La diputada Nohemí Alemán Hernández del Movimiento Regeneracional Nacional (Morena) propuso reducir la permanencia en buró de crédito de 72 a 18 meses
El propósito de la iniciativa es, según señala, reactivar la economía y apoyar a quienes durante la pandemia no han podido pagar debido a dificultades económicas o se quedaron sin empleo, y así evitar que no puedan acceder a futuros préstamos.
Mediante un boletín, se informó que la iniciativa busca reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, disminuyendo la temporalidad en la cual se encuentran las personas deudoras en el Buró, por lo que el registro en la cartera vencida se conservaría por máximo 18 meses, en vez de 72 como en la actualidad precisa la ley.
La diputada Alemán Hernández expuso que por la emergencia económica hubo despidos de trabajadores y muchos de ellos tienen deudas crediticias, de ahí la necesidad de apoyarles para que no caigan en cartera vencida.
Por ello, añadió, es necesario modificar la legislación, con el fin de reactivar la economía nacional y familiar, principalmente de los grupos económicamente vulnerables, a quienes se les permitiría el acceso, según lo determine su ingreso, a créditos bancarios.
El propósito, subrayó, es que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas por menos tiempo, porque hay deudas que “a veces no rebasan los tres mil pesos, lo que les impide tener finanzas personales sólidas”.
“Boletinar a una persona por deuda con alguna institución crediticia no debería superar los dos años”, señaló la diputada Hernández.
Recordó que los Buró de Crédito cuentan con bases de datos que contienen los historiales de crédito de aquellas personas que alguna vez solicitaron y obtuvieron una tarjeta de crédito comercial, una tarjeta bancaria u otro tipo de préstamo o servicio (por ejemplo, de telefonía celular o televisión restringida), así como de empresas comerciales que otorgaron crédito (tiendas departamentales, empresas de financiamiento de automóviles, etcétera).
Tales reportes, explicó, son utilizados para resolver si los solicitantes son sujetos de crédito o no, y pueden ser determinantes para que las entidades financieras y empresas comerciales aprueben o rechacen créditos.