Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que amplía la definición del delito de abuso sexual y establece que el silencio o la falta de resistencia de la víctima no pueden interpretarse como consentimiento. No obstante, el pleno avaló reducir las penas de prisión, bajo el argumento de que las agravantes permitirán compensar la disminución.
En una sesión de casi tres horas, la minuta —aprobada previamente por el Senado— fue avalada por 431 votos a favor, con respaldo de todos los grupos parlamentarios.
Nueva definición y consentimiento explícito
Al fundamentar la enmienda, que modifica los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, los diputados de Morena Julio César Moreno y Julieta Vences explicaron que el abuso sexual comprenderá:
“Cualquier acto sexual realizado sin consentimiento: tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.
#ÚLTIMAHORA | Las y los diputados aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de abuso sexual. pic.twitter.com/boDIiqZjbf
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 18, 2026
Indicaron que con una definición más precisa se evitan “vacíos legales que históricamente han favorecido la impunidad”.
La reforma establece que el consentimiento debe ser libre, voluntario y plenamente válido, y que no existe cuando la voluntad ha sido anulada mediante violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, abuso de autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad.
“Con esta reforma, el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento”, subrayaron.
También se determinó que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio, es decir, ya no dependerá exclusivamente de la denuncia de la víctima.
“El miedo nos intimida, nos hace callar, pero desde aquí damos herramientas para que nunca más la voz de las mujeres vuelva a ser silenciada”, señalaron.
Reducción de penas y debate político
La reforma reduce la pena de prisión vigente de seis a diez años a un rango de tres a siete años. Este punto fue cuestionado por legisladoras y legisladores del Partido del Trabajo, quienes anunciaron que presentarán una iniciativa para aumentar la sanción, aunque decidieron no introducir reservas para evitar que el dictamen regresara al Senado.
El argumento para la reducción fue evitar el “populismo punitivo”, al considerar que las agravantes permitirán elevar las penas en casos específicos. En este sentido, Margarita Zavala (PAN) coincidió en que “poner agravantes claras” puede compensar el cambio.
Entre las agravantes se incluyen el abuso de poder, el uso de drogas, alcohol o medicamentos para anular la voluntad de la víctima, así como que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto.
Además, se obliga a los responsables a reparar integralmente el daño, a tomar cursos con perspectiva de género y a cumplir medidas para evitar la repetición del delito.
Advertencia: sin presupuesto, la reforma no basta
Durante el debate, legisladoras de oposición advirtieron que sin recursos suficientes la reforma podría quedarse en el papel.
“No podemos seguir legislando sin presupuesto mientras faltan ministerios públicos, peritajes oportunos, refugios, asesoría jurídica y atención psicológica real”, afirmó la priísta Ariana Rejón.
En el mismo sentido, la panista Ana María Balderas señaló que se requieren ministerios públicos capacitados y con perspectiva de género.
“Sin fortalecimiento institucional, cualquier reforma corre el riesgo de quedar en el papel. México vive una pandemia de violencia sexual”, dijo.
Desde el PT, Marycarmen Bernal y Lilia Aguilar reconocieron que la reforma representa un avance, pero criticaron la reducción de penas y la posibilidad de que agresores accedan a beneficios de preliberación.
“Reconocemos el avance, pero creo que quedamos debiendo”, admitió Aguilar, quien confirmó que su bancada presentará una iniciativa para corregir este aspecto.
