La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que impide ejecutar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusado de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Aureoles obtiene amparo contra orden de capturaLa medida fue otorgada el pasado 22 de abril por José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de juez en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal. Ahora, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal deberá decidir en un plazo de 48 horas si confirma, modifica o revoca la suspensión.
Aureoles es señalado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía. Para mantener vigente la medida cautelar, el ex mandatario pagó una garantía de 52 mil pesos. Sin embargo, debe presentarse ante el juez que lo requiere en un plazo de tres días hábiles; de lo contrario, perderá la protección y podrá ser detenido.
De acuerdo con información oficial, el 1 de marzo —un día después de que se libraron las órdenes de aprehensión contra él y ocho de sus colaboradores—, Silvano Aureoles salió de Morelia en un helicóptero de la empresa Servicios Aéreos La Viña rumbo a Guadalajara. Aunque agentes federales lo rastrearon hasta un hotel de lujo en esa ciudad, perdieron su ubicación ese mismo día.
En paralelo, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR realizó operativos para capturar a los implicados. Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la SSP, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, fueron detenidos en México. En tanto, Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, fue deportado desde Estados Unidos tras su arribo al aeropuerto de Miami.
El pasado 12 de abril, las instalaciones de Servicios Aéreos La Viña fueron aseguradas por la FGR.
En marzo, cuatro ex colaboradores de Aureoles —Carlos Maldonado Mendoza, Mario Delgado Murillo, Elizabeth Villegas Pineda y Antonio Bernal Bustamante— fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción reveló que las acusaciones contra ellos están relacionadas con operaciones irregulares en el arrendamiento y compra de inmuebles para cuarteles en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
