Un juez de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en contra de Cuauhtémoc “G”, Sandra “V”, Priscila “M”, Adriana “R” y Roberto “N” por el delito de trata de personas en diversas modalidades. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de Cuauhtémoc “G” y su círculo cercano.
Casi 7 años después de que una reportera de algunos medios de noticias logró infiltrarse para comprobar que en el PRI de la Ciudad de México operaba una red de prostitución al servicio de su entonces Presidente, el ministerio público logró acreditar ante el juzgado 17 de lo penal en la Ciudad de México que tanto Cuauhtémoc “G”, así como las mujeres que ejercían el rol de enganchadoras y el Secretario de Finanzas, quien pagaba la nómina del partido, cometieron el delito de trata en varias modalidades que el tipo penal establece.
La investigación que inició la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en abril de 2014 incluye 14 tomos con pruebas contundentes, objetivas e imparciales que el juez validó para finalmente girar una orden de aprehensión en contra del también llamado Rey de la Basura y sus cómplices. El proceso judicial que seguirán los acusados una vez que sean detenidos está sujeto al sistema penal tradicional que era la legislación aplicable en el momento en que se cometió el delito.
Es por ello que al tratarse de un delito grave, ameritan la prisión preventiva oficiosa. Tras la revelación del reportaje que evidenció la red de prostitución al interior del PRI en la Ciudad de México el 2 de abril de 2014, se presentaron tres denuncias ante la entonces Procuraduría capitalina de donde se desprendió una larga investigación que no fue concluyente durante las administraciones de Rodolfo Ríos Garza y Edmundo Garrido.
Apenas en mayo del año pasado, la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina reabrió el caso, luego de que la investigación fuera cerrada antes de concluir la administración de Miguel Ángel Mancera, quien ahora ocupa un escaño en el Senado de la República.
El 11 de septiembre de 2020, la actual fiscal general de justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, hizo una declaración pública en la que anunció una ampliación en las diligencias para perfeccionar la investigación en contra del exdirigente priista por considerar que la indagatoria realizada anteriormente había sido deficiente, omisa y lejana, además de reconocer que la institución que ahora encabeza le había fallado a las víctimas, negándoles el derecho a la verdad y a la justicia. De inmediato, Cuauhtémoc “G” promovió un amparo ante un juez de control, con el cual buscaba que la FGJ de la Ciudad de México pusiera fin a la investigación en su contra, sin embargo, le fue negado, la indagatoria siguió su curso y ahora enfrentará la acción de la justicia.