Con 51 jueces y magistrados federales en Chihuahua, correspondientes al Decimoséptimo Distrito, 27 de ellos serían electos por voto popular el primer domingo de junio del año próximo, de acuerdo con el proyecto de dictamen de la reforma judicial que es discutido en la Cámara de Diputados.
En un análisis de las disposiciones de la posible reforma, es planteada la situación de los juzgadores federales en la entidad, cuyas posiciones serían sometidas a elecciones abiertas a la ciudadanía entre el año próximo y 2027.
Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Reforma del Poder Judicial”, será sometido a votación de este órgano legislativo mañana lunes 26 de agosto.
Esta reforma, promovida principalmente por el grupo parlamentario de Morena y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con apoyo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha generado movilizaciones en todos los tribunales federales del país, pues los trabajadores alegan que será vulnerada la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.
En un análisis del grupo morenista al que El Diario tuvo acceso, son plasmadas algunas consideraciones relativas específicamente al estado de Chihuahua.
El documento señala que los jueces y magistrados federales en funciones serán renovados en dos etapas por medio de votación popular, pero los actuales resolutores podrán participar en la referida elección sin pasar por una serie de filtros, es decir, irán directo a la boleta que será dispuesta para que los ciudadanos participen directamente.
La elección de la primera etapa o primera mitad de cargos a renovar será el primer domingo del mes de junio del año 2025, para que los electos rindan protesta el día 1 de septiembre de ese mismo año; la segunda etapa será el mismo día, pero del año 2027.
La mitad de los mencionados que hayan de renovarse serán escogidos por medio de una insaculación pública realizada por el Senado de la República y el resto, es decir, la otra mitad, en el año 2027.
“Los demás servidores públicos en funciones, entiéndase por secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás personal administrativo, conservarán sus derechos y prestaciones como lo tienen en la actualidad, incluyendo la carrera judicial, tanto en el Poder Judicial de la Federación como en el de los Estados”, asienta.
El período de estos primeros puestos de elección popular será de ocho años, hasta el año 2033 y posteriormente hasta nueve años, a fin de empatar las elecciones.
“Para la selección de candidatos, cada uno de los Poderes de la Unión deberá integrar su respectivo Comité de Evaluación integrado por cinco personas, quienes emitirán sus propias convocatorias públicas y que serán de acuerdo a la que emita el Senado de la República”, señala.
Ni partidos políticos ni publicidad pagada
En el análisis morenista a nivel local, son asentados algunos de los requisitos para poder ser votado, como el de ser licenciado en derecho, haber tenido en sus estudios un promedio general de calificación mínima de 8.0 y de 9.0 en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, y una practica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
“Realizada la evaluación de perfiles, los Comités de Evaluación integrarán los listados de las seis personas mejor calificadas y más aptas por cada cargo (magistrados y jueces). Cada uno de los Poderes de la Unión postulará hasta dos personas para cada cargo, es decir, seis en total y esos candidatos se mandarán al Senado quien a su vez los remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE)”, detalla. La organización de la elección corresponderá al INE, quien deberá observar invariablemente la paridad de género.
Asimismo, asienta que para la campaña electoral estará prohibida la intervención de funcionarios públicos y de partidos políticos.
En materia de financiamiento, los candidatos tendrán derecho a acceder de manera igualitaria a los tiempos oficiales de radio y televisión; la campaña durará sesenta días y podrán usar sus redes sociales, pero sin contratar publicidad; es decir, no podrán pagar para darse a conocer ellos mismos o sus propuestas.
La reforma judicial aterrizada a Chihuahua
El documento plantea que el estado de Chihuahua pertenece al Decimoséptimo Circuito Judicial, que cuenta con órganos jurisdiccionales federales sólo en las ciudades de Juárez y Chihuahua.
En todo el estado, son 27 magistrados y magistradas de circuito y 25 jueces y juezas de distrito, los que encabezan los tribunales federales en los dos centros de justicia que funcionan para atender la demanda de toda la entidad.
En la frontera, son nueve magistrados de circuito y 11 jueces de distrito, de los cuales 17 son hombres y tres son mujeres. En la capital, son 18 magistrados de circuito y 13 jueces de distrito, de los cuales 11 son mujeres y 20 son hombres.
Con esta cantidad de juzgadores y con la disposición de comenzar con la renovación en 2025 con pleno respeto a la paridad de género asentada en la reforma, en la primera etapa serían 27 los tribunales que habrían de tener nuevos titulares mediante el voto directo.
En Ciudad Juárez, serían sometidos a votación los cargos de tres magistradas, dos magistrados, tres jueces y tres juezas; mientras que en Chihuahua entrarían a la primera etapa cinco magistradas, cuatro magistrados, tres jueces y cuatro juezas.
A esto habría que sumar la especialidad de cada tribunal de segunda instancia (que encabezan los magistrados) y juzgado de primera instancia (a cargo de los jueces de distrito), pues son divididos entre penales, civiles, administrativos, de control y otras materias.
De acuerdo a lo que ha anticipado el grupo morenista, el dictamen sobre esta reforma estaría listo la siguiente semana, para dejar la votación del pleno a la siguiente legislatura que comienza en septiembre, en la cual Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, tendrían la mayoría calificada necesaria para la aprobación de reformas constitucionales.