El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer, la tarde del miércoles 28 de octubre de 2020, que no podrán aspirar a ningún cargo de elección popular aquellas personas que hayan sido señaladas o acusadas de alguna agresión en contra de mujeres.
Lo anterior se acordó durante el Consejo General del INE, en donde se aprobó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres.
“Deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser candidatos en las elecciones”, compartió el INE en su cuenta de Twitter junto a un comunicado.
pirantes a un cargo público en 2021 firmen, bajo protesta de decir verdad, un documento con tres puntos específicos.
- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado y público.
- No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
- No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias y que no cuente con un registro vigente en algún padrón de deudores.
La iniciativa también cuenta con el apoyo de los partidos políticos, quienes se comprometieron a no lanzar a ningún candidato que no cumpla con las especificaciones citadas en ella.
Además de ello, los partidos políticos también deberán seguir los siguientes lineamientos, en los que se establecen las bases para asegurar la igualdad y garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales al interior de los partidos.
- Investigar, sancionar, reparar y erradicar esta conducta
- Promover, proteger y respetar los derechos de las mujeres
- Contar con planes de atención de víctimas
- Estatutos que establezca mecanismos para erradicar este tipo de violencia
- Facilitar la recepción de denuncias
- Crear órganos de justicia intrapartidarios integrados paritariamente
- Determinar un órgano que asesore a las víctimas
- Medidas de reparación integral