El presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), y los sectores empresarial y sindical firmaron este miércoles un acuerdo para iniciar “de inmediato” la regularización de trabajadores subcontratados y pidieron al Congreso aplazar para febrero de 2021 el debate de la iniciativa de ley que busca limitar el “outsourcing”.
Acompañado de representantes de los diferentes sectores en Palacio Nacional, Lopez Obrador anunció que este diálogo entre el Gobierno de México y los empresarios es para resolver los temas de la subcontratación y del reparto de utilidades.
“Muchas gracias por esta visita y por participar en este acto de conciliación en busca de un acuerdo sobre dos temas interrelacionados muy importantes lo que tiene que ver con la subcontratación y lo que tiene que ver con el reparto de utilidades, no se puede imponer nada”, comentó el mandatario mexicano.
El presidente de México aseguró que no habrá imposición para llegar a un acuerdo sobre estos dos temas.
“Nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, y hemos decidido después de solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y también el sector obrero que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas: subcontratación y reparto de utilidades.
Escuchándonos y poniendo por delante siempre el interés general, en este caso el beneficio de los trabajadores de las empresas, en beneficio del desarrollo del país”, dijo el politico tabasqueño.
En la conferencia de prensa también participó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien destacó que se ha intensificado el diálogo para buscar acuerdos y compromisos que permitan avanzar en la regularización del outsourcing y del reparto de utilidades a los trabajadores.
Luisa María Alcalde detalló los cuatro puntos del acuerdo:
- Resolver el tema de la subcontratación e iniciar de inmediato el proceso de regularización de plantillas
- Discusión abierta en sectores para definir un esquema de reparto de utilidades justo y equitativo.
- Posposición a febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa del Ejecutivo, la cual será preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y aprobarse.
- Llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para sus trabajadores como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal y de encontrarse irregularidades o comisión de delitos se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
En la conferencia también participó Carlos Aceves, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien indicó que hay un “outsourcing blanco y uno negro”, este último el que ya empezó a despedir obreros para no pagar aguinaldos ni reparto de utilidades y el cual debe ser eliminado.
Por su parte, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mencionó que ahora se tiene una visión distinta de lo que se puede hacer a futuro moderando el contrato de empleados en las empresas y mencionó que las empresas siempre estarán en contra de cualquier medida que afecte al trabajador.
En diversas ocasiones el presidente de México ha reiterado que con esta reforma se busca beneficiar a los trabajadores que se encuentran bajo este esquema en el que le quitan sus prestaciones, que no les dan vacaciones, aguinaldo completo, reparto de utilidades; y no tienen derechos laborales.
RECHAZAN ACUERDO
En contraparte, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el acuerdo firmado hoy.
A través de un comunicado, argumentaron que la iniciativa “pretende coartar la libertad de subcontratación” la cual atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.
“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa”, manifestaron.
Dijeron estar a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleo y promueven inversionistas con dimensión social, pero rechazaron que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.
El pasado 12 de noviembre, López Obrador, envió una iniciativa al Congreso para prohibir la práctica del “outsourcing” por considerarla “abusiva” y herencia del “periodo neoliberal”.
El Congreso llevó a cabo en primer lugar un Parlamento Abierto para evaluar los pormenores de la subcontratación, pero la discusión se ha encallado -y aplazado- en la Cámara de Diputados.
Según la Procuraduría Fiscal, hay más de seis mil empresas de subcontratación ilegal que evaden al fisco por más de 21 mil millones de pesos al año.
Y cerca del 23% del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de esta figura, según expertos.