Miles de personas en varios municipios de Zacatecas han tenido que desplazarse de manera forzada a causa de la violencia causada por las disputas entre grupos del crimen organizado, esto ha propiciado que al menos 6 mil hectárea de cultivo de durazno quedaran abandonadas causando una pérdida de 900 millones de pesos.
De acuerdo al boletín sobre la Situación del Desplazamiento Forzado Interno en México, correspondiente al mes de marzo y emitido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), desde mediados del 2021 la violencia que se ha recrudecido en Zacatecas ha obligado a las familias a dejar sus viviendas, bienes y tierras de cultivo para salvar sus vidas.
El pasado mes de marzo un grupo de desplazados viajó a la Ciudad de México en busca de ser recibidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien los ignoró, por ello acudieron a la Cámara de Diputados a exigir juicio político en contra del gobernador de aquella entidad David Monreal. A pesar de que los gobiernos Federal y estatal diseñaron el “Plan de recuperación Jerez y sus comunidades”, que incluida elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal, algunos habitantes sólo han podido regresar escoltados para recuperar las pocas cosas que quedaron tras su salida.
En marzo de 2022 hubo al menos tres eventos de desplazamiento interno causado por violencia en tres estados de la República: Chiapas, Guerrero y Zacatecas. Tanto en Guerrero como en Zacatecas se trataron de desplazamientos de personas que ya se habían visto obligadas a desplazarse anteriormente.
En Guerrero, diez días después de haber retornado a la comunidad de Zihuaquio, en el municipio de Coyuca de Catalán, unas 203 personas tuvieron que abandonar de nueva cuenta la comunidad debido a amenazas del crimen organizado. Las personas desplazadas regresaron a Vallecitos de Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento en enero de 2020.