Ciudad de México.- “Desde 2018, el presupuesto se ha reducido más de 23 por ciento en términos reales, aunado a que tenemos nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales”, dijo Piña en alusión a obligaciones como los nuevos sistemas de justicia laboral y penal.
“La viabilidad de continuar sirviendo a la sociedad, de ofrecerle justicia pronta, completa e imparcial, a la que todas y todos tenemos derechos en términos de nuestra Constitución está a prueba”.
Para 2024, la Cámara de Diputados autorizó al PJF un total de 78 mil 327 millones de pesos, 6 mil 447 millones menos que lo solicitado.
En 2018, ultimo año del sexenio de Enrique Peña, el PJF tuvo 71 mil 366 millones de pesos, pero la nueva mayoría de Morena en la Cámara de Diputados le recortó 63 mil 656 millones de pesos en 2019 y, desde entonces, tomando en cuenta la inflación, el presupuesto no se ha recuperado pese a incrementos nominales.
La carga de trabajo, en tanto, ha crecido hasta llegar en 2023 a casi 1.5 millones de nuevos expedientes ingresados, que sumados a los rezagados de 2022 llegaron a poco más de dos millones, de los que menos de 70 por ciento fueron resueltos.
En 2018, en contraste, llegaron sólo un millón 26 mil nuevos asuntos; es decir, el ingresó se incrementó en 45 por ciento en este sexenio.
Ni un paso atrás en independencia
A lo largo de su discurso, Piña defendió una y otra vez la importancia de la independencia judicial y la separación de Poderes, en un contexto de retos sin precedentes.
“No daremos ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas. Nuestro único compromiso es con México, a él nos debemos, mi compromiso indeclinable ha sido, es y seguirá siendo con la defensa de la Constitución y con la independencia del PJF”, afirmó.
“Escuchamos las voces de quienes consideran que la división de Poderes y la independencia judicial son valores democráticos inquebrantables para su vida cotidiana, para su tranquilidad”.
La Ministra refirió la situación de “adversidad” y los “retos” que enfrenta el PJF, pero no mencionó los ataques constantes de López Obrador, que quiere convertir a la Corte en un órgano de elección popular, ni la extinción de fideicomisos judiciales aprobada por Morena.
Pero Piña sí reconoció a los más de 53 mil empleados del PJF por su trabajo incansable, su compromiso y responsabilidad, y destacó el paro de labores que realizaron en octubre para protestar por los fideicomisos.
“Para protegerte, salgo a defenderme”, dijo la Ministra en alusión a pancartas de los inconformes.
“Una leyenda que enarbola la razón de ser del Poder Judicial”.
También agradeció a quienes, desde todos los ámbitos, han abogado incansablemente por la importancia de la independencia judicial, y a sus colegas, y compañeros por las palabras de apoyo que ha recibido en estos meses.
Agregó que la justicia no es monopolio del Poder Judicial, sino que toca también al Ejecutivo Federal y los Poderes estatales, pues abarca temas como la seguridad pública, la procuración de justicia y el combate a la desigualdad.
Destaca palos a la 4T
Entre los casos relevantes resueltos por la Corte en 2023, Piña mencionó dos que provocaron la molestia del Gobierno.
Se trata de la anulación del llamado Plan B, la reforma a leyes electorales secundarias pasadas en fast track por Morena a finales de 2023, así como el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que la Constitución ordena adscribirla a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).
“Desde hace más de quince años y en más de treinta ocasiones, la Corte ha sostenido que el respeto a las formalidades del procedimiento legislativo ese esencial para que nuestro régimen sea verdaderamente democrático”, dijo al referirse a la nulidad del Plan B por vicios de proceso en el Congreso.
También recordó el fallo de octubre que ordena al Senado designar a dos comisionados del INAI a más tardar el 15 de diciembre, mismo que está a punto de ser desacatado.
Ni AMLO ni Rivera
Ni el Presidente López Obrador, ni la Presidenta del Senado, ni la morenista Ana Lilia Rivera se presentaron al informe, por lo que Piña sólo estuvo acompañada en el presidium por la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, y por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Fue la primera vez desde la reforma judicial de 1994-95 que el titular del Poder Ejecutivo no asistió a este evento, lo que cambió su configuración tradicional.
Los presidentes de las salas siempre bajaban a la entrada principal de la Corte para recibir al Presidente en turno, con una banda de guerra presente para rendir los honores a su investidura. Eso no ocurrió.
Los asistentes al Salón de Plenos se limitaron a un breve saludo civil a la bandera, aunque al final -ante la ausencia de los militares- el Himno Nacional fue interpretado por un coro y músicos de la Sinfónica
de Minería.
Cero destituidos
La versión completa del informe indica que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no impuso en 2023 la sanción de destitución a un solo funcionario.
De los casi mil 500 jueces y magistrados federales, sólo cinco fueron sancionados administrativamente, uno con suspensión temporal, y el resto con amonestaciones o apercibimientos.
En 2022, las sanciones a jueces y magistrados fueron doce, incluidas una destitución y tres inhabilitaciones, y el CJF ha dejado de informar, por completo, sobre casos específicos de investigaciones a juzgadores.
“Quienes participan en actividades corruptas enfrentarán consecuencias severas”, advirtió Piña pero destacando que la gran mayoría del personal judicial es honesto.