El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió cancelar el programa Escuelas de Tiempo Completo y transferir esos recursos al programa La Escuela Es Nuestra; para este año, ese programa, cuyo objetivo es equipar y realizar obras en planteles, principalmente en zonas rurales del país, contará con un presupuesto de 13 mil 964 millones de pesos.
En Guanajuato, por ejemplo así es como se han estado ejerciendo los recursos:
“Nos dijeron que iba a llegar el apoyo de 150 mil pesos, este nos pidieron que organizáramos un comité de padres de familia, llegó el apoyo y nos dijeron que nada más era para construcción”, indicó Ana Cecilia Arellano, de la primaria Majurru, en San Luis de la Paz, Guanajuato.
En 2020, la escuela primaria indígena Majorrú, en San Luis de la Paz, Guanajuato, fue acreedora a 150 mil pesos del programa social La Escuela Es Nuestra; aunque permite realizar cualquier obra de equipamiento, mantenimiento, conservación, rehabilitación y construcción de espacios educativos, los padres de familia denuncian que los servidores de la nación los obligaron a construir e incluso les impusieron un arquitecto.
“Nada más nos pidieron que nosotros íbamos a dar el dinero, ya no nos íbamos a hacer cargo de nada, de hecho se lo dimos en partes pero sí se llevó todo, los 150 mil”, recordó Ana Cecilia Arellano, de la primaria Majurru, en San Luis de la Paz, Guanajuato.
El techo que los padres decidieron que se edificara se hizo en cuatro días, en medio de la pandemia y sin validación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, como marcan las reglas de operación, por deficiencias, la construcción debe demolerse pues pone en riesgo a los alumnos.
“Nos empezaron a decir que estaba mal, que no estaba bien soldado, que estaba sobre los salones y que se tenía que quitar, y por otro lado los servidores de la nación nos dicen que no, que está bien, que no tienen por qué quitarlo”, comentó Ana Cecilia Arellano, de la primaria Majurru, en San Luis de la Paz, Guanajuato.
El caso de la primaria Majurru no es un caso aislado, la Auditoría Superior de la Federación revisó mil 187 millones de pesos otorgados al programa “La Escuela Es Nuestra” en 2020; 16% del presupuesto total de estos, en uno de cada dos pesos aun no se puede demostrar que llegaran a obras para mejorar los planteles.
“Vino una encargada que se llama Arisbeth Monjarás, que se habían cambiado el plan de trabajo, que el recurso ya no lo iban a administrar los padres de familia, sino que se había contratado a un arquitecto, una constructora. ellos ya tenían el contacto”, dijo María Ernestina Sandoval Huerta, de la primaria Benito Juárez, en Xichú.
En la primaria Benito Juárez, en Xichú, segundo municipio más pobre de Guanajuato, también obligaron a los padres de familia a entregar 150 mil pesos del programa a quienes construirían obras a la escuela. Se pusieron losetas, una fosa séptica y pintaron los salones, pero otras obras quedaron pendientes y los encargados ya no volvieron.
“No se trabajó luego, no se estuvo trabajando y después nos estaban exigiendo a nosotros como comité el dinero o el trabajo”, apuntó María Ernestina Sandoval Huerta, de la primaria Benito Juárez, en Xichú, Guanajuato.
La Auditoría encontró que en 63 escuelas de Guanajuato solo se presentó un documento donde la empresa encargada dijo terminar los trabajos del programa, sin algún comprobante que lo acreditara.
Padres de familia de distintos municipios del estado señalan a la constructora Lumsa, de San Luis de la Paz, de ser la enviada por los servidores de la nación.
María Arisbeth Garcia Monjaraz, subdelegada de la zona noreste en Guanajuato, renunció en 2020, luego de que escuelas denunciaran penalmente el uso del programa; actualmente es consejera nacional de Morena.
En la comunidad Misión de Chichimecas dividieron el recurso de una escuela para tres planteles, a pesar de que, aseguran, cada escuela contaba con sus recursos.
“El monto que originalmente se nos asignaba en el documento era de 500 mil pesos. Desafortunadamente nos dijeron esos 500 mil pesos serían distribuidos en tres centros de trabajo fueron una tercera parte de esos 500 mil pesos”, apuntó Ignacio Briones, director de las escuelas Chupitantegua y Nación Chichimeca, en Guanajuato.