En enero de 2022, la Segunda Sala de la Corte emitió jurisprudencia obligatoria, que aclara que el contenido de la Constitución no puede ser cuestionado mediante amparos, pues el objetivo de este juicio es, precisamente, vigilar que actos de autoridad y normas secundarias se ajusten a la Carta Magna.

“Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama alguna adición o reforma a la Constitución -respecto a su contenido material-, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo”, ordena la jurisprudencia 2/2022.

La Sala también consideró que ningún otro mecanismo de control judicial es aplicable, incluidas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, como la que el PAN planea presentar contra la reforma.

“Conforme al artículo 135 constitucional, el Constituyente depositó en el Congreso de la Unión -y en las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México-, con el carácter de órgano límite, la función soberana de adicionar o reformar la Constitución General, siendo precisamente esa capacidad normativa excepcional, en donde encuentra asidero la inimpugnabilidad del texto de la Constitución, partiendo de la idea de que dicha norma fue emitida por un Poder Reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en ley secundaria”, agregó.

En el caso remoto de que un Ministro o Ministra admitiera alguna acción, la propia reforma le prohíbe expresamente suspenderla.

Pueden impugnar procedimiento

Para evadir la jurisprudencia, el personal judicial promovería amparos alegando solo vicios de procedimiento durante la reforma, tema sobre el cual no hay criterio obligatorio de la Corte, pero sí una tesis aislada.

En septiembre de 2008, por 6 votos contra 4, el Pleno de la Corte consideró que sí es posible cuestionar mediante amparos el proceso de reforma a la Constitución.

“Si el Poder Reformador es un órgano complejo limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, entonces es jurídica y constitucionalmente posible admitir que en un Estado Constitucional deben prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales”, afirmó esa mayoría, de la que ya no queda nadie en la Corte.

La admisión de amparos de este tipo podría dar lugar a un escenario de desquiciamiento del sistema, en el cual los jueces otorgarían suspensiones a sus propios colegas, uno por uno, para que no les aplique la Constitución reformada algo que el Poder Judicial nunca ha hecho mientras la Corte resuelve si es posible analizar fallas de procedimiento.

Pero a fin de cuentas, los jueces tendrían que declararse impedidos, por ser parte afectada por la reforma. Estos amparos no podrían llevar a la Corte a pronunciarse contra el contenido, sino que serían una táctica dilatoria para tratar de entorpecer su implementación, que es altamente compleja.

¿CÓMO OPERARÍA LA ELECCIÓN JUDICIAL 2025 EN CDMX?

En junio del próximo año, el INE organizará las elecciones para renovar el Poder Judicial. En la Ciudad de México este es el proceso que se seguirá:

TOTAL DE CARGOS EN DISPUTA

CARGOS VACANTES

• Necesariamente se disputarán en la elección de 2025.
• Puede haber hasta 138 candidatos, hasta seis por cada cargo, pues cada Poder puede nominar hasta dos.
• El número de puestos vacantes puede crecer considerablemente en los siguientes meses, ante un escenario de renuncias o retiros de titulares que no quieran someterse al nuevo modelo judicial, que incluye una reducción salarial de aproximadamente 30 por ciento y sanciones inapelables del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Y LAS TITULARES QUE SE PONDRÁN EN JUEGO

De los 320 magistrados y jueces titulares, el  Senado definirá, por insaculación, cuáles son los 149 (95 de magistrados y 54 de jueces) que tendrán que competir en la elección de 2025. Los demás tendrán que hacerlo hasta la elección ordinaria de junio de 2027.

149 titulares insaculados automáticamente participarán en la elección, salvo que declinen (seguirían en supuesto hasta el 31 de agosto de 2025), renuncien o se jubilen.

894 aspirantes podría haber para los 149 cargos de titulares. Cada uno de los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) podrán postular a dos candidatos.

EL TOTAL

Sumando puestos vacantes y ocupados, el total de candidatos a consideración de los electores de la Ciudad de México en 2025, solo para jueces y magistrados que corresponden al Primer Circuito, podría ser de 1,181.

Es probable, sin embargo, que el número de candidatos será mucho menor, porque son posibles los siguientes escenarios:

• Que no habrá suficientes candidatos que superen el filtro inicial del Comité de Evaluación en cada Poder. En teoría, podría haber cargos para los que solo haya dos o tres candidatos calificados, adicionales al titular.
• Que el Poder Ejecutivo y el Judicial se limiten a postular un solo candidato a cada cargo, pues no están obligados a postular a dos, o que el Judicial se abstenga de presentar candidatos a cargos que cuentan con titular.
• Que el Congreso controlado por Morena (que tiene que postular a un candidato por cada Cámara) y el Poder Ejecutivo, acuerden candidatos comunes, pues lo permite la reforma.

LA BOLETA

El nombre de los hasta mil 181 candidatos tendría que aparece en el anverso de la boleta, aclarando qué Poder los postuló, y “destacando” a los titulares en funciones. 

La boleta solo tendrá diez recuadros en blanco, cinco para mujeres y cinco para hombres, para que el elector anote a los candidatos que eligió. Aparentemente, solo se podría poner un nombre en cada recuadro, aunque no se aclara. 

Como habrá 172 cargos en disputa, es posible que personas que obtengan pocos votos de todos modos logren entrar entre las ganadoras de alguno de los puestos.

CARGOS QUE SE VOTARÁN

El total de candidatos a consideración de los electores de la Ciudad de México en junio 2025 podría ser de mil 352, sumando los 191 cargos en disputa, distribuidos en cinco boletas, pero el 87% tendrían que acomodarse en una sola boleta, la de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.

Cabe la posibilidad de que el INE decida una boleta para jueces de Distrito y otra para magistrados de Circuito, pues la reforma no lo prohíbe, y eso reduciría la congestión de nombres en una sola boleta.

En los 31 estados, hay menos jueces y magistrados federales que en la CDMX. Los principales problemas de congestión de nombres de candidatos en esta boleta se darían en el Estado de México (57 cargos en disputa en 2025), Jalisco (61 cargos) y Nuevo León (36 cargos).

CDMX.- Los recursos para organizar la elección de jueces, Magistrados y Ministros, así como el pago de sus liquidaciones, saldrá de 11 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF) que se extinguirán por mandato de la Constitución.

El INE contará con unos 17 mil millones de pesos para organizar esa elección judicial extraordinaria de junio de 2025, pero parte de ese dinero se tendrá que usar para liquidaciones de jueces y Magistrados federales que pierdan sus puestos.

A finales de 2023, el Gobierno federal pretendió usar el dinero de los fideicomisos para reconstruir Acapulco tras el huracán “Otis”, y, a principios de 2024, para financiar el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sin embargo, el artículo décimo transitorio de la reforma judicial le da 90 días al PJF para extinguir sus fideicomisos no previstos en ley, y concentrar los recursos en la Tesorería de la Federación.

“Los recursos… se destinarán por la Secretaría de Hacienda a la implementación del presente Decreto, y a los demás fines que ésta determine”, dice el transitorio.

En paralelo, la norma ordena usar el dinero de los fideicomisos para pagar liquidaciones de tres meses de salario, más 20 días por año laborado, a jueces y Magistrados que declinen participar en la elección, o que participen pero pierdan, pues todos ellos deberán dejar sus cargos el 31 de agosto de 2025.

Este mandato es de rango constitucional, por lo que prevalece sobre normas inferiores con las que se pretendió decidir el destino del dinero, que el PJF ha acumulado desde fines de los 90.

En octubre de 2023, el Congreso buscó eliminar los fideicomisos mediante una reforma a leyes secundarias, que fue congelada por jueces de amparo y, posteriormente, por el Ministro Javier Láynez en la Suprema Corte.

Ahora, no hay defensa posible. De los 11 fideicomisos, seis son de la Corte, cuatro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y uno del Tribunal Electoral del PJF.

El saldo en junio es de 16 mil 766 millones. Para mediados de diciembre, cuando se deberá completar la extinción, es probable que el monto supere los 17 mil millones.

Para el personal judicial la pérdida más grave es la de dos fideicomisos de la Corte, para pensiones complementarias de mandos superiores, medios y personal operativo, los cuales sumaban 4 mil 252 millones al cierre de junio, así como uno en el CJF, que incrementa las pensiones de jueces y Magistrados, y que acumulaba 5 mil 191 millones.

El personal judicial tiene derecho a pensión del ISSSTE.

La reforma ordena prever en el presupuesto anual fondos para pensiones complementarias, apoyos médicos y otros beneficios, pero quedará sujeto a la voluntad de la mayoría de Morena en San Lázaro.

Ciudad de México.– Trabajadores del Poder Judicial, que aseguraron contar con representación de los 32 circuitos judiciales del País, constituyeron una coalición y desconocieron al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Jesús Gilberto González Pimentel. 

A través de un escrito, los trabajadores dijeron contar con personal de base, de confianza y con plazas adscritas al Consejo de la Judicatura Federal, y se autodenominaron “32 Circuitos Unidos”.

“Nuestra misión es la defensa de la división de poderes; la independencia judicial como valor básico que garantiza la justicia imparcial y objetiva; la carrera judicial como el sistema de méritos que asegura la existencia de juzgadores y juzgadoras federales altamente capacitados, independientes y libres de presiones externas; y, el Estado democrático de derecho.

“Sabemos que la Reforma Judicial en los términos propuestos tiene implicaciones graves e impacta de modo directo en los derechos de la ciudadanía, porque lleva a la justicia al ámbito político, indicaron.

Los trabajadores pidieron ser reconocidos gremialmente e hicieron un llamado a mantener el paro de labores.

“Destacamos, que el secretario General Jesús Gilberto González Pimentel, que representa al sindicato mayoritario, sus agremiados hemos realizado diversos escritos y declaraciones públicas desconociéndolo y manifestando que no nos representa, pues es evidente su posición en favor del oficialismo y apoyo a la Reforma Judicial sin tomar en consideración a sus agremiados”, acusaron.

Por su parte, José de la Luz Gastélum Leyva, delegado del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, gremio que disputa la representación sindical, convocó también a mantener el paro.

“Exhorto a todos los trabajadores sindicalizados de esta sede Mazatlán y de todo el Estado de Sinaloa, a continuar con la suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de las cero horas del miércoles 21 de agosto de 2024, al menos hasta el 02 de octubre de este año”, señaló.

Ciudad de México.- Tras reconocer que el respaldo del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a la reforma judicial erosiona la imagen del PAN, los cuatro gobernadores emanados de ese partido anunciaron su intención de refundarlo. 

“La defección de uno de nuestros senadores es una traición al país y al mandato popular que recibió. Miguel Angel Yunes Márquez fue electo senador bajo la causa del PAN para defender las instituciones y democracia de México. Su claudicación es una traición personal y egoísta de graves consecuencias para la República. No obstante, conlleva también un daño a nuestro partido”, reconocieron.

Con ese diagnóstico de por medio, los Gobernadores de Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato se comprometieron a conducir un proceso de refundación.

“Ante esta situación, desde nuestra militancia, las y los Gobernadores del Partido Acción Nacional impulsaremos un proceso de refundación del partido de lo local hacia lo nacional”, expusieron.

“Urge reconectar con la sociedad, construir ciudadanía y abrirnos a ella, recuperar nuestras causas, abrir las puertas del partido a nuevas personas y preparar nuevos cuadros para ofrecer alternativas de mejores niveles de vida a las y los mexicanos”.

Las y los mandatarios estatales ofrecieron divulgar sus valores, como la generación de bien común, la creación de clase media, el apoyo a emprendedores y comerciantes, la defensa de la familia, otorgar dignidad a las personas y conexión de México con el mundo.

“Representaremos los intereses, sueños y aspiraciones de las y los mexicanos”, aseguraron.

Firmaron el pronunciamiento María Eugenia Campos, de Chihuahua; Teresa Jiménez, de Aguascalientes, Mauricio Kuri, de Querétaro, y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato.

Ciudad de México.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una contrarreforma a la del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional y evitar la intervención del Ejército en asuntos civiles.

La iniciativa modifica seis artículos de la Constitución para establecer que la Guardia Nacional estará integrada en su mayoría por elementos de origen y formación civil, incluidos sus mandos.

Plantea que en caso de que algún elemento de las Fuerzas Armadas participe en tareas de seguridad, está participación será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

“El Ejecutivo federal dará cuenta ante el Congreso de la Unión sobre el uso de dicha facultad extraordinaria, cuyo ejercicio podrá ser vetado por la mayoría de los integrantes del Senado de la República”, indica.

La propuesta se presenta en el marco de la eventual discusión de la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, que propone trasladar la Guardia Nacional a la Sedena.

La iniciativa establece que las autoridades civiles no podrán transferir recursos a las Fuerzas Armadas que no se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Señala que en ningún caso, las leyes podrán establecer la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles que no se encuentren estrictamente relacionados con la seguridad interior, situaciones de emergencia y desastres.

En caso de violaciones a los derechos humanos que involucren a militares, la iniciativa señala que los casos siempre serán juzgados por autoridades civiles.

Agrega que la información relacionada con el ejercicio de recursos por parte de las Fuerzas Armadas no podrá ser clasificada como reservada o confidencial, a menos que se encuentre estrictamente relacionada con la preservación de la seguridad interior.

Además, en materia de requisitos para ser presidente de la República, indica que los candidatos no deberán estar en activo dos años antes del día de la elección.

Los artículos transitorios detallan que, de ser aprobada la reforma, dentro de los 360 días posteriores a su entrada en vigor deberán revocarse todos los convenios de transferencia de recursos civiles a la Guardia Nacional y regresarse las funciones y recursos a las autoridades civiles originarias.

Además, plantea un plazo de un año para que el Ejecutivo federal garantice que todos sus mandos sean civiles y tres años para lograr que la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional sean de origen y formación civil.

De acuerdo con la exposición de motivos, en los últimos años ha habido no sólo una militarización de la seguridad pública, sino también un aumento del militarismo, debido a que las Fuerzas Armadas han intervenido de manera inapropiada en asuntos que no están relacionados con la seguridad pública ni con la defensa nacional.

Advierte que este fenómeno se ha agravado en los últimos años y podría terminar de concretarse si se aprueban las últimas reformas propuestas por el Ejecutivo federal.

“Este proceso de militarización y de militarismo inició en 2007, cuando el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa inició la ‘guerra’ contra el narcotráfico. A partir de entonces, sexenio tras sexenio, ha avanzado la influencia y el poder de los militares en materia de seguridad y en otras áreas de la vida pública.

“Este proceso podría terminar de afianzarse en nuestro ordenamiento jurídico, ante la iniciativa de Reforma Constitucional que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para constitucionalizar el carácter militar de la Guardia Nacional, así como eliminar las limitaciones constitucionales que contienen el margen de actuación de las Fuerzas Armadas”, advierte.

De acuerdo con Ballesteros, ante ello es necesario plantear una propuesta alternativa de reforma constitucional que logre contener la expansión militar que ha existido en las últimas décadas y que en los casos excepcionales garantice que lo hagan apegados a los criterios establecidos por nuestro marco convencional.

Ballesteros indicó que presentarán la iniciativa este jueves ante la Junta de Coordinación Política pese al bloqueo que mantienen desde el 3 de septiembre pasado trabajadores del Poder Judicial.

“Vamos a hacer valer los procesos formales que existen, se va a presentar mañana a través del grupo parlamentario a la Jucopo y estaremos esperando, primero, que se discuta la reforma de López Obrador en los siguientes días, meteremos esto como una reserva, como parte de la discusión”, adelantó.