La empresa estadounidense Vulcan Materials aseguró a sus inversionistas que conserva la propiedad de los terrenos que posee en Quintana Roo, pese al fallo parcial emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dentro del arbitraje que mantiene contra el Gobierno de México desde 2018.
Durante una llamada con analistas e inversionistas, el director general de la compañía, Ronnie Pruitt, afirmó que los predios y el puerto continúan siendo activos estratégicos para la empresa.
"Recuerden, todavía tenemos la tierra, y todavía tenemos la tierra alrededor del puerto, que son dos cosas muy valiosas en México", señaló.
Destacan continuidad de operaciones
Pruitt explicó que, tras la clausura legal de las operaciones de Calizas Industriales del Carmen (Calica) en 2022, Vulcan logró mantener el suministro de materiales a sus clientes del sureste de Estados Unidos mediante otras fuentes de abastecimiento.
"Hemos continuado supliendo a los mercados norteamericanos y realmente hemos mantenido a nuestros clientes en un mercado muy dinámico. Y diría que, en general, hemos crecido más del 50 por ciento en los últimos cuatro años", afirmó.
Empresa destaca conclusiones del arbitraje
En su intervención, el directivo explicó que el tribunal arbitral concluyó que diversas acciones del Gobierno mexicano fueron arbitrarias y contrarias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
"Los tres miembros del tribunal descubrieron que las acciones de México fueron arbitrarias, gravemente injustas y desiguales. Los tres miembros del tribunal también descubrieron que numerosas acciones tomadas por México claramente violaron el TLCAN", dijo Pruitt.
No obstante, precisó que la mayoría del tribunal únicamente otorgó a la empresa daños inmateriales, decisión con la que uno de los tres árbitros manifestó su desacuerdo.
Decreto ambiental mantiene restricciones
En septiembre de 2024, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó un Área Natural Protegida de 53 mil 227 hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel.
De esa superficie, 2 mil 387 hectáreas pertenecen a la filial de Vulcan. El decreto prohíbe la extracción de piedra caliza en la zona, aunque no transfiere la propiedad de los terrenos al Estado.
Gobierno y empresa mantienen posturas distintas
Las autoridades mexicanas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han sostenido que los terrenos continúan siendo propiedad de la empresa y que la medida únicamente impide nuevas actividades extractivas.
Por su parte, Vulcan Materials ha insistido en que el decreto representa una expropiación, motivo por el cual anunció que continuará impugnándolo por la vía legal.
