Las calles y plazas de Colombia se volvieron a llenar este viernes de manifestantes cuando se cumple un mes del inicio de la protestas por el descontento social y político de buena parte de la población, jornada que volvió a estar teñida por la violencia y al menos tres muertos en la ciudad de Cali.

Mientras en muchas partes del país la sexta jornada de paro nacional transcurrió sin incidentes y de forma festiva, con conciertos, bailes y las usuales arengas, en Cali, convertida en epicentro de este primer mes de protestas, la violencia volvió a tomar algunas calles.

ENFRENTAMIENTOS ENTRE CIVILES
“Esta situación ha ocurrido entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar”, informó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, al referirse a los tres civiles muertos este viernes.

Los crímenes fueron cometidos en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, y uno de los lugares donde se han vivido las escenas de mayor violencia en las últimas semanas.

Un miembro de la “Primera Línea”, como se conoce a los jóvenes que se sitúan con escudos en la parte delantera de las movilizaciones, contó a los medios que un hombre al que le fue impedido el paso en un punto de bloqueo sacó un arma y comenzó a disparar contra quienes estaban allí.

Eso desató un enfrentamiento en el que, según el testigo, el hombre, que era miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, siguió disparando mientras las demás personas que estaban ahí le arrojaron piedras y luego lo lincharon hasta matarlo.

“Era un funcionario adscrito al CTI quien, de acuerdo a la información recopilada hasta este momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, explicó el fiscal general, Francisco Barbosa, quien confirmó que el agresor, llamado Fredy Bermúdez Ortiz, no se encontraba de servicio hoy.

Algunas personas han denunciado que desde hace varios días circulan en Cali panfletos que acusan a quienes bloquean las vías de ser miembros de las disidencias de las FARC y de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o del Ejército Popular de Liberación (EPL), y les dan 48 horas “para abandonar sus filas”.

Además de incluir varios nombres propios, los panfletos amenazan a estudiantes universitarios, a la minga indígena, a defensores de derechos humanos y a sindicatos de izquierdas, declarándolos “objetivo militar” y alegando que “pagarán por sus actos”.