentó una demanda. A raíz de ello, el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabrió la investigación.
Van Houten ha recibido críticas por haber cerrado la investigación original, pero ha defendido su decisión de no presentar cargos. Según el fiscal, una declaración jurada elaborada por la policía no contenía las acusaciones de la mujer de que había sido drogada contra su voluntad, incapacitada más allá de su capacidad para consentir y obligada a mantener relaciones sexuales.
El fiscal no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas el jueves y viernes.
La demanda fue presentada contra siete integrantes de la fraternidad, la Universidad de Cornell, la fraternidad Chi Phi y otras personas. En ella se alega que la mujer recibió drogas y alcohol y posteriormente fue sometida a actos sexuales por un grupo de hombres mientras se encontraba parcial o totalmente incapacitada.
De acuerdo con la demanda, uno de los hombres habría enviado un mensaje a otros integrantes de la fraternidad para alertarlos sobre lo que ocurría y animarlos a participar.
Los abogados de dos de los hombres señalados han negado que sus clientes hayan participado en una agresión sexual. Uno de ellos afirmó que su representado no tocó a la mujer. Los intentos por obtener comentarios de los demás hombres o de sus representantes no han tenido éxito.
Hochul plantea cambios a la ley sobre intoxicación y consentimiento
El caso también reavivó el debate sobre las leyes de Nueva York relacionadas con las agresiones sexuales cuando una persona se encuentra intoxicada.
Hochul respaldó propuestas para modificar un elemento de la legislación estatal que, durante años, ha dificultado procesar determinados casos en los que una persona mantuvo relaciones sexuales con alguien que se intoxicó voluntariamente hasta perder la capacidad de consentir.
Actualmente, los cargos por violación generalmente requieren que haya existido fuerza o una negativa clara a mantener relaciones sexuales, salvo cuando la víctima se encuentra físicamente indefensa por estar inconsciente o mentalmente incapacitada debido a que fue drogada sin su consentimiento.
Nueva York es uno de 19 estados que cuentan con leyes de este tipo.
“Si alguien está demasiado intoxicado para consentir, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual ni para una violación tumultuaria, punto”, afirmó Hochul.
Antecedentes de fiscales especiales en Nueva York
Los gobernadores de Nueva York han recurrido anteriormente a fiscales generales o fiscales especiales para supervisar investigaciones de alto perfil.
En 2018, el entonces gobernador Andrew Cuomo designó a la entonces fiscal de distrito del condado de Nassau, Madeline Singas, como fiscal especial para investigar al entonces fiscal general Eric Schneiderman, quien renunció después de que varias mujeres lo acusaran de violencia física y otros abusos.
En 2021, Letitia James supervisó una investigación no penal sobre acusaciones de acoso sexual contra Andrew Cuomo cuando era gobernador. El proceso terminó contribuyendo a su renuncia. Cuomo había intentado inicialmente elegir quién dirigiría la investigación, pero posteriormente permitió que James seleccionara a dos abogados independientes para realizarla.
La oficina de James también lleva a cabo investigaciones penales y, conforme a la legislación estatal, tiene autoridad para investigar las muertes relacionadas con las fuerzas del orden en Nueva York.
Sin embargo, generalmente no puede iniciar investigaciones penales sin una remisión de un fiscal de distrito local, de la gobernadora o de una agencia estatal, o sin un nombramiento especial como el realizado por Hochul en este caso.
