La Cámara de Diputados, reunida en Pleno y en sesión presencial, aprobó reformas para impedir el castigo físico y corporal contra menores de edad, así como para prevenir conductas por parte de adultos a cargo de los infantes, que puedan atentar contra su integridad física o sicológica. Al avalar su propia ley “antichancla”, similar a la que avanzó en meses pasados en el Senado de la República, los diputados federales determinaron que se considerará violencia sicológica las agresiones verbales, amenazas, intimidación, denigración, ridiculización, culpa, humillación o manipulación para controlar a menores de edad.

El proyecto que avanzó con votación de 443 a favor y una abstención, será turnado al Senado de la República. Las reformas al Código Civil Federal, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señalan que se prohibirá el castigo corporal contra esa población, al igual que actos de fuerza que afecten su integridad física y síquica.

Agregan que quienes ejerzan la patria potestad o tengan a menores de 18 años bajo su custodia, deben observar conductas que den un buen ejemplo a los infantes. La facultad de corregir no justifica el uso de la fuerza física ni la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, dicen.

El castigo corporal para corregir a menores, debe ser catalogado legalmente como violencia física, apuntó una de las diputadas promoventes de la reforma, la panista María de los Ángeles Gutiérrez. Agregó que los principales agresores de menores de edad, son la madre, padre, los maestros en las escuelas, hermanos, hermanas y amigos, es decir, quienes están en sus círculos más cercanos.

La diputada Rosalba Valencia, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, planteó que los castigos corporales o sicológicos contra menores de edad, dañan el desarrollo del agredido, promueven la cultura de la violencia desde la infancia, generan acciones contrarias a la dignidad humana, causan inseguridad, adicciones y resentimiento social en los agredidos, todo lo cual se refleja en el grado de violencia que se vive en el país. Recalcó que según la UNICEF, castigo corporal es cualquier acto que implique usar fuerza física para causar dolor o malestar en los infantes, por leve que sea, a través de golpes con la mano o alguna otra parte del cuerpo u objetos.

Al presentar una propuesta de cambio al dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, calificó como inviable las reformas propuestas a la Ley General de Educación, en las que se preveía sancionar a escuelas privadas con el retiro del registro de validez oficial otorgado por la autoridad educativa federal, si profesores o personal incurriesen en actos o tipos de violencia que pongan en riesgo salud, integridad, seguridad y dignidad de los alumnos.

La sanción debe aplicar a los infractores, sin que ello implique cerrar escuelas particulares, argumentó la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Su solicitud fue aceptada. De igual modo, el Pleno de San Lázaro aprobó reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para facultar a la policía de proximidad, mediar en la resolución de conflictos entre ciudadanos, siempre y cuando no estén involucrados delitos.