Una Juez Federal rechazó suspender el rediseño e impresión de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2021-2022, que impulsa el Gobierno Federal y ha sido impugnado por al menos dos asociaciones civiles.
Dinorah Hernández Jiménez, Juez Novena de Distrito en Materia Administrativa, admitió hoy a trámite un amparo presentado por Suma por la Educación AC, pero se negó a conceder una suspensión para detener el proceso, iniciado en marzo por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, SEP.
Las asociaciones, “Suma por la Educación” y la “Unión Nacional de Padres de Familia”, UNPF, presentaron cuatro amparos contra la SEP por este tema, pero este es el primero que es admitido a trámite.
Creada en 1917, la UNPF, de tendencia católica y conservadora, defiende el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos, de acuerdo con sus creencias. Suma por la Educación, en tanto, es presidida por Francisco Landero, ex Diputado Federal panista.
“La impresión de libros de texto gratuitos de educación primaria y secundaria con contenidos religiosos, políticos e ideológicos que vulneran los principios a una educación universal, inclusiva y laica. La orden de mantener bajo un régimen inconstitucional de reserva y/o confidencialidad el proceso de actualización de contenidos de los libros de texto”, son algunos de los actos reclamados por las asociaciones.
Además, advirtieron que la inclusión de este tipo de contenidos puede “materializar fanatismos y prejuicios”, lo que prohíbe el artículo Tercero de la Constitución, y pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que se vigile que se promuevan los derechos educativos y culturales derivados de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA.
También se alega que el proceso es ejecutado por la SEP sin participación alguna de las asociaciones de padres de familia.
Si bien la jueza Hernández reconoció el interés legítimo de Suma por la Educación para presentar el amparo, consideró que por ahora no hay evidencia suficiente de que se busca incluir contenidos religiosos, políticos o ideológicos en los nuevos libros de texto.
Hernández resolverá el 14 de mayo sobre la suspensión definitiva, para lo cual ya contará con informes que deberá rendir la SEP sobre el proceso de rediseño de los libros.