El Senado aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca ampliar el uso de tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR y otros medios electrónicos. La votación estuvo marcada por críticas de la oposición y desacuerdos dentro de Morena.
La minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación. Aunque la legislación no establece la eliminación inmediata y generalizada del efectivo, sí otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar en qué sectores y actividades los pagos digitales podrán convertirse en el único medio de pago.
De acuerdo con el régimen transitorio, Hacienda tendrá 15 días hábiles, una vez que entre en vigor el decreto, para definir los sectores estratégicos y las actividades en las que podría aplicarse esta medida. También deberán establecerse condiciones y mecanismos para la transición.
Ricardo Sheffield critica las facultades de Hacienda
La iniciativa presidencial fue aprobada con 73 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 34 en contra de legisladores de oposición y del senador morenista Ricardo Sheffield.
Durante la discusión, Sheffield calificó como “un gravísimo error” permitir que el titular de Hacienda, quien no es elegido por voto popular, determine los sectores en los que los pagos digitales podrían ser obligatorios.
El senador advirtió que esta facultad podría generar un monopolio o un control de precios perjudicial para la población. También lamentó que el dictamen no hubiera recibido una revisión de fondo.
Cuando la senadora panista Verónica Rodríguez le preguntó si había votado en contra de la iniciativa, Sheffield respondió: “Sí, fui el único pendejo”.
Las atribuciones que la reforma concede a Hacienda fueron uno de los principales puntos de discusión, incluso después de que el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, señalara que el dictamen había sido revisado tomando en cuenta las preocupaciones expresadas por los legisladores.
Morena defiende la inclusión financiera
Los legisladores que respaldaron la iniciativa argumentaron que la digitalización de los pagos puede facilitar las transacciones, ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer a los pequeños negocios.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que el objetivo va más allá de modernizar las formas de pago.
“No se trata solamente de modernizar la manera de pagar, se trata de reducir las dificultades que enfrentan las personas y los pequeños negocios para participar en la economía”.
Huerta reconoció que la digitalización no resuelve por sí sola las desigualdades económicas, aunque afirmó que contar con herramientas que faciliten las transacciones y reduzcan los trámites puede contribuir a enfrentar esos problemas.
Por su parte, Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía, defendió que la ley busca impulsar la inclusión financiera y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El senador destacó que México cuenta con infraestructura para realizar operaciones electrónicas, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y Dimo, aunque su utilización todavía no se ha extendido a todos los sectores.
Como parte de sus argumentos, señaló que durante 2025 se realizaron más de 7 mil 300 millones de transferencias mediante SPEI.
Según Reyes, los pagos digitales también pueden ayudar a los pequeños negocios a llevar un registro de sus ingresos, ofrecer más opciones de cobro y construir historiales de operaciones que faciliten la evaluación de solicitudes de crédito.
Oposición advierte sobre costos y vigilancia financiera
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron las posibles consecuencias de la reforma. Entre sus preocupaciones mencionaron los costos adicionales para comerciantes y consumidores, así como el riesgo de ampliar la capacidad del gobierno para vigilar las operaciones financieras.
El panista José Máximo García criticó que Hacienda pueda decidir en qué sectores será obligatorio utilizar medios digitales sin que, a su juicio, existan criterios suficientemente claros.
También advirtió que en diversas comunidades rurales persisten dificultades de conectividad y acceso a servicios bancarios. Esta preocupación fue compartida por el emecista Néstor Camarillo.
La senadora priista Carolina Viggiano también cuestionó que se otorgue esa facultad a Hacienda, al considerar que el país todavía no cuenta con la infraestructura necesaria para implementar la medida de manera generalizada.
“No puede ser que le demos esta facultad a Hacienda”, expresó Viggiano, quien además criticó la actuación de la dependencia y sostuvo que su principal interés es recaudar dinero.
Su compañera de bancada, Claudia Anaya, afirmó que la nueva legislación entra en contradicción con la Ley Monetaria y señaló que no se establece de manera concreta el periodo de transición para adoptar exclusivamente los pagos digitales en los sectores que determine la autoridad.
¿Cuándo podrían dejar de aceptar efectivo algunos sectores?
El régimen transitorio establece una serie de plazos para poner en marcha las disposiciones de la nueva ley:
- Primer plazo: una vez que entre en vigor el decreto, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores estratégicos y actividades en los que podrá establecerse la exclusividad de los pagos digitales.
- Segundo plazo: las autoridades competentes dispondrán de otros 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones correspondientes y establecer los mecanismos de transición.
La legislación también contempla excepciones. Si una contingencia técnica o un problema de conectividad impide recibir pagos electrónicos, podrá permitirse temporalmente el uso de efectivo o cheques.
Además, la propuesta vincula los pagos digitales con herramientas de gobierno electrónico, como la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
De acuerdo con el dictamen, esta integración busca reducir los tiempos, desplazamientos y trámites burocráticos que enfrentan las empresas.
Aunque la reforma pretende extender el uso de medios electrónicos, su aplicación dependerá de las determinaciones que emita Hacienda y de los mecanismos de transición que establezcan las autoridades competentes.
