Víctimas de la Línea 12 y Línea 3 Metro obtuvieron una suspensión definitiva del Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, para el efecto de obligar a autoridades del gobierno de la Ciudad de México y Sistema de Transporte Colectivo a que genere las condiciones para que no vuelva a ocurrir una muerte más por falta de mantenimiento o supervisión adecuada en las 12 líneas.

El jurista Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de las víctimas, dio otro paso decisivo en favor de las personas que utilizan este medio de transporte, a fin de que existan las garantías suficientes y evitar nuevas tragedias.

“El Juez de amparo resuelve a favor de las personas para que no se cometa un nuevo episodio que enlute a las familias de esta ciudad, pues queda claro que las condiciones en que opera son deficientes por falta de mantenimiento y supervisión, la resolución del poder judicial federal evita que las víctimas queden al olvido y sin justicia”, expuso Benítez Granados.

El juez federal Ulises Oswaldo Rivera González, estableció: “se resuelve, no sobre una afirmación categórica de que las autoridades responsables estén omitiendo cumplir con tales deberes, sino sobre una presunción de que podrían estarlo haciendo en forma deficiente y que ello podría llegar a ser una de las causas generadoras o contribuyentes para la ocasión de accidentes o la prestación de un servicio deficiente”.

Agregó que la exposición de motivos de la defensa de las víctimas permite establecer la necesidad de prevenir hechos que impliquen daños en la integridad de las personas usuarias del Metro.

“La medida cautelar implica que sigan llevando a cabo las acciones que hayan estado llevando a cabo con tal finalidad, así como para que emprendan aquellas en las que hubieran existido eventuales omisiones o deficiencias; todo lo cual no afecta en forma alguna el orden público o el interés social, sino que, por el contrario, tiene por objeto evitar en la sociedad daños que de otra manera no resentirían, como lo dispone la Ley de Amparo para evaluar la procedencia de la medida cautelar”.