La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón al gobierno federal al confirmar que la información sobre la compra y distribución de las vacunas contra la Covid-19 se debe mantener bajo reserva, toda vez que en un contexto de pandemia global estos datos deben considerarse como de seguridad nacional.
Por mayoría de ocho votos, el pleno del Alto Tribunal modificó la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que la reserva sea por cinco años y no de dos como lo habían aprobado los comisionados.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que la difusión de la información podría en riesgo el suministro de las vacunas.
“Contrario a lo determinado por el instituto, en el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales, sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país. No obstante, ello no implica que los aspectos no referidos a estas condiciones esenciales deban seguir la misma suerte, esto es que no puedan generarse versiones públicas del contenido restante de los contratos”.
A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció en contra del proyecto, toda vez que no se trata de un caso de seguridad nacional.