La policía chilena reprimió este domingo a varios miles de manifestantes que salieron a las calles de Santiago para conmemorar los siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, movimiento que exigía cambios frente al modelo neoliberal y mayores condiciones de vida digna.
Durante la movilización, que intentó avanzar desde la emblemática Plaza Dignidad hacia el Palacio de La Moneda, sede del gobierno, al menos 30 personas fueron detenidas en medio de diversos incidentes.
La actuación policial se produjo después de que el gobierno anunciara que respondería “con intensidad” a las manifestaciones.
Denuncian que carabineros a amenzado con disparale a un gran catidad de manifestantes @CIDH @AmnistiaOnline @CourPenaleInt @obsDDHHcl @dw_espanol @BBCWorld @AJENews @washingtonpost Violenta represion policial en #Chile https://t.co/NLE8l04vHW
— PureChile 𝕏 (@JzConstant) October 18, 2026
El 18-O, una protesta contra la desigualdad
El estallido social del 18 de octubre de 2019 dio paso a movilizaciones multitudinarias en Chile, con millones de personas en las calles y jornadas de protesta que se prolongaron hasta marzo de 2020. Las manifestaciones disminuyeron con la llegada de la pandemia de covid-19 y las restricciones que obligaron a la población a permanecer en sus hogares.
Las protestas expresaban el descontento acumulado por años de desigualdad, abusos, precariedad de las pensiones y deficiencias en los servicios públicos.
En el aniversario, Amnistía Internacional Chile recordó las causas que llevaron a millones de personas a movilizarse.
“Millones de personas no despertaron una mañana de octubre de 2019 simplemente con ganas de salir a las calles con ollas, cucharas y carteles. Fueron años de desigualdades, abusos, violencia, pensiones miserables”, señaló la organización.
Entre las principales exigencias figuraban el acceso a servicios públicos de calidad, una vida digna y una clase política que respondiera a las necesidades de la población, en medio de la desconfianza hacia las instituciones y las denuncias de abusos y corrupción.
Los intentos fallidos por cambiar la Constitución
Una de las principales consecuencias políticas del estallido fue la apertura de dos procesos para redactar una nueva Constitución, aunque ninguno consiguió la aprobación ciudadana en los plebiscitos correspondientes.
El primer proceso estuvo marcado por la participación de grupos independientes y sectores de izquierda, mientras que el segundo quedó bajo la influencia de fuerzas de derecha conservadora. Los textos propuestos representaban proyectos políticos muy distintos, pero ambos fueron rechazados en las urnas.
Estos intentos constituyeron una de las principales vías institucionales para responder a las demandas del movimiento, aunque no se tradujeron en una nueva Constitución.
Siete años después, persiste la disputa por el significado del estallido
El aniversario también evidencia las diferencias políticas que persisten en torno a las movilizaciones de 2019.
Sectores de la derecha gobernante han condenado el movimiento y lo han descrito como un “estallido delincuencial”, en referencia a episodios de violencia que incluyeron incendios intencionales en estaciones del Metro, iglesias y comercios, así como la destrucción de bienes de uso público.
Al mismo tiempo, la respuesta del Estado durante las protestas estuvo marcada por una intensa represión policial y militar, que dejó cerca de 40 personas muertas y centenares de heridas.
A siete años de aquellos acontecimientos, las manifestaciones conmemorativas vuelven a poner sobre la mesa las demandas sociales que dieron origen al estallido, así como el debate sobre sus consecuencias políticas, la violencia registrada y la actuación de las autoridades.
