El domingo 21 de julio, los sicarios amenazaron a familias de San José, municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas; les advirtieron que al día siguiente se los llevarían para que les cocinaran.
La familia de don Saqueo de la Cruz González, de 96 años, prefirió huir; su hija y sus nietos lo llevaron en hombros por un camino escarpado, hacia un sitio seguro en donde no logró sobrevivir.
“Huyó (don Saqueo) con su hija y otros jóvenes, quienes lo cargaron una hora y 40 minutos por un camino parado en el que también ayudaron militares guatemaltecos, hasta llegar (a esta localidad) a la casa de un conocido y allá falleció”, dijo a Grupo Reforma un familiar.
El deceso agregó luto a su comunidad de al menos 100 habitantes, quienes también abandonaron sus casas tras el recrudecimiento de la batalla entre narcos. Además de balaceras, antes de dejar su pueblo, habían atestiguado granadazos, explosiones, sobrevuelo de drones, el recorrido de hombres armados en caravanas de vehículos blindados y las amenazas de reclutamiento obligado.
El día lunes cuando este hombre de cuatro nietos falleció en Guatemala, en su tierra natal, San José, Chiapas, los narcotraficantes empezaron a ingresar a las casas y a quitar celulares.
“Justificando que no nos querían hacer daño, que estaban para cuidar, pero que los de abajo (grupo contrario) les habían ‘coqueado’ (molestado) y que por eso estaban ahí buscando evidencias de los otros”, dijo una habitante refugiada en esta localidad guatemalteca.
A decir de sus familiares, además de su avanzada edad, don Saqueo estaba enfermo, pero no tienen duda de que el temor y la tristeza aceleraron su muerte.
Don Saqueo fue sepultado en el cementerio de Ampliación Nueva Reforma, entre más guatemaltecos.
El Gobierno de Guatemala ofreció a mexicanos desplazados a su territorio por la violencia generada por los cárteles en Chiapas, documentos para regular su estancia.
En tanto que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) les planteó la opción de retornos voluntarios en condiciones de dignidad y seguridad a México, aunque no detalló a qué puntos, dado que en sus comunidades persisten las condiciones de violencia de las que escaparon.
En un comunicado conjunto entre México y Guatemala, se aseveró que ambos países coordinan acciones conjuntas humanitarias y de asistencia consular a los refugiados en Cuilco, Huehuetenango, Guatemala.
El Instituto Guatemalteco de Migración extendió la certificación de permanencia humanitaria, que habitualmente tiene vigencia de 30 días.
La Cancillería mexicana informó que personal de estas dos naciones entrevista a los desplazados para ofrecerles asistencia humanitaria y consular.
“Los mexicanos que expresamente manifiesten su decisión de retornar tendrán el apoyo consular correspondiente de las instituciones competentes de México y Guatemala para un retorno ordenado y seguro, siempre garantizando el respeto a la voluntad de las personas en contexto de movilidad”, se expuso.
Para ello, las autoridades se coordinarán con las oficinas ubicadas en Guatemala de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la ejecución de las acciones bajo su facultad.
“Ambos países se han comprometido a ofrecer asistencia, alimentación y apoyo a las personas, para garantizar una estancia adecuada en Guatemala”, se insistió.
La SRE indicó que su personal adscrito a los consulados de México en Quetzaltenango, Tecún Umán y Petén, realizó entrevistas in situ a las personas mexicanas para ofrecerles estos servicios.
“Los retornos serán planificados en conjunto entre los dos países, y en diálogo con las personas mexicanas, fijando un plan de fechas y horas para los mismos”, se detalló.