Ciudad de México.– El PAN presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un incidente de incumplimiento por parte del INE, pues, argumentó, el plan de protección a candidatos no cumple con sentencias de la Sala Superior en materia de seguridad en un proceso electoral.
El líder nacional de ese partido, Marko Cortés, aseguró que los magistrados ordenaron al organismo electoral convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales, crear filtros de investigación de candidatos, entre otras acciones que servirán para blindar el proceso del crimen organizado.
Aunque los consejeros han insistido en que dicha sentencia del Tribunal aclara que no tienen la facultad de crear mapas de riesgo, el dirigente panista asegura que sí es su obligación.
El michoacano asegura que es obligación del INE desarrollar acciones en zonas de riesgo o conflictivas, para garantizar la seguridad de todos los actores.
“Tampoco se han elaborado mapas de riesgo ni han creado filtros para que en las candidaturas los partidos y autoridades cuenten con información veraz y precisa para evitar la infiltración de personas de grupos criminales”, indicó.
Argumentó que en diciembre del 2022 el INE creó un protocolo, pero hasta la fecha sólo hay dos informes en materia de seguridad.
Insiste que el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente porque propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.
Aseguró que además de que el plan de protección de candidatos es insuficiente, no existe una estrategia para encuestadores, funcionarios y representantes de casilla.
Por ello, pidió que el INE cree un comité u órgano para tomar medidas de prevención de violencia e inseguridad en los procesos electorales, ya que se pronostica el proceso electoral más violento en la historia.
“Hacemos un llamado urgente a que se tomen en consideración todas estas observaciones porque nos encontramos ante uno de los procesos electorales más grandes de la historia de México, el cual se encuentra en riesgo por la creciente violencia que vive el país.
“No se toman medidas necesarias, los riesgos latentes para el día de la jornada son atentar contra el sufragio efectivo, es decir, que deje de ser libre, secreto, directo, personal, intransferible y universal”, apuntó.
Agregó que los candidatos pueden ser obligados a no postularse o declinar, coaccionar a los funcionarios de casilla para que no registren irregularidades, alteración y distorsión de resultados electorales, desestabilización del sistema democrático.
“Hay un enorme riesgo de financiamiento ilícito, por lo que es necesario que la autoridad electoral realice las previsiones e investigaciones necesarias para evitar el dinero del crimen sea inyectado en las campañas electorales”, añadió.