El crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en México, pero el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad, dijo un grupo de expertos de la ONU.
“Agentes públicos y el crimen organizado son responsables del fuerte aumento de desapariciones forzadas”, según un informe del Comité que hace un seguimiento de esta problemática en el mundo.
“Se trata de una situación generalizada”, comentó la presidenta del grupo, Carmen Villa Quintana, quien dirigió una visita de trabajo que realizaron a México miembros de esta instancia entre el 15 y el 26 de noviembre pasado, una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones.
El Estado “también es responsable cuando las organizaciones o grupos armados están de facto bajo el control de las autoridades estatales y reciben alguna forma de apoyo por parte de agentes estatales o existe un patrón conocido de desapariciones y no se toman medidas”, explicó la jurista en rueda de prensa desde Ginebra.
Desde 2017 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha incorporado cada año a 8 mil nuevas víctimas y ahora el total de casos documentados y sin resolver se eleva a unos 98 mil.
Las desapariciones forzadas empezaron a aumentar de forma “exponencial” desde 2006 y el 98 por ciento de casos que figuran en el Registro Nacional ocurrieron a partir de ese año, detalló Villa Quintana.
“La impunidad es casi total”, denunció la presidenta del Comité, tras señalar que solo entre el 2 y 6 por ciento de casos de desapariciones han dado lugar a la apertura de un proceso judicial y a nivel nacional se han dictado solo 36 condenas.
Las víctimas de las desapariciones han sido habitualmente hombres entre los 15 y 40, pero las cifras oficiales indican un aumento considerable de caso entre menores a partir de los doce años, así como de mujeres.