Estados Unidos gastó al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países distintos de los suyos, como parte de una estrategia ampliada durante el último año para acelerar las expulsiones, en línea con los objetivos del presidente Donald Trump, reveló un informe elaborado por legisladores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El documento identificó pagos de entre 4.7 y 7.5 millones de dólares a países como Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos, para recibir a personas deportadas. Los senadores calificaron esta práctica como:
“Costosa, derrochadora y con escasa supervisión”.
Además, solicitaron un “serio escrutinio de una política que ahora opera en gran medida en la oscuridad”, y que en algunos casos ha representado más de un millón de dólares por persona deportada, según información citada por Reuters.
Deportaciones con costos extraordinarios
Entre los ejemplos documentados, se menciona el caso de un ciudadano jamaicano enviado a Esuatini con un costo superior a 181 mil dólares, pese a que un tribunal de Estados Unidos había ordenado su regreso a Jamaica. Semanas después, el gobierno estadunidense costeó un nuevo vuelo para devolverlo a su país de origen, cuyo gobierno nunca se opuso a recibirlo.
En otro caso, un juez federal ordenó a la administración Trump facilitar el retorno de una estudiante universitaria deportada indebidamente a Honduras, en incumplimiento de una orden judicial. No obstante, el gobierno se negó a repatriarla.
Se trata de Any Lucía López Belloza, de 19 años, estudiante de Babson College, quien fue detenida en un aeropuerto cuando viajaba a Texas para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia.
Condiciones “vergonzosas” en centros del ICE
El congresista Jamie Raskin calificó como “una vergüenza” las condiciones observadas tras una visita sorpresa a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Baltimore:
“Kristi Noem tiene un presupuesto de 75 mil millones de dólares que podría usar para garantizar condiciones humanas, pero vimos a 60 hombres hacinados en una habitación, hombro con hombro, las 24 horas del día, con un solo inodoro y sin duchas. Duermen como sardinas con mantas de papel de aluminio”.
Por su parte, ProPublica documentó testimonios en el centro de detención para familias migrantes en Dilley, donde niñas y niños relataron angustia, miedo e incertidumbre tras ser separados de su vida en Estados Unidos.
Madres detenidas denunciaron que sus hijos perdieron el apetito al encontrar gusanos y moho en la comida, padecen insomnio por dormir en literas metálicas y se enferman constantemente. Aunque las normas establecen una permanencia máxima de 21 días, muchas familias llevan meses recluidas.
Investigación por uso de la fuerza
En tanto, el jefe interino del ICE, Todd Lyons, reconoció que dos agentes habrían hecho “declaraciones falsas” al afirmar que dispararon en defensa propia contra el migrante Julio César Sosa-Selis, en Minnesota.
La justicia estadunidense desestimó los cargos contra Sosa-Selis y Alfredo Aljorna, mientras que los agentes involucrados podrían enfrentar cargos federales por sus acciones.
