Un costo superior a los 8 mil millones de pesos, tendría la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales, lo que a decir del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, contrasta con el principio de austeridad que busca el Gobierno federal con su iniciativa de reforma electoral.De acuerdo con el estudio “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal ofrece ventajas, como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa.
“Particularmente, en un contexto de hegemonía partidista como el que se ha configurado en nuestro país luego de la tercera alternancia de 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal”.
El documento, advierte que transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano, podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país, en la medida que las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas, formarían parte de la lucha por el poder.