MILED MEXICO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su confianza en que el conflicto entre los taxis con concesión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las plataformas digitales como Uber y DiDi se resuelva mediante el diálogo entre las partes.

Buscar equilibrio entre concesionarios y plataformas

La mandataria reconoció que los taxis del aeropuerto tienen derechos para operar dentro de la terminal, ya que pagan permisos y concesiones para brindar el servicio.

No obstante, consideró necesario equilibrar esa situación con opciones para los usuarios, por ejemplo mediante espacios alternos cercanos a la terminal donde puedan abordar vehículos de plataformas.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las movilizaciones de taxistas registrados este miércoles en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

La mandataria consideró que los taxistas también deberían ajustar a la baja sus tarifa.

📹 | Gobierno de México #Taxis #México… pic.twitter.com/owI5yI9fhz

— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 12, 2026

Necesidad de acuerdos entre las partes

Sheinbaum subrayó que la solución debe surgir de acuerdos construidos mediante el diálogo, de modo que se respeten los derechos de los concesionarios sin limitar las alternativas de transporte.

También señaló que los taxistas del aeropuerto deben moderar sus tarifas, ya que en muchos casos —no solo en la Ciudad de México— los precios resultan excesivos para los usuarios.

Opciones para los pasajeros

La presidenta explicó que el objetivo es que quienes deseen usar los taxis autorizados puedan hacerlo dentro del aeropuerto, mientras que quienes prefieran servicios por aplicación tengan acceso a un punto cercano donde puedan solicitarlos.

Con ello, dijo, se busca compatibilizar las posturas de ambos sectores y ampliar las opciones de movilidad para los pasajeros que llegan o salen del aeropuerto capitalino.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recuperó uno de sus murales emblemáticos que resultó dañado durante la marcha de la llamada Generación Z en noviembre pasado.

Se trata de “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores”, obra del muralista Rafael Cauduro, cuya restauración fue entregada este miércoles en una ceremonia privada.

La intervención se suma a la reapertura de la puerta principal del edificio del máximo tribunal, una estructura de bronce de más de 3.5 toneladas que también resultó afectada durante esa manifestación.

Restauración con técnicas especializadas

Los trabajos fueron realizados por especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Tarjeta Informativa | Concluyeron los trabajos de restauración del mural “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores”, de Rafael Cauduro, que resultó dañado durante la manifestación del 15 de noviembre del año pasado; también se realizó la entrega oficial de la puerta… pic.twitter.com/rKrC0oudOm

— Suprema Corte (@SCJN) March 12, 2026

De acuerdo con la Corte, la restauración incluyó pruebas con distintos materiales compatibles con los originales, con el objetivo de recuperar, en la medida de lo posible, el acabado original de la obra.

Durante todo el proceso, la Casa Estudio Rafael Cauduro supervisó los trabajos y brindó asesoría técnica para garantizar que la intervención respetara los materiales, texturas y técnicas del artista.

Un símbolo dentro del máximo tribunal

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, destacó la importancia del mural dentro del edificio del tribunal.

“No es lo mismo sin sus murales”, afirmó, al señalar que el inmueble es un espacio vivo que recibe visitantes y refleja el peso de las decisiones judiciales.

Agregó que la obra recuerda a quienes integran el tribunal que trabajan “en medio de expedientes” y que en sus manos está el futuro de personas, colectivos y del pueblo.

Por su parte, Liliana Pérez Cano, viuda del artista, celebró que se haya priorizado la restauración al considerar que el mural constituye un patrimonio importante para la familia y para el país.

Daños durante manifestación

El edificio de la Corte fue vandalizado el 16 de noviembre del año pasado durante la marcha de la llamada Generación Z.

Entre los daños reportados se encuentran:

• 21 ventanas rotas o con fisuras, desde el sótano hasta el balcón de Presidencia
• Afectaciones en la fachada del edificio histórico
• Daños en la puerta principal de bronce

El área jurídica del máximo tribunal presentó una denuncia penal por daño en propiedad ajena, aunque hasta ahora no se han informado avances en la investigación.

Ante la posibilidad de protestas por problemas de comercialización y rentabilidad del maíz, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el gobierno de Sinaloa anunciaron un acuerdo para comprar una cuota inicial de 1.1 millones de toneladas del grano.

La dependencia informó que las compras iniciarán el viernes 13 de marzo, tomando como base una producción estimada de 4 millones de toneladas de maíz en la entidad y un padrón de 25 mil 353 productores agrícolas.

Cuatro puntos del acuerdo

El convenio alcanzado entre autoridades, productores e industria contempla:

• Base homologada de 65 dólares por tonelada, que incluye compras del sector pecuario, nixtamalero, industrial y acopiadores.
• Plan integral para adquirir la totalidad de la producción de Sinaloa, estimada en 4 millones de toneladas, con convenios específicos para pequeños productores.
• Compras anticipadas a partir del 13 de marzo por parte de los distintos sectores participantes.
• Instalación de una mesa de trabajo para desarrollar el nuevo Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y la Comercialización del Maíz.

Participación del Gobierno federal

La Sader destacó que, por primera vez en este tipo de negociaciones, participó como testigo un representante de la Presidencia de la República.

Se trató de Carlos Augusto Morales, secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró el compromiso del gobierno federal de fortalecer las condiciones de mercado y comercialización para los agricultores.

Industria y productores participan en el acuerdo

La industria compradora de maíz estuvo representada por directivos de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y de las principales empresas harineras.

Por su parte, el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, destacó la disposición al diálogo de los empresarios para construir acuerdos que favorezcan al sector.

Los productores participantes agradecieron el respaldo del gobierno federal y manifestaron su confianza en la mesa de diálogo para lograr un precio justo y una comercialización directa y segura.

En tanto, Saúl Vázquez, subdirector de Abastecimientos Agrícolas de Gruma, llamó a desarrollar un esquema de administración de riesgos que permita mejorar la rentabilidad del grano en el futuro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República una iniciativa para fortalecer los derechos de los jornaleros y trabajadores de grandes empresas agropecuarias, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La propuesta busca formalizar el empleo en el sector agrícola, garantizar el acceso a la seguridad social y promover condiciones laborales dignas, además de impulsar prácticas productivas que respeten el medio ambiente.

Cambios a leyes laborales y comerciales

La iniciativa contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Comercio Exterior, con el objetivo de que la agroindustria mexicana opere bajo estándares verificables de cumplimiento laboral y ambiental.

El planteamiento señala que este sector, uno de los principales exportadores del país, debe desarrollarse sin deforestación ni degradación ambiental, en línea con las exigencias de los mercados internacionales.

En el comercio global no solo se evalúa la calidad de los productos, sino también el cumplimiento de normas laborales y ambientales.

Agroindustria, clave para el comercio exterior

En la exposición de motivos se destaca que la agroindustria es un pilar estratégico para el desarrollo nacional, particularmente en la producción de aguacate y frutos rojos como fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos.

En conjunto, estos subsectores han contribuido al superávit de la balanza agroalimentaria, que en 2025 alcanzó 919 millones de dólares.

Preocupación por impacto ambiental y condiciones laborales

El documento advierte que entre 2001 y 2024, cerca del 21.99 % de la pérdida de ecosistemas forestales se debió a la conversión de terrenos a actividades agrícolas, lo que equivale a 44 mil 766 hectáreas deforestadas.

Además, se señala que la expansión agrícola continúa generando presión sobre los ecosistemas, especialmente en contextos donde persisten esquemas productivos con informalidad laboral y condiciones de trabajo precarias.

En el caso del aguacate, los mercados internacionales han mostrado preocupación tanto por las condiciones laborales como por el impacto ambiental de su producción. Situación similar ocurre con la industria de los frutos rojos.

Certificación laboral para agroindustrias

Como parte de las medidas, se facultará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir certificaciones que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales en las agroindustrias.

La iniciativa también plantea facilitar el acceso a la seguridad social para trabajadores agrícolas y establecer mecanismos para evitar la deforestación vinculada con actividades productivas.