En México, de los 13 millones de personas de 12 a 17 años de edad, hay entre 22 mil y 25 mil adolescentes involucrados en delitos que han sido registrados en detención, de acuerdo a cifras oficiales, por ello es necesario revisar su situación para ayudarles a recuperar su dignidad en un proceso de reinserción social anclado en una propuesta positiva socioeducativa.
El director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Francisco Castellanos García, llamó a los sistemas de los estados a reinstalar y activar sus propias comisiones de Justicia Adolescente y dejar atrás la visión tutelar de penas de privación de la libertad y criminalización de la población de 12 a 17 años de edad.
Castellanos García agregó que para atender a esta población específica en conflicto con la ley, se deben tomar en cuenta factores como trabajo infantil, migración, prevención, discapacidad, tipo de detenciones, tortura, desapariciones, reclutamiento forzado, violencia institucional, entre otras, por ello es importante el enfoque de derechos humanos y se aleje de la visión tradicional de sancionar como “adultos” los delitos de “adultos”.
Pero, como se observa en la realidad, existen grandes problemas de deserción escolar, drogadicción, familiares, económicos, y son precisamente estos desafíos los que se convierten en las materias de la reinserción social, cuyo modelo debe ajustarse a las circunstancias locales, concluyó.