MILED MEXICO

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre un acuerdo alcanzado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pausar los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas durante al menos un mes, aliviando las tensiones comerciales entre ambos países.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum destacó que la conversación con Trump fue positiva y centrada en el respeto mutuo y la soberanía de México. “Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump, con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos”, señaló.

En el marco de este acuerdo, Trump decidió suspender temporalmente los aranceles, que inicialmente estaban programados para entrar en vigor el lunes 5 de febrero. Los aranceles estarán en pausa hasta el 3 de marzo, al menos, brindando un respiro a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Acuerdos clave entre Sheinbaum y Trump

1. Refuerzo de la frontera norte: México se compromete a reforzar la seguridad en la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente el fentanilo.
2. Compromiso de Estados Unidos: El gobierno estadounidense se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México, un problema recurrente en las relaciones bilaterales.
3. Trabajo conjunto en seguridad y comercio: A partir del 3 de febrero, ambos países comenzarán a colaborar más estrechamente en temas de seguridad y comercio, buscando mitigar los efectos de las tensiones comerciales y fortalecer las relaciones bilaterales.
4. Pausa en los aranceles: Como parte del acuerdo, se pospone la aplicación de los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, al menos hasta principios de marzo, evitando una posible crisis económica derivada de los mayores costos de productos mexicanos en el mercado estadounidense.

Con estos acuerdos, los gobiernos de México y Estados Unidos buscan resolver puntos conflictivos en su relación comercial, con un enfoque en la seguridad fronteriza y el comercio bilateral, lo cual será crucial para mantener la estabilidad en ambos países.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) advirtió que, de no llegar a acuerdos en la guerra arancelaria que enfrenta México con Estados Unidos, el país podría perder hasta 1.8 millones de empleos. Además, se prevé un incremento en los precios, una mayor inflación y un freno al modesto crecimiento económico proyectado para este año.

A través de un comunicado, la Canacintra precisó que la implementación de un arancel general de 25% a todos los productos mexicanos tendría un impacto negativo en los precios y en la demanda interna. Estos aranceles también distorsionarían la asignación eficiente de recursos, afectando las ventajas comparativas y la corrección de distorsiones de mercado.

“La imposición de aranceles no resolverá los problemas sociales que inquietan al gobierno de los Estados Unidos, sino que pondría en riesgo los logros alcanzados con esfuerzo y cooperación entre los tres países”, señaló el organismo.

La Cámara indicó que la decisión del presidente Donald Trump de aplicar estos aranceles afectará directamente a los consumidores estadounidenses y a las cadenas productivas en las que sus empresas tienen socios comerciales en México, Canadá y Estados Unidos. Destacó que estas cadenas productivas han sido clave para mantener el desempleo en México en niveles históricos bajos, y para lograr que el PIB per cápita de Estados Unidos sea el más alto en su historia, lo que ha tenido efectos positivos tanto para consumidores como para trabajadores en los tres países.

Canacintra también señaló que la justificación de los aranceles bajo el pretexto de “seguridad nacional y salud pública” es una estrategia jurídica que busca imponerlos sin pasar por el Congreso de Estados Unidos, desviando la atención de los efectos negativos que tendrían sobre productos consumidos por el pueblo estadounidense.

En las delegaciones de la zona fronteriza, se prevé una reducción en la demanda de productos debido al encarecimiento, lo que provocaría una pérdida de ingresos por menores ventas, aumento de la demanda interna, desempleo en la franja fronteriza y el sector maquilador, además de una reducción en la inversión y la competitividad.

A nivel macroeconómico, los aranceles podrían desencadenar un deterioro en la balanza comercial, presión sobre el tipo de cambio y un impacto negativo en el Producto Interno Bruto (PIB).

Urge acción gubernamental

Canacintra hizo un llamado urgente al gobierno federal para que coordine esfuerzos con los actores económicos y sociales del país, así como con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, para atender los problemas sociales prioritarios que ha señalado el gobierno estadounidense y, en el proceso, lograr la derogación del decreto que impone estos aranceles.

La Cámara propuso que el Plan B del gobierno incluya medidas inmediatas como:

• Diversificación de mercados.
• Ajuste en la cadena de valor para mitigar los efectos de los aranceles.
• Medidas arancelarias controladas con impacto gestionado en el mercado mexicano.

“Es crucial evitar caer en un juego de Suma Cero, en el que se busca ganar a expensas de una pérdida. Necesitamos una estrategia que impulse nuestras ventajas comparativas, mediante una Ley de Proveeduría Nacional, una política industrial que se ajuste a la realidad de México, y una estrategia de contención en lugar de solo reacción”, afirmó Canacintra.

Finalmente, la Cámara reafirmó su compromiso con la reconversión industrial, la reducción de la dependencia de importaciones en productos e insumos estratégicos, la diversificación de mercados fuera de Estados Unidos y la relocalización de empresas para fortalecer las relaciones comerciales con otras regiones del mundo, con el objetivo de consolidar un México Industrial.

El presidente de Estados Unidos reconoció que la medida podría generar “dolor” a los consumidores estadounidenses. Sheinbaum anunciará este lunes su “plan B” en reacción a la decisión.

El presidente Donald Trump sostendrá conversaciones este lunes con los líderes de México y Canadá luego de imponer el pasado sábado aranceles del 25% a las importaciones provenientes de ambos países y del 10% a las de China. La medida, que entrará en vigor la medianoche del martes, provocó una rápida respuesta de Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau, quienes anunciaron acciones arancelarias en represalia contra productos estadounidenses.

Sheinbaum también rechazó las acusaciones de Trump sobre supuestos vínculos entre su gobierno y cárteles del narcotráfico. El mandatario republicano recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, argumentando que el tráfico de fentanilo hacia EE.UU. es facilitado por China, México y Canadá, lo que calificó como una “amenaza extraordinaria”.

La presidenta mexicana consideró estas declaraciones como “calumniosas” e “irresponsables” y ordenó a su secretario de Economía implementar el Plan B de México, cuyos detalles serán revelados este lunes. Además, hizo un llamado a Trump para dejar de lado los aranceles y buscar una solución conjunta. “México no quiere confrontación”, afirmó en un video en el que adelantó que tomará medidas si el presidente estadounidense no revierte su decisión.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el sábado la imposición de aranceles del 25% a importaciones estadounidenses por un valor de 155,000 millones de dólares en respuesta a la política de Trump.

Este lunes por la mañana, Trump informó en su red social que ya había conversado con Trudeau y que volvería a hacerlo a las 3 de la tarde. “Canadá ni siquiera permite que los bancos de EE.UU. operen o hagan negocios allí. ¿Qué pasa con eso? Muchas cosas como esas, pero también está la GUERRA CONTRA LAS DROGAS y los cientos de miles de personas que han muerto en Estados Unidos por drogas que cruzan desde México y Canadá”, escribió.

El mandatario defendió su decisión el domingo, asegurando que durante décadas los tres países han “robado” a Estados Unidos, probablemente refiriéndose al déficit comercial con sus vecinos. También reconoció que la medida podría impactar a los consumidores estadounidenses. “¿Habrá algo de dolor? […] SÍ, TAL VEZ (¡O QUIZÁS NO!). PERO HAREMOS EE.UU. GRANDE DE NUEVO Y EL PRECIO A PAGAR VALDRÁ LA PENA”.

En otro mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que sin el “subsidio masivo” que Estados Unidos otorga a Canadá, ese país “dejaría de existir como una nación viable”. Añadió de manera provocadora: “¡Es duro pero cierto! Por lo tanto, Canadá debería convertirse en nuestro querido estado número 51”.

La orden de Trump ha generado preocupaciones sobre un posible aumento en la inflación y afectaciones a empresas en toda América del Norte. Además, establece un mecanismo que podría elevar aún más los aranceles si los países afectados responden con represalias, como ya han anunciado.

Esta decisión pone a prueba tanto la estabilidad de la economía global como la estrategia de Trump para contener la inflación. A pesar de ello, el presidente insistió en redes sociales que su objetivo es “proteger a los estadounidenses”.

Los aranceles encarecerán una amplia gama de productos importados por Estados Unidos desde México, incluyendo frutas, verduras, cerveza, licores y electrónicos, así como bienes provenientes de Canadá, como papas, cereales, madera y acero. Además, con las cadenas de suministro automotriz fuertemente integradas, el costo de los vehículos y sus componentes también podría elevarse. Las refinerías estadounidenses, que dependen del crudo canadiense, podrían enfrentar costos adicionales si deben cambiar sus fuentes de importación, lo que impactaría directamente los precios del combustible en las gasolineras.

Un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) revela que el actual modelo de coordinación fiscal entre las entidades federativas no contribuye a reducir las desigualdades de desarrollo regional, lo que impide que se cierren las brechas económicas y sociales en el país.

El estudio señala que el esquema vigente de asignación de recursos federales no favorece la movilidad social, lo que se traduce en un estancamiento económico y en un obstáculo para alcanzar la justicia y la cohesión social. Además, la falta de un ajuste adecuado en la distribución de los recursos sigue perpetuando las disparidades en las oportunidades entre las regiones.

En ese sentido, el CEEY destaca que el principal gasto descentralizado, compuesto por las participaciones y aportaciones federales, tiene una relación débil con la movilidad social ascendente. Para solucionar este problema, se propone un esquema de distribución más equitativo, que asigne mayores recursos a los estados más desfavorecidos, con el fin de disminuir las diferencias entre las entidades federativas.

El análisis también revela que, en el sur del país, el 86% de la población nace en condiciones de pobreza y no logra superar esa situación, mientras que en el norte la cifra es del 54%. Ante esta realidad, se sugiere una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que contemple cambios en las fórmulas de distribución de las participaciones y aportaciones federales.

Entre las propuestas, el CEEY sugiere acelerar el proceso para igualar lo que reciben los estados por persona, además de eliminar los fondos múltiples que complican la asignación de recursos. En cuanto a las aportaciones federales, se plantea simplificar los fondos y establecer una distribución inicial que considere los rezagos en áreas clave como educación, salud, infraestructura y seguridad pública. También se propone un mecanismo que premie el esfuerzo de los estados en reducir estos rezagos.

Como medida adicional, el análisis propone la creación de un Fondo Regional de Infraestructura Económica y Social, dirigido a las zonas más rezagadas del país.

Además, para disponer de mayores recursos para reducir las desigualdades, el CEEY sugiere una reforma en la recaudación del impuesto predial. Esto implicaría un sistema de colaboración entre los municipios, los estados y la federación, donde los estados se encargarían de actualizar los registros catastrales y la federación gestionaría la cobranza y distribución de los recursos obtenidos. Los fondos recaudados se redistribuirían entre los tres niveles de gobierno.

La Jufed manifestó que las “inconsistencias y graves irregularidades” en el diseño y preparación de la elección judicial aumentan el riesgo de infiltración del crimen.

Ciudad de México.– Tras las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos sobre supuestos vínculos del crimen organizado con el Gobierno de México, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) llamó a cancelar la elección judicial por el riesgo de que grupos criminales se infiltren al sistema de justicia.

Según la JUFED, los señalamientos de la Casa Blanca coinciden con la advertencia de la Relatoría de la ONU para la independencia de los magistrados y diversas organizaciones nacionales y extranjeras sobre el riesgo de que una elección popular de personas juzgadoras abra la puerta a la infiltración de grupos criminales al sistema de justicia.

“La JUFED recuerda que la advertencia del riesgo de que estos grupos podrían tener una amplia influencia en el sistema judicial mexicano si se realizara una elección de personas juzgadoras, fue inicialmente planteada por el ex embajador de ese país, Ken Salazar”, indicó.

Aseguró que además la Relatora Especial de la ONU, Margaret Satterhwaite, expresó su preocupación respecto a la reforma judicial en México que propone la elección popular de jueces, y advirtió que esta medida podría abrir la puerta a la influencia indebida de élites políticas, económicas e incluso del crimen organizado.

La Relatora señaló que la elección directa de juzgadores es poco común a nivel internacional y que, en contextos como el mexicano, existe el riesgo de que actores económicos poderosos o grupos delictivos ejerzan presión para inclinar los resultados a su favor, comprometiendo así la independencia judicial.

“En los últimos meses, los mexicanos hemos sido testigos de inconsistencias y graves irregularidades en el diseño y preparación de dicha elección, confirmando que no se tiene el control para evitar la influencia de tales grupos en vastas zonas del país.

“Hoy, con los señalamientos del actual gobierno estadounidense coincidente con el anterior, este peligro no sólo es una posibilidad, sino una amenaza real inminente. Por ello, la elección de juzgadores debe cancelarse”, sostuvo.

La JUFED destacó que defender la independencia del poder judicial no es sólo un asunto de jueces y magistrados, sino de todos los mexicanos, y que el País no puede permitir que su justicia quede sometida a intereses políticos o criminales.

“La independencia judicial es el último bastión de la legalidad del Estado derecho. Si lo perdemos, perdemos nuestra democracia y las libertades de todas y todos”, indicó.