La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), documentó medidas que grupos del crimen organizado impusieron con motivo de la pandemia por Covid en al menos cuatro entidades de la República. En el informe “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19” se documenta que de la segunda quincena de abril al 31 de mayo, el Cartel de Sinaloa, en Culiacán y la organización criminal identificada como Grupo Sombra en Veracruz y algunas otras sin identificar en municipios como Iguala y Petatlán, Guerrero o en Los Mochis, Sinaloa, impusieron toques de queda, amenazas a personal médico, aislamiento a comunidades y cobro de impuestos.
Esta Subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, también advirtió un incremento en la violencia y amenazas en contra de defensores de derechos humanos y periodistas en el marco de la pandemia y señaló que en el mismo periodo se ha registrado el asesinato de 5 periodistas y 4 defensores.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), reportó en este mismo informe, la desaparición de mil 260 personas de las cuales 551 fueron ubicadas, el 93% con vida y 7% sin vida.
Los estados y municipios impusieron 428 medidas restrictivas tales como: restricción de la movilidad, obligatoriedad en el uso de cubrebocas, arrestos administrativos o multas y retiro de mercancía a comerciantes, entre otras. Finalmente la Subsecretaría de Derechos Humanos consignó el asesinato de Giovanni López registrado en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, identificado como un abuso de autoridad en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, entre otros hechos.