México.- El número de asentamientos humanos irregulares en el país aumentó en dos años, pero disminuyó la superficie total que ocupan y la población que albergan.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, que levanta el Inegi cada 2 años, el número de dichos asentamientos pasó de 7,770 en 2020 a 9,180 en 2022.

Entre los municipios con mayor número de asentamientos irregulares en 2022 se encuentran Villa de Allende, San Mateo Atenco y Jilotepec, en Estado de México, con 656, 600, 376, respectivamente; Guadalajara, Tonalá, Ocotlán, en Jalisco, con 415, 383 y 135; Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, en Ciudad de México, con 308, 192 y 191, y Celaya, León e Irapuato, en Guanajuato, con 257, 113 y 109.

En tanto, la superficie total que ocupan los asentamientos irregulares en el país disminuyó en ese periodo de 425,534 a 133,023 hectáreas -equivalentes al 90 por ciento de la superficie de la Ciudad de México y la población que albergaban de 1,415,146 a 1,245,273 habitantes.

El municipio con mayor población en asentamientos irregulares fue Tijuana, Baja California, con 147,147 personas, seguido por León, Guanajuato, con 88,967.

Las autoridades municipales reportaron para 2022 la regularización de la tenencia de la tierra en 46,552 manzanas, la clausura o desalojo de 655 y la reubicación de 106.

Entre las acciones adoptadas para prevenir el surgimiento o expansión de asentamientos humanos irregulares las registradas con mayor frecuencia destacaron las de “no autorizar licencias o permisos de construcción”; “inspección, monitoreo y registro de zonas propensas a invasión”; acciones coordinadas con otras instancias de gobierno”, y “clausura o suspensión de obras”.

El Inegi reportó, por otra parte, 14,417 asentamientos en zonas de riesgo, con una superficie total de 212,867 hectáreas y una población de 801,997 habitantes; 18, 50 y 39 por ciento menos que en 2020, respectivamente.

Las principales acciones adoptadas para prevenir su surgimiento y evitar su expansión fueron las de “inspección, monitoreo y supervisión para la detección”; “difusión y comunicación de existencia de riesgos” y “resolución negativa a trámites y licencias de construcción”.

El Censo registró, por otra parte, 40,569 985 predios inscritos en los padrones catastrales, y estimó en 69 por ciento la correspondencia en la cartografía y el padrón catastral.

Destacó además las brechas entre entidades en materia de recaudación del impuesto predial.

Los porcentajes más altos correspondieron a Durango, con 96.5; Querétaro, con 83.7, y Aguascalientes, con 81.4, y los más bajos a Puebla, con 47.7, y Yucatán y Oaxaca, con 36.7.