El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para establecer nuevos requisitos para ocupar cualquier cargo de elección popular, mediante los cuales se excluyen a violentadores y deudores alimentarios.
En tribuna, la diputada por Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, presentó el dictamen para modificar el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de inelegibilidad para quien haya sido sentenciado por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género; o haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación.
La legisladora destacó que con esta reforma se homologa el marco legal local con la recién aprobada reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia.
“Esta comisión presenta para su aprobación el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones por el cual se reforma la artículo 18 del código de instituciones y procedimientos electorales de la ciudad de México, a fin de determinar nuevos requisitos para ocupar cualquier cargo de elección popular, excluyendo con ello a las personas que hayan sido sancionadas por violencia de género, violencia familiar, incluyendo ser deudor alimenticio, violencia sexual y haber cometido actos de discriminación”, expresó.
Al razonar su voto, la diputada por el PRD, Gabriela Quiroga Anguiano sostuvo que se avanza y no se dará un paso atrás
en la protección de los derechos de las mujeres, en particular con la Ley 3 de 3 contra la violencia.
“Quiero decir que las reglas ahora están cambiando, que damos paso de esta manera a la feminismocracia en donde estamos las mujeres al frente, los derechos al centro y en eso nos vamos a dar un paso atrás. Y quiero reconocer también que este es el esfuerzo y la voluntad política de las diferentes fuerzas representadas en este congreso para que el día de hoy nosotras, nosotros estemos garantizando que quien viole, quien agreda, quien deba pensión alimentaria nunca tenga el privilegio de estar en una boleta electoral como candidato”, puntualizó.
La reforma propuesta por las diputadas por Morena, Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio, busca “inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres”.
En lo general y los artículos no reservados, el dictamen se aprobó por unanimidad, con 50 votos a favor; mientras que con las reservas a los artículos 18, primero y segundo transitorio y al resolutivo único, propuestas por la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz (MORENA), se aprobó también en forma unánime, con 46 votos a favor.