Washington.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho pocos avances para atender los desafíos en materia de derechos humanos en México desde que asumió el cargo en 2018, señaló la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual The World Report.
Las instituciones de procuración e impartición de justicia, dice el informe, rara vez garantizan la rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones a los derechos humanos.
“Alrededor del 90 por ciento de los delitos nunca se denuncian. Un tercio de los delitos denunciados no son investigados por las autoridades. Poco menos del 16 por ciento de las investigaciones se resuelven, ya sea en tribunales, a través de la mediación o mediante algún tipo de acuerdo reparatorio”, expuso la organización.
“Esto significa que las autoridades resolvieron poco más del 1 por ciento de todos los delitos cometidos en 2022”.
México, dice el informe, ha fallado en atender los casos de abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, al tiempo que prevalecen la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales.
“Miles de personas desaparecen cada año en México. Las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscar a personas desaparecidas”, criticó la organización.
La falta de capacidad forense, dice HRW, contribuye a que se produzcan desapariciones e impide su resolución.
“Las autoridades no lograron identificar unos 10 mil restos humanos en 2021, lo que representa aproximadamente 12 por ciento de los restos humanos procesados por las morgues ese año”, subrayó.
“La mayoría de los restos no identificados fueron almacenados o enterrados en fosas comunes municipales. Muchas otras personas desaparecidas probablemente fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes clandestinas por grupos criminales, soldados o policías”.
En cuanto a la situación de los migrantes, la organización expuso que los centros de detención migratoria están hacinados, en condiciones insalubres y son peligrosos.
Asimismo, recordó que pese a que en mayo de 2022, la Suprema Corte declaró que los puntos de revisión y control migratorio operados por soldados y agentes migratorios eran inconstitucionales, estos siguen en funcionamiento.
“Desde 2019, México permite que Estados Unidos expulse a ciertos migrantes y solicitantes de asilo no mexicanos a México. De manera habitual, sufren graves abusos, como agresiones sexuales, robos a mano armada, secuestros y extorsiones”, añadió.
En cuanto a periodistas y defensores de derechos humanos, la organización recordó que México es uno de los países más peligrosos para que estos puedan ejercer su labor, y que al menos ocho periodistas y dos defensores de derechos humanos fueron asesinados mientras se encontraban bajo la protección del programa del Gobierno federal que asigna escoltas y brinda dispositivos de pánico.
“El programa carece de personal y de fondos suficientes y tiene dificultades para coordinar con funcionarios estatales y locales”, criticó HRW.
La organización también expresó su preocupación por que el papel de las Fuerzas Armadas en distintas funciones gubernamentales entorpezca aún más el acceso a la información pública.
“El Presidente López Obrador ha transferido cientos de funciones gubernamentales a las Fuerzas Armadas. Esto limita el acceso a información pública, pues con frecuencia los militares se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia”, advirtió.
“Las Fuerzas Armadas han obstruido la investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado”.
HRW señaló también que la detención arbitraria sigue siendo una práctica frecuente en México, pese a las preocupaciones expresadas por actores como la ONU.
“Las fuerzas de seguridad pública están legalmente obligadas a registrar las detenciones que realizan en el Registro Nacional de Detenciones, creado en 2019. Sin embargo, tanto el Ejército como la Marina siguen deteniendo a civiles sin informar de estas detenciones en el registro”, condenó.