MILED MEXICO

La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investiguen a la empresa Sandra Cuevas Diamond Group, propiedad de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, por un presunto financiamiento indebido en actos de precampaña y campaña.

Posible promoción anticipada

Además, la Comisión avaló dos procedimientos administrativos sancionadores contra Sandra Cuevas Nieves, luego de que en agosto de 2025 encabezó un evento difundido en redes sociales y medios de comunicación, en el que:

• Anunció la creación de un nuevo partido político
• Expresó su intención de contender por la Jefatura de Gobierno en 2030

Las indagatorias también incluyen a Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, coordinador del movimiento que busca constituirse como agrupación política.

Tras el análisis de las pruebas, el IECM determinó que éstas:

“Generan indicios sobre la intención de posicionar a Sandra Cuevas para contender por un cargo de elección popular en el proceso electoral 2029-2030”.

Añadió que los mensajes difundidos podrían constituir:

“Manifestaciones que pudieran traducirse en promoción y posicionamiento anticipado en favor de ella, quien presuntamente podría ser postulada como candidata a la Jefatura de Gobierno por la organización México Nuevo”.

Revisión ordenada por el Tribunal Electoral

La consejera Sonia Pérez explicó que inicialmente las denuncias fueron desechadas por la lejanía del proceso electoral; sin embargo, tras una impugnación de Movimiento Ciudadano, el Tribunal Electoral local ordenó reanalizar el caso.

Otros funcionarios bajo investigación

La Comisión de Quejas también inició procedimientos sancionadores contra otros servidores públicos:

• Guillermo Ruiz Tomé, concejal panista en Álvaro Obregón, por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, tras la entrega de calentadores solares y tinacos con su nombre e imagen.
• Los diputados Diana Barragán (PT), Fernando Zárate (Morena), María del Rosario Morales (Morena) y la legisladora federal Carina Piceno (Morena), por posibles violaciones a las reglas de difusión de informes de labores.

En el caso de la diputada petista, se aprobaron medidas cautelares para retirar propaganda que excedió los plazos legales de difusión.

A siete meses de la entrada en vigor de la Ley Silla, en numerosos centros de trabajo las y los empleados continúan siendo obligados a permanecer de pie durante extensas jornadas. Ante esta situación, la Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Secretaría del Trabajo a seguir impulsando acciones de información, orientación y acompañamiento que garanticen el cumplimiento de esta norma.

Llamado a inspecciones y difusión

Al presentar el dictamen de la segunda comisión de la Permanente, el senador priista Ángel García señaló que la Ley Silla requiere no sólo inspecciones, sino también mayor claridad y difusión.

“La productividad no está peleada con la dignidad”, afirmó, al subrayar la necesidad de una cultura laboral que respete los derechos de las y los trabajadores.

Beneficios para trabajadores y empleadores

El legislador destacó que cumplir con esta disposición también beneficia a los empleadores, ya que:

• Reduce incapacidades laborales
• Disminuye la rotación de personal
• Mejora el clima laboral

Añadió que permanecer de pie durante toda la jornada puede provocar fatiga crónica, problemas de circulación, dolores musculares y lesiones permanentes, por lo que no debe verse como una concesión, sino como una obligación del Estado para proteger la salud laboral.

Brecha entre la ley y la realidad

Por su parte, la diputada del PT, María de Jesús Rosete, señaló que el exhorto responde a una realidad persistente: la distancia entre lo que establece la ley y lo que ocurre en muchos centros de trabajo.

Indicó que miles de personas siguen siendo obligadas a permanecer de pie no por razones productivas, sino por resistencia a modernizar prácticas laborales, desinformación y falta de cumplimiento por parte de las empresas. Recalcó que la aprobación de la Ley Silla fue resultado de demandas históricas de la clase trabajadora.

Confusión en la implementación

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández, calificó el punto de acuerdo como necesario, al advertir que la implementación de la norma ha enfrentado confusiones, deficiencias y desconocimiento.

Sostuvo que la autoridad laboral debe garantizar que se cumplan todas las implicaciones de la legislación y se respeten plenamente los derechos de los trabajadores.

¿Qué establece la Ley Silla?

La Ley Silla es una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza el derecho de las y los empleados a contar con asientos con respaldo durante su jornada laboral, especialmente en actividades donde se requiere permanecer de pie de manera continua.