Nueva Orleans.- Algunos inmigrantes que crecieron en Estados Unidos luego de que fueron traídos ilegalmente cuando eran niños estaban entre los casi 200 manifestantes que se congregaron hoy ante un tribunal federal de Nueva Orleans, donde tres jueces de apelación escucharon los argumentos sobre la política del gobierno de Biden que les protege de la deportación.
En la larga batalla jurídica que se libra en el Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito está en juego el futuro de unas 535 mil personas que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, aunque no tienen la nacionalidad estadounidense ni la residencia legal, y viven con la posibilidad de ser deportadas.
“Vivo aquí. Trabajo aquí. Tengo una casa aquí”, dijo María Rocha Carrillo, de 37 años. Viajó de su casa en Nueva York para unirse a la manifestación y estaba en la primera fila de un tribunal repleto de gente mientras comenzaba la audiencia. Comentó que fue traída a Estados Unidos a los 3 años de edad, cuando su familia migró de México, donde nació. No pudo obtener un certificado docente hasta que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) le permitió hacer una carrera en la educación.
Entre los manifestantes no había opositores al DACA. Pero los que se oponen, principalmente Texas y otros ocho estados gobernados por los republicanos, han dicho en argumentos judiciales y escritos legales que incurren en cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos cuando se permite a los inmigrantes permanecer en el país ilegalmente.
Cuando inició la audiencia de una hora de duración, Brian Boynton, argumentando a favor del gobierno de Biden, dijo que los estados no tienen derecho a demandar porque no han demostrado ningún daño causado por DACA. Dijo que su argumento se ve reforzado por las decisiones de la Corte Suprema desde que la corte del 5to circuito escuchó y rechazó ese argumento en 2022.
El juez Jerry Smith contraatacó. “No entiendo cómo se llega a ninguna parte con ese argumento”, dijo Smith, afirmando que los precedentes de la Corte Suprema no contienen un lenguaje inequívoco que requiera que el tribunal de apelaciones se retracte de su fallo anterior.
El juez Stephen Higginson parecía más dispuesto a considerar el argumento.
“¿Un cambio drástico o radical en el análisis nos permite seguir a la Corte Suprema en lugar de la errónea ley del 5to Circuito?”. preguntó Stephenson.
“Así es”, respondió Boynton.
Los jueces del panel no dieron ninguna indicación de cuándo o cómo emitirán un fallo. Es casi seguro que el caso acabará en la Corte Suprema.
El entonces presidente Barack Obama puso en marcha el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) en 2012, alegando la inacción del Congreso en la legislación destinada a dar a los traídos a Estados Unidos cuando eran niños un camino para la regularización de su estatus migratorio y la naturalización. Siguieron años de litigios. El presidente Joe Biden renovó el programa con la esperanza de obtener la aprobación de los tribunales.
Pero en septiembre de 2023, el juez federal Andrew Hanen en Houston declaró que el poder ejecutivo se había extralimitado en sus funciones al crear el programa. Hanen prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes, conocidos como “dreamers”, durante las apelaciones. Boynton pidió a los jueces del tribunal del 5to circuito que mantuvieran esa política mientras continúan las apelaciones si es que fallan contra el DACA.
Los defensores de la política argumentan que el Congreso ha dado al Departamento de Seguridad Nacional —que pertenece al poder ejecutivo— la autoridad para establecer la política de inmigración, y que los estados que impugnan el programa no tienen base para demandar.
“No pueden identificar ningún daño derivado del DACA”, dijo Nina Perales, vicepresidenta del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés), en una conferencia de prensa esta semana.
La Fiscalía General de Texas no respondió a una solicitud de entrevista por correo electrónico. Los otros estados que impugnan el DACA son Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
Entre los aliados de esos estados en los escritos judiciales se encuentra el Immigration Reform Law Institute. “El Congreso se ha negado repetidamente a legalizar a los beneficiarios de DACA, y ningún gobierno puede dar ese paso en su lugar”, afirmó el director ejecutivo del grupo, Dale L. Wilcox, en un comunicado difundido este año.
El panel que lleva el caso está formado por los jueces Jerry Smith, nominado al 5to Circuito por el expresidente Ronald Reagan; Edith Brown Clement, nominada por el expresidente George W. Bush; y Stephen Higginson, nominado por Obama.
