La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no llegó a una resolución sobre la posibilidad de inaplicar la prisión preventiva oficiosa en México, el ministro ponente del asunto, Luis María Aguilar Morales, retiró su proyecto de resolución para intentar conciliar las posturas de los 11 ministros del Alto Tribunal y, con ello, reelaborar el documento.
“He encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática”.
Luis María Aguilar Morales, ministro.
La conclusión del ministro Aguilar Morales fue que la prisión preventiva limita derechos fundamentales, como la libertad y la presunción de inocencia, y no arroja evidencia de que contribuya a reducir la incidencia delictiva del país
“No hay elementos probatorios, indiciarios ni estadísticos que hayan demostrado que la prisión preventiva se traduzca en una vía eficaz en el combate del delito y la protección de las víctimas, casi la mitad de las personas que se encuentran en prisión preventiva ganan menos de 5 mil pesos al mes, casi el 20% de las personas internas en centros penitenciarios son indígenas y afromexicanos y muchos de ellos ni siquiera hablan español, ¿qué sucede con todas estas personas de grupos vulnerados?, ¿debemos condenarlos a una pena anticipada?”
Se prevé que el proyecto sea replanteado para intentar alcanzar un consenso sobre el tema
La decisión de Aguilar Morales impactó en el amparo en revisión de la prisión preventiva oficiosa decretada en contra de Brandon Alexis Flores, hermano de Óscar Andrés Flores Ramírez, el “Lunares”, líder de la Unión Tepito, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, proyecto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, cuyo proyecto también fue retirado.