El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que la desaparición de personas en México “es una práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen de lesa humanidad”, perpetuada con la “complicidad, connivencia, omisión y aquiescencia de la autoridad”, sin la cual “no se podría sostener”.
‼️ En 2024 hubo 1,455 denuncias x desaparición de personas; 497 siguen sin ser localizadas y 55 fueron localizadas sin vida.
— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) May 10, 2025
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Raíces históricas y contrainsurgencia
Según el organismo, este fenómeno tiene raíces históricas en el país y el continente, como mecanismo de control, terror o exterminio contra personas o grupos considerados subversivos por el Estado.
“Así ocurrió antes, durante y después del 68, en la llamada guerra sucia, cuando las desapariciones eran ejecutadas por agentes estatales, como fuerzas armadas y policías de seguridad”, señaló el Frayba.
En el caso específico de Chiapas, apuntó que tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el Estado mexicano puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94, estrategia de contrainsurgencia que incluyó la creación y operación de grupos paramilitares.
Entre las consecuencias de dicha política mencionó desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y hechos como la masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
Desapariciones ligadas a grupos paramilitares
El Frayba indicó que entre 1995 y 2000, en los municipios de Yajalón, Palenque, Salto de Agua, Sabanilla y Tila, se registraron al menos 38 desapariciones a manos de paramilitares, además de la desaparición de 32 combatientes zapatistas.
También recordó la incursión policiaca en el poblado Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en 2006, que dejó varias personas asesinadas y cuatro desaparecidas. Algunos de estos casos se encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Responsabilidad del Estado
El organismo destacó que en diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo zapatista desaparecido en 1999 en Sabanilla. La Corte señaló que el crimen fue cometido por un grupo paramilitar creado por el propio Estado como parte del Plan Chiapas 94.
La sentencia ordenó a México crear un registro único de personas desaparecidas y establecer una categorización clara para facilitar su investigación.
Cifras alarmantes y violencia de género
Frayba alertó que hasta el 10 de mayo de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 128,331 personas desaparecidas en el país, de las cuales 1,546 corresponden a Chiapas.
“Entre 2019 y 2023, las desapariciones aumentaron un 358 por ciento en Chiapas, concentrándose en zonas disputadas por grupos criminales que actúan con la tolerancia de autoridades y empresas transnacionales”, apuntó.
El estado también supera el promedio nacional en desaparición de mujeres, que representan más del 60 por ciento de los casos, muchas de ellas relacionadas con redes de trata y explotación sexual.
Llamado urgente a las autoridades
El centro de derechos humanos denunció que sigue pendiente la instalación del Consejo Estatal Ciudadano, contemplado en la ley estatal de desaparición, herramienta clave para que las víctimas participen en la creación de políticas públicas.
En su comunicado concluyó:
“La desaparición de personas en México es una herida abierta. La impunidad y el abandono institucional no pueden seguir perpetuando el dolor de las víctimas y sus familias. Ante el clamor incansable de las madres buscadoras, el Estado debe responder. El silencio no es opción.”
