Al menos 39 países de todo el mundo urgieron al gobierno de México atender la crisis de desaparición e identificación forense por la que pasa el país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió 39 recomendaciones presentadas durante la Cuarta Revisión del Examen Periódico Universal (EPU), para que el gobierno mexicano atienda la crisis.
Dichas recomendaciones tienen que ver con la implementación completa de la Ley General sobre desapariciones, la búsqueda efectiva, la identificación forense y la lucha contra la impunidad.
Asimismo, la necesidad de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que sea confiable y transparente; garantizar la participación de las familias de manera genuina y medidas concretas, efectivas y urgentes para resolver la crisis de desapariciones en nuestro país.
Los gobiernos de Alemania, Argentina, Austria, Bahrein, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chequia, Chile, Croacia, Djibouti, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Irlanda, Italia, Jordania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Rusia, Samoa, Suecia, Suiza, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela, también cuestionaron la realización del nuevo Censo de Personas Desaparecidas.
Como respuesta a dicho llamado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 86 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y de tres países de Centroamérica, agradeció la solidaridad con las familias de víctimas y grupos de buscadoras y buscadores.
Al respecto, el MNDN informó que en el EPU anterior, realizado en 2018, 30 países se habían pronunciado sobre la desaparición de personas, hecho por el que el aumento del 30% registrado hoy refleja una creciente preocupación de quienes luchan por la causa.
Durante la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos como parte del Examen Periódico Universal 2024, los países también recomendaron garantizar la independencia judicial, combatir la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y migratorias, investigar actos de espionaje con Pegasus y dar continuidad al Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual.