A menos de 48 horas de que venza el plazo para que la administración de Donald Trump imponga aranceles recíprocos a varios países, incluido México, el gobierno de Claudia Sheinbaum destacó la importancia de mantener activo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual no establece tarifas entre los países socios. En una conversación telefónica de alto nivel, la administración mexicana subrayó la necesidad de iniciar una revisión del acuerdo.

Hoy en la @SRE_mx, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada de trabajo con el secretario de @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), en seguimiento a las reuniones y enlaces telefónicos previamente realizados entre México y Estados Unidos.

En la llamada, acordaron…

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 1, 2025

La llamada se dio entre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante la conversación, De la Fuente enfatizó que el T-MEC ha traído beneficios tanto a México como a Estados Unidos y Canadá, por lo que debe seguir vigente y ser revisado pronto.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, indicó que Rubio discutió con su homólogo mexicano las medidas para proteger la industria automotriz de Estados Unidos. Además, ambos funcionarios abordaron temas de seguridad fronteriza, el combate a la migración irregular, el tráfico ilícito de armas y la lucha contra las drogas, especialmente el fentanilo, que ha generado una grave crisis de sobredosis en Estados Unidos.

Ambos países acordaron coordinar esfuerzos en la lucha contra los cárteles de drogas, el control de armas de fuego y la reducción de la inmigración ilegal. Rubio también celebró la cooperación de México en la extradición de criminales y la reducción de los flujos migratorios irregulares.

La conversación culminó con un acuerdo para agendar una próxima visita de Rubio a México, con el objetivo de continuar las negociaciones bilaterales.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, afirmó que el máximo tribunal del país se vio obligado a “claudicar” ante la reforma judicial y otras modificaciones legales aprobadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas, destacó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el fin de evitar una crisis institucional y mayores conflictos entre los poderes del Estado.

Durante la ceremonia por el bicentenario de la SCJN, Piña reconoció que la historia del tribunal ha estado marcada por tensiones inevitables con otros poderes, como ocurrió en casos históricos, desde los amparos de los hermanos Flores Magón hasta decisiones recientes sobre la militarización de la seguridad pública. Subrayó que estas tensiones han derivado en crisis institucionales en distintas épocas, lo que ha moldeado el papel de la Corte en el país.

“Si toda Corte Suprema tiene como mandato defender la Constitución, cumplir esta encomienda implicará, tarde o temprano, incomodar a los poderes públicos, fácticos o económicos”.

Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de #LaCorte pic.twitter.com/WbhblbvhLj

— Suprema Corte (@SCJN) April 1, 2025

La ministra presidenta también criticó el proceso de selección de jueces y magistrados, al señalar que no siempre se basa en los más altos estándares éticos. Advirtió que algunos servidores públicos ven sus cargos como una patente para incumplir las reglas y cometer abusos, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.

En el marco del aniversario, Piña Hernández anunció la apertura de un micrositio en la página oficial de la SCJN, donde cualquier persona podrá consultar la evolución histórica de la justicia en México. Además, develó una placa conmemorativa en la sede del tribunal, en reconocimiento a quienes han integrado la Corte y han contribuido a la defensa de la Constitución.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reconoció que la construcción del Tren Maya ha generado afectaciones en la Península de Yucatán y que se requiere una restauración integral en los tramos 1 al 7 del proyecto. Entre las medidas necesarias, mencionó la eliminación de mallas que bloquean el paso de fauna, la prohibición de caminos secundarios en la selva y la protección del sistema de cavernas y cenotes.

Durante una reunión con medios de comunicación, Bárcena subrayó la importancia de que el plan de reforestación sea liderado por las comunidades locales, como los productores de árbol de chicle, evitando la participación de grandes consorcios involucrados en la obra. “Son empresas que vienen, plantan un árbol y se les muere al día siguiente”, señaló.

Tuvimos un fructífero diálogo entre titulares del sector ambiental y periodistas de diferentes medios sobre la Política Ecológica y Ambiental Humanista de la presidenta @Claudiashein. ¡Gracias por su interés! Su labor es esencial para informar las acciones que impulsamos.
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— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 1, 2025

Por su parte, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles, explicó que las acciones de restauración abarcarán la mejora de los pasos de fauna, la eliminación de mallas y la suspensión de caminos secundarios en desarrollo. También indicó que se estudia la posibilidad de establecer un decreto para proteger la zona bajo una figura similar a la de Reserva de la Biósfera.

Sin mencionar directamente a ninguna empresa o entidad, Robles aseguró que los responsables de los daños deberán asumir los costos de reparación. En este sentido, recordó que los tramos 1 al 4 del Tren Maya fueron gestionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), mientras que los tramos 5 al 7 están a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional, a través de la empresa Tren Maya S.A. de C.V.

Sergio Graf Montero, director de la Comisión Nacional Forestal, añadió que, además de la compensación ambiental por la obra, se contempla la reforestación en zonas de manglares degradados en la península. “Buscamos una restauración que también beneficie a las comunidades propietarias de los terrenos”, concluyó.