Rebeca Hernández asoma la cabeza entre las rejas de la tienda de su familia, La Escondida. Ya pasados los 40 años, rotunda y con vestido azul, recuerda cómo hace más de un año inundó a su pueblo un olor nauseabundo. Al principio pensaban que era un animal muerto, pero luego vieron que el origen era el pozo petrolero Pankiwi-1EXP, situado a escasos 400 metros al este de su comunidad, La Plancha, donde colindan Puebla y Veracruz, y que para empresas de hidrocarburos es la cuenca petrolera Tampico-Misantla.
Emanaba un olor que les daba dolor de cabeza, sueño, sequedad de garganta y ojos, y que duró más de 20 días hasta que llegó personal de Pemex a ver qué diablos estaba pasando en ese pozo que hizo enfermar a su suegra y a su madre. Todo comenzó en marzo de 2019, después de que vieron bajar pipas de agua al lugar, además de otros camiones con “sabe Dios qué traían”, después de que los obreros que trabajaban en el sitio y acudían a su tienda relataron que le estaban inyectando agua. La misma zona que en agosto de 2018, tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, fue autorizada para ser perforada usando fracking.
Esa práctica sobre la que el presidente López Obrador dijo claro y alto durante su toma de protesta: “No se permitirá el fracking”. Reiteró en el número 75 de sus 100 compromisos: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”, pero que en los hechos, no se ha prohibido.
Aunque existen ocho propuestas legislativas completamente congeladas en el Congreso, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos se han seguido aprobando planes de exploración, campos y pozos que requieren sí o sí de fracking y, según una decena de pobladores, ejidatarios y antiguos operarios de empresas que hacían fracturas hidráulicas con los que EL UNIVERSAL habló en diversos municipios de la Cuenca Tampico-Misantla, continúa siendo una práctica común.
El fracking es un grupo de técnicas de extracción de hidrocarburos. Sirve para sacar contenidos en rocas con una permeabilidad casi nula, las llamadas rocas no convencionales, o para estimular la producción en pozos convencionales en los que ha dejado de brotar crudo. EL UNIVERSAL y la Alianza Mexicana contra el Fracking documentaron el pasado mayo que a lo largo de 2019 se aprobaron siete planes para “incorporar recursos de aceites y gas en extensiones productivas no convencionales”.
En lo que va de la 64 Legislatura, de septiembre de 2018 a marzo de 2020, han sido presentadas ocho iniciativas diferentes, cinco en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) llevan dos iniciativas, mientras Movimiento Ciudadano (MC) y Morena —partido que controla el Congreso— han presentado una cada uno, pero todas comparten el mismo destino, esperan dictamen en comisiones: la congeladora.
Mientras, en la cuenca de Tampico-Misantla, Alberto, que pide ocultar su nombre por miedo a represalias, dice que no puede contar el número de veces que ha fracturado un pozo convencional: “Trabajé entre 2007 y 2014 en una compañía canadiense haciendo fracturas convencionales en pozos que los de Pemex llaman muertos o tapados, puede que 500 o 600 fracturas al año”, explica, y agrega: “Nos encargábamos de destaparlos con una combinación de agua, arena química, sal, ácidos…”.
Una cuadrilla de 15 operarios llegaba a esos pozos con tres pipas grandes de agua y un contenedor de ácido y arena química. Primero, durante una hora y media, tiraban tuberías de hierro de cuatro pulgadas al pozo para introducir el agua y los químicos a presión. Debían llegar a una profundidad mínima de mil 800 metros y alejaban los tráilers y maquinaria de bombeo por lo menos 200 metros de la boca del pozo, por seguridad.
Tras una minifractura de cinco minutos para ver que todo estuviera en orden, comenzaba una hora de bombeo de agua y químicos: “Cuando empezaba, la tierra temblaba un poco”, recuerda.
Luego, otra hora y media para recoger, y a otro pozo. La empresa premiaba cada mes al capataz que más fracturas lograba.
“Nos pagaban buen salario porque era muy riesgoso, ya que si se rompía algo, al ser alta presión, explotábamos. A veces se nos caía ácido, a veces teníamos derrames o el pozo comenzaba a escupir chapopote o ácidos… y aunque viniera un equipo a limpiar, siempre quedaba algo. Estábamos destruyendo nuestras tierras”, se lamenta ahora.
“Yo sé que lo siguen haciendo en la región porque tengo compañeros que me han invitado a trabajar, me dicen que ha vuelto la fractura a esta zona de Veracruz, cada mes me hablan”, asegura. Alberto ahora tiene un cargo en su comunidad y es enlace del programa Sembrando Vida.
Los antiguos compañeros de Alberto no podrían estar fracturando pozos si se hubiera votado y aprobado la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica que Antares Vázquez y Martí Batres, senadores de Morena y con mayoría en el Congreso, presentaron en julio de 2019. Desde entonces espera dictamen en las comisiones de Energía y Medio Ambiente.
“La prohibición del fracking es parte del proyecto alternativo de nación desde hace dos décadas, ha sido una promesa de campaña y por congruencia presentamos la iniciativa”, explica la senadora Vázquez antes de enumerar diversos daños ecológicos a grandes volúmenes de agua, suelo y mantos freáticos que científicos y activistas asocian a esta técnica.
La voz cantante la lleva la Comisión de Energía, que está presidida por uno de sus compañeros de partido, Armando Guadiana, conocido empresario coahuilense de un sector “tan amigable” con el medio ambiente como es el carbonífero y al que gusta lucir sombrero vaquero y bigotón. “Mi iniciativa está en la congeladora”, reconoce Vázquez Alatorre.
“¿Puede tener que ver con quién es presidente de la Comisión de Energía?”, se le pregunta. “Pues yo creo que sí. Él se ha manifestado abiertamente a favor del fracking y no quiere sacarla a dictaminar. Él debería responder el motivo. Cuando le planteo mis dudas, dice que no es malo el fracking. Merezco que se dictamine mi iniciativa, se diga a favor o en contra y los motivos. Que la votemos y quede abolido de una vez por todas. Hemos prometido esto hace mucho”, dice.
Se solicitó respuesta al senador Guadiana, pero al cierre de edición no lo había hecho.
El diputado Lenin Pérez, de Coahuila y que ha presentado dos iniciativas en vinculación con el PAN, tiene otra explicación: “Parece que hay un doble discurso, por un lado, la posición pública del Presidente; por otro, parece que hay una línea tirada desde el Ejecutivo para que no avance ni se manifieste en ley, y mientras se sigue avanzando en exploración y reservas no convencionales”, y ejemplifica: “Mira cómo se comporta la Cámara con todo lo que le interesa al Ejecutivo, que no se le mueve ni una coma y va en fast-track”.