Las manifestaciones de apoyo al rapero español, Pablo Hasél, quien cumple una pena de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, derivaron este miércoles 17 de febrero, en violentos disturbios y cargas policiales en el centro de Madrid y en Barcelona.

Hasel ingresó a prisión este martes 17 de febrero, tras ser detenido por la Policía en el rectorado de la Universidad de Lérida en Cataluña.

Esa situación provocó algunos actos violentos en varias ciudades catalanas, que hoy se replicaron en Barcelona y en la capital española, donde los manifestantes fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.

Bajo pancartas en las que podía leerse “Libertad Pablo Hasál. Amnistía total” o “Pablo Hasél libertad, fuera la justicia franquista“, centenares de personas se aglutinaron en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, que fue blindada con un fuerte dispositivo policial.

Pese a ello, grupos de manifestantes arrojaron y quemaron mobiliario urbano, botellas de cristal y otros objetos a los miembros de la Policía que implementó pelotas de goma y gases lacrimógenos contra los protestantes.

Hasél fue condenado a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de casi 30 mil euros (730 mil 539 pesos) de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona, así como, las instituciones del Estado español.

Casos como éste generan un amplio debate en España sobre los límites a la libertad de expresión; el Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, anunció que estudia una reforma legal para restringir que excesos verbales sean considerados delito en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales.

Su socio en el Ejecutivo, la formación de izquierda Unidos Podemos, pidió el indulto para el rapero, que recibió apoyo de ámbitos como el intelectual, cultural, artístico y periodístico, con manifiestos firmados, entre otros, por el conocido cineasta Pedro Almodóvar o el cantante catalán Joan Manuel Serrat, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) consideraron injusto y desproporcionado el encarcelamiento.