El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil desestimó este jueves un recurso que pedía la exclusión de tres jueces en el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado.

Entre los magistrados señalados está Alexandre de Moraes, quien lleva el caso en el STF y es considerado un opositor del bolsonarismo. Moraes también integra el grupo de cinco jueces que el 25 de marzo decidirán si abren juicio contra Bolsonaro por presuntamente intentar impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

La mayoría de los jueces respaldaron la decisión del presidente del STF, Luis Roberto Barroso, quien en febrero rechazó la solicitud de la defensa para apartar a Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin por supuesta falta de imparcialidad. Solo André Mendonça, nominado por Bolsonaro, votó a favor de excluir a Moraes y Dino.

La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una “organización criminal” que planeó un golpe de Estado, incluyendo un supuesto intento de asesinato contra Moraes. La defensa argumentó que Dino y Zanin también deberían ser recusados, ya que Dino presentó una acción penal contra el expresidente cuando era ministro de Justicia y Zanin fue abogado de la campaña de Lula antes de su nombramiento en el STF.

En febrero, Bolsonaro fue imputado junto con 33 colaboradores por delitos como “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”. Si es juzgado y declarado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

Aunque no hay un plazo fijo para la decisión del STF, se espera que el 25 de marzo los jueces determinen si el caso avanza a juicio. Para esa fecha, la corte reforzará la seguridad en su sede en Brasilia con mayor presencia policial y controles de acceso.

Bolsonaro, inhabilitado políticamente hasta 2030 por difundir desinformación sobre el sistema de votación electrónica, espera revertir su sanción y competir en las elecciones presidenciales de 2026.

El expresidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para iniciar el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. La medida busca reducir el alcance de la agencia, que por años ha sido un blanco de críticas por parte de los conservadores.

Trump ha argumentado que el departamento es innecesario y está influenciado por ideologías liberales. No obstante, su eliminación completa requeriría la aprobación del Congreso, que estableció la agencia en 1979. En respuesta, los republicanos han anunciado que presentarán un proyecto de ley para lograrlo.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2025

Recorte de funciones, no cierre total

La Casa Blanca aclaró que el departamento no desaparecerá por completo. Se mantendrán funciones esenciales, como la administración de fondos del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el financiamiento para niños con discapacidades. También se conservará la gestión de préstamos estudiantiles federales.

Durante la firma de la orden, Trump responsabilizó al departamento por el bajo rendimiento educativo en el país y defendió que los estados están mejor capacitados para gestionar la educación.

“No nos hace ningún bien”, declaró en la ceremonia en la Casa Blanca.

Desde su administración, ya se habían implementado recortes significativos en la agencia, reduciendo su plantilla a la mitad y disminuyendo el presupuesto de la Oficina de Derechos Civiles y del Instituto de Ciencias de la Educación.

Críticas y oposición

Los defensores de la educación pública advierten que la medida podría perjudicar a millones de estudiantes, especialmente en comunidades pobres y rurales.

“Este es un día oscuro para los niños que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad”, expresó Derrick Johnson, presidente de la NAACP.

.@POTUS is not only seeking to shut down the Department of Education — he is deliberately dismantling the basic functions of our democracy, one piece at a time.

That decision will only hurt children across America who depend on federal funding for a quality education.

— Derrick Johnson (@DerrickNAACP) March 20, 2025

Por su parte, los demócratas aseguraron que combatirán la orden en los tribunales y en el Congreso. El representante Bobby Scott, demócrata de Virginia, calificó la decisión como “peligrosa e ilegal”, señalando que afectará principalmente a estudiantes de bajos ingresos, minorías y personas con discapacidades.

El Departamento de Educación se creó, en parte, para garantizar los derechos civiles de los estudiantes. Scott advirtió que la eliminación de la agencia podría reavivar debates sobre los derechos estatales en la educación, un argumento utilizado en el pasado para oponerse a la desegregación escolar.

Apoyo de grupos conservadores

Por otro lado, la orden ha sido bien recibida por sectores conservadores que abogan por mayor autonomía estatal en la educación.

“Se acabó la burocracia que dicta lo que aprenden los niños”, celebró Tiffany Justice, cofundadora de “Mamás por la Libertad”.

Today, March 20, 2025, marks the beginning of the end of @usedgov.

No more bloated bureaucracy dictating what kids learn or stifling innovation with red tape.

States, communities, and parents can take the reins—tailoring education to what actually works for their kids.…

— Tiffany Justice (@4TiffanyJustice) March 20, 2025

Sin embargo, aún no está claro qué funciones del departamento serán trasladadas a otras agencias o eliminadas por completo. Actualmente, el Departamento de Educación administra miles de millones de dólares en financiamiento para escuelas y universidades, incluyendo programas de ayuda para estudiantes sin hogar y subvenciones para la investigación.

Los fondos federales representan aproximadamente el 14% del presupuesto de las escuelas públicas, apoyando principalmente a estudiantes en situación vulnerable. Mientras tanto, las universidades dependen en gran medida de estos recursos a través de becas y programas de ayuda financiera.

Una lucha de décadas

El cierre del Departamento de Educación ha sido un objetivo recurrente entre los republicanos, quienes consideran que la agencia desperdicia dinero y centraliza decisiones que deberían estar en manos de los estados. En los últimos años, esta postura ha cobrado fuerza con el respaldo de grupos de padres conservadores que exigen mayor control sobre la educación de sus hijos.

Trump ha descrito el departamento como un centro de “radicales y marxistas”, acusándolo de imponer regulaciones innecesarias. A pesar de sus intentos por reducir la agencia, también ha recurrido a su autoridad para impulsar su agenda, amenazando con retirar fondos a escuelas y universidades que no cumplan sus directrices sobre temas como la participación de atletas transgénero en deportes femeninos o el activismo pro-palestino en campus universitarios.

No obstante, incluso dentro del Partido Republicano hay dudas sobre la viabilidad de su cierre. En 2023, una propuesta en la Cámara de Representantes para eliminar el departamento fue rechazada con el voto en contra de 60 legisladores republicanos.

En su primer mandato, la entonces secretaria de Educación, Betsy DeVos, intentó reducir el presupuesto del departamento y convertir los fondos educativos en subvenciones estatales con mayor flexibilidad. Sin embargo, la propuesta no prosperó debido a la oposición bipartidista.

Por ahora, el futuro del Departamento de Educación sigue en disputa, y cualquier intento de eliminarlo enfrentará una fuerte batalla legislativa y judicial.