El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este viernes una inversión de 3.000 millones de libras (3.300 millones de euros) para dotar de más recursos al servicio nacional de salud (NHS), en previsión de una segunda ola de casos de COVID-19, que los científicos estiman que podría ser más grave que la primera.
Según detalló Johnson en una rueda de prensa, la financiación se destinará a mantener abierto, al menos hasta marzo, el hospital de campaña de Nightingale -creado para proveer de más camas al sistema sanitario-; mantener los tratamientos rutinarios de los pacientes y conseguir el objetivo de realizar 500.000 tests diagnósticos diarios en noviembre.
“La demanda de tests no es el único desafío que traerá el invierno. Es posible que el virus sea más virulento en esos meses y es seguro que el NHS enfrentará las presiones anuales que son habituales en invierno”, dijo el primer ministro en el despacho oficial de Downing Street.
Un informe elaborado por varios asesores médicos del Ejecutivo ha alertado que una segunda ola de coronavirus podría costar este invierno 120.000 nuevas muertes, por lo que opinaron que se deben mantener las actuales medidas de distanciamiento social y el teletrabajo.
Las inversiones no son suficientes, dice NHS Providers
La organización NHS Providers, que representa a las diferentes entidades dentro del sistema público de sanidad, afirmó que las inversiones anunciadas hoy no son suficientes para afrontar el “triple de presión” que se espera que soporte el sistema público, que al inicio de la pandemia acusó la falta de equipamientos de protección personal y pruebas diagnósticas.
El subdirector de NHS Providers, Saffron Cordery, pidió “claridad urgente” al Ejecutivo sobre lo que cubrirán estos fondos y precisó que el sistema “necesita más que eso”.
“Se debe recuperar el terreno perdido de los últimos cuatro o cinco meses y adoptar medidas para administrar la actividad adicional que siempre se produce en invierno”, indicó.
Para tratar de frenar el surgimiento de rebrotes, Johnson indicó que, a partir de mañana, las instituciones locales tendrán las competencias que les permitan implantar confinamientos parciales, que impliquen “la obligatoriedad de quedarse en casa, la prohibición de entrar o salir de áreas determinadas, la reducción del aforo de las reuniones o la restricción del servicio de transporte”.
“Será duro para la gente que tenga que seguir estas medidas, pero debemos tomar acciones para controlar rebrotes locales”, destacó el dirigente conservador.
Anunció también que el 1 de agosto se publicarán más detalles para habilitar que las empresas decidan sobre la posibilidad de mantener a sus empleados teletrabajando o permitir su vuelta “segura” al lugar de trabajo.
“Queremos alentar a la gente a volver al trabajo si es seguro y siempre que los empleadores hayan hecho el trabajo que deberían para que sus lugares de trabajo sean seguros frente a la COVID-19, como ya lo han hecho tantas empresas en todo el país”, apuntó.
La finalidad, según precisó el líder tory, es “permitir un retorno a la normalidad” en torno al mes de noviembre, que permita reactivar la dañada economía “a tiempo para la Navidad”.
Todos estos planes están, sin embargo, condicionados a que el número de infecciones no se dispare, ya que en tal escenario se contempla la reintroducción de las restricciones.
Según los últimos datos oficiales, los fallecimientos por COVID-19 en el Reino Unido superan los 45.000 y los contagios sobrepasan los 292.000 desde el inicio de la pandemia, que ha convertido al país en el más afectado de Europa y el tercero del mundo.