Ciudad de México.- La desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial no será una medida de austeridad, sino una presión al gasto corriente y una limitación al derecho de los mexicanos al acceso a la justicia, consideró la organización México Evalúa.
“Al momento que se eliminen como está planteado, el Poder Judicial tendría que hacer frente a diferentes obligaciones de los Fideicomisos con su gasto corriente, se vería presionado en el resto de sus atribuciones y si, aparte, se le hace un recorte, sería mucha más la presión”, explicó Jorge Cano, investigador de México Evalúa en el programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas.
Recordó que el Poder Judicial de la Federación solicitó 84 mil millones de pesos.
“El presupuesto que pide el Poder Judicial para el 2024 es inferior en 2.7 por ciento a lo que se pidió en 2018, porque se han autoimpuesto medidas de austeridad y, de darse un recorte adicional, tanto el presupuesto per cápita como por número de casos, se vería más presionado y limitaría el acceso de justicia de las personas”, puntualizó.
Alertó que además de afectar el derecho a la justicia pronta y expedita, se erosionaría más la división de Poderes y se pondría en riesgo la independencia judicial.
Sostuvo que no hay justificación alguna para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, como prevé hacerlo Morena la próxima semana en la Cámara de Diputados, con una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Consideró que hay un doble discurso porque en el Gobierno federal hay fideicomisos que tienen un manejo opaco.
“Nos parece que no existe justificación para eliminar fideicomisos, pueden ser cuestionados a todo nivel por falta de transparencia, es una situación en muchos entes públicos”, dijo Cano.
“Sin embargo, hay que recordar el Gobierno federal los utiliza para tener un gasto más opaco, como en la Secretaría de Salud con el Insabi, o con los fideicomisos de la Sedena para la construcción de obras de infraestructura, por lo que existe un doble discurso sobre la utilidad y uso de fideicomisos”.
También aclaró que los estudios de México Evalúa no señalan que los fideicomisos del Poder Judicial se hayan fondeado con subjercicios del gasto, como afirmó el diputado de Morena, Hamlet García, en la Comisión de Presupuesto.
“Es falso que a partir de subejercicios se puedan nutrir los fideicomisos”, señaló.
“Se ha malinterpretado el estudio. Identificamos que fideicomisos de Poder Judicial son ahorros para fines específicos y es una forma de garantizar el gasto transanual, como pensiones complementarias, desarrollo de infraestructura, apoyo a la administración de justicia”.
Resaltó que el estudio de México Evalúa sobre el presupuesto histórico del Poder Judicial no analiza, revisa o concluye sobre una estrategia de generar subejercicios.
“Tal afirmación e interpretación es responsabilidad del diputado. En nuestra opinión, la interpretación que le da a los datos carece de sustento técnico”, precisó.
Dijo que los entes públicos pueden destinar recursos provenientes del presupuesto a fideicomisos, pero esa transacción contablemente se registra como un gasto, no como un subejercicio o recorte.
Agregó que un menor monto de gasto en relación con lo aprobado por la Cámara de Diputados puede ser resultado de un menor ejercicio del gasto o un ajuste hecho por la propia Secretaría de Hacienda.
“En cualquiera de los dos casos, los recursos disponibles o remanentes quedan bajo el control de SHCP y la Tesorería de la Federación”, explicó.
Reiteró que México Evalúa no está a favor de procesos arbitrarios de extinción de fideicomisos públicos y sin procesos estrictos de evaluación.