Hace una semana, se dio a conocer el veredicto en el juicio en contra de Genaro García Luna, que se llevó a cabo en Estados Unidos; ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la forma en que el ex secretario de Seguridad Pública, presuntamente ‘tejió una red de corrupción’.
Cabe recordar que en dicho país, se declaró culpable al ex funcionario federal, durante la administración de Felipe Calderón, de los cinco delitos que se le imputaron, de los cuales, cuatro están relacionados con el narcotráfico, mientras que uno más, sobre mentir a las autoridades estadunidenses.
Sin embargo, la UIF emitió un comunicado este miércoles en el que explicó cómo se benefició el también llamado “Súper policía”, mientras ejercía como titular de la entonces SSP, así como tiempo después.
Genaro García Luna ‘tejió red de corrupción’, según la UIF
El organismo federal expuso que el ex secretario habría realizado diversos actos de corrupción y lavado de dinero, con el objetivo de beneficiarse, y también sus socios cercanos.
De acuerdo con el comunicado, un conglomerado empresarial familiar, que opera en diferentes país, obtuvo al menos 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México.
A partir de ellos, se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, según la UIF, que dijo, “sigue el examen de otras operaciones”.
Luego de que el organismo que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificara la red de corrupción, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a los posibles involucrados y los denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), el 24 de diciembre del 2019.
“El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano”.
Finalmente, la UIF destacó que este proceso es independiente al que Genaro García Luna enfrentó en EU, pero el Gobierno de México espera “que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas”.