Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso reformas al Código Penal Federal para castigar hasta con 21 años de prisión a quien cometa los delitos de contratación indebida, recibo indebido de remuneraciones, beneficio económico derivado del ejercicio abusivo de funciones y peculado.
Las modificaciones a los artículos 214, 215, 216, 217 y 217 Bis establecen que en el caso del peculado cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda el equivalente de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 4 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa.
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta una mitad más de la pena. Por la comisión de estos delitos se prevé también una multa de 448,100 pesos, equivalentes a 5 mil veces el valor de la UMA.
En la exposición de motivos de su iniciativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recuerda que “erradicar la corrupción es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales la Cuarta Transformación sienta sus bases”.
Destaca que este lastre heredado por los anteriores gobiernos neoliberales ha situado a México como uno de los países más corruptos del mundo. Señala que México se ubicó en 2020 en el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en esta materia.
Según el Latibarómetro, organización no gubernamental dedicada a realizar encuestas en América Latina, en su publicación de 2018, ubicó a la corrupción como el segundo problema más importante para la población de México, únicamente por debajo de la delincuencia.
De acuerdo con World Values Survey, en una escala de 1 a 10, siendo 10 la clasificación máxima de percepción de corrupción, para 2018 el 83 por ciento de la población consideró que había mucha.
Esta misma encuesta reflejó que aproximadamente el 80 por ciento de la población consideró que la mayoría de las autoridades están involucradas en hechos de corrupción.
Datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019, arrojó que 15 por ciento de la población en México experimentó algún hecho de corrupción.
Ricardo Monreal hace referencia que empresas como Odebrecht, Fertinal y Altos Hornos de México, fueron utilizadas para desviar recursos del gobierno y, en general, concretar hechos de corrupción.
Resalta que México no puede ser omiso ante estos actos, hechos y efectos de la corrupción que desplazan el interés público por un beneficio privado y que debilitan a las instituciones de control tanto administrativas como judiciales.
Además de que deterioran gravemente la institucionalidad democrática del país, el Estado de derecho y dificultan el acceso y goce a los derechos humanos.
Refiere que el Poder Legislativo debe de dotar a las instituciones con normas más rígidas y severas, en las cuales se castiguen estos actos que son perjudiciales en la sociedad en su conjunto y para las personas en lo individual, con el fin de erradicarla para garantizar el ejercicio y ejecución de los derechos humanos.