Familiares de personas desaparecidas se manifestaron este jueves afuera del Senado en rechazo al pronunciamiento emitido el martes pasado contra el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED). La protesta se dio en respuesta al proceso abierto para determinar si en México esta práctica es sistemática y generalizada, lo que ha motivado a algunos legisladores a exigir sanciones para su presidente, Oliver de Frouville, por actuar de manera “unilateral” y “sin sustento”.

🪧 #Ahora || Familiares de personas desaparecidas clausuran de manera simbólica el Senado, en protesta por la respuesta al Comité de la @ONU_es contra la Desaparición Forzada, el cual emitió una resolución sobre la desaparición forzada en México.

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— IMER Noticias (@IMER_Noticias) April 10, 2025

A pesar de que el personal de seguridad del Senado cercó las calles Madrid, esquina con avenida Insurgentes y París, los manifestantes, algunos de los cuales saltaron las vallas, avanzaron hasta las puertas 2 y 3, donde colocaron pancartas con los mensajes “Clausurado por su falta de compromiso” y “Nos faltan +127 mil”. También exhibieron mantas con fotografías de sus seres queridos desaparecidos y pegaron fichas de búsqueda en la banqueta. En el pavimento pintaron el mensaje “Negar y ocultar es desaparecer”.

Los manifestantes lamentaron que los legisladores nieguen la magnitud del problema de las desapariciones y pidieron que no se obstaculice el apoyo brindado por organismos internacionales para enfrentar esta crisis. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” gritaron con fuerza.

Yoltzin Martínez, quien busca a su hermana Yatzil, desaparecida en 2010 en Acapulco, Guerrero, expresó que la protesta tiene como objetivo “alzar la voz porque sí existe una crisis de desaparecidos que el Estado mexicano no ha querido enfrentar”. También criticó la gestión de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, señalando que la funcionaria “desmanteló la comisión y ahora no tiene cómo sustentar lo que pidió la Presidenta (Claudia Sheinbaum) para fortalecerla”.

Productores de diferentes regiones purépechas han señalado que el campo atraviesa una crisis que lleva más de dos décadas, resultado de factores como el cambio de uso de suelo, la escasez de agua, el aumento en el costo de insumos y la renta de tierras a empresas extranjeras para monocultivos. En este contexto, cultivos como el maíz, la calabaza, la papa y el frijol se destinan solo al autoconsumo, mientras que los agricultores enfrentan dificultades para sustentar sus actividades.

A esta situación se suma la creciente presencia del crimen organizado, que extorsiona a los trabajadores y promueve la drogadicción, afectando principalmente a los jóvenes que laboran en el campo.

Pável Guzmán, dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa a 70 comunidades originarias, explicó que desde el periodo liberal se ha dejado de apoyar al campo y al cultivo de maíz. En su lugar, muchos pueblos originarios, especialmente los que cuentan con acceso al agua, han optado por rentar sus tierras a empresas extranjeras que, a través de prestanombres, cultivan productos como zarzamora, arándano, frambuesa y fresa.

"En Estados Unidos trabajan 140 mil indígenas de Michoacán, en el estado hay 500 mil y sólo quedan 150 mil que hablan la lengua materna", indicó Guzmán.

🎙️El Plan de Justicia P'urhépecha es un primer paso pero es necesario que se incluya a todas las comunidades

En #Michoacán existen 500 comunidades indígenas y el plan de solo beneficiará alrededor de 150

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM 🔥

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— Pável Uliánov Guzmán (@PavelUlianov) April 8, 2025

La pobreza es evidente en las ocho comunidades de Los Santos, en la sierra de Los Reyes, donde los habitantes carecen de los servicios básicos. En Santa Rosa, la falta de tierras para sembrar es una de las principales preocupaciones, mientras que en San Isidro solo queda un pozo artesanal. Además, la deforestación y la venta de tierras a pequeños propietarios han afectado la agricultura en la región.

Con la sequía que afecta la zona, aproximadamente cuatro municipios purépechas cultivan de manera temporal, mientras que aquellos que tienen acceso al agua rentan sus parcelas para el cultivo de berries en áreas como Zamora, Tangancícuaro, Ihuatzio y en las cuencas de Pátzcuaro y Zirahuén, donde los cultivos de aguacate han saturado el mercado y la producción se destina principalmente a la exportación a Estados Unidos.

José Lorenzo, originario de San Benito, en la región de Los Santos, aseguró que, al igual que los vecinos de Santa Rosa, San Isidro y San Luis, la deforestación y la venta de tierras son prácticas comunes desde hace décadas. Actualmente, los jóvenes emigran hacia las ciudades o buscan trabajo en Estados Unidos y Canadá, mientras que otros se emplean como jornaleros en Tangancícuaro y Zamora o en los aserraderos locales.

"Aquí estamos los pueblos más pobres de los purépechas, y no falta la gente mala que nos quita lo poco que tenemos", denunció Lorenzo.

Gerásimo González, habitante de Aranza, en el municipio de Paracho, lamentó que una de las pocas opciones laborales para los jóvenes sea el crimen organizado. Muchos de ellos, según explicó, son reclutados cuando trabajan como cortadores de aguacate, pues primero se les incita al consumo de drogas.

Además, González denunció que los cortadores de frutas carecen de derechos laborales. “Las mujeres embarazadas no tienen asistencia médica, son despedidas y los patrones se hacen los desentendidos”, acusó.

La nueva Ley de Obra Pública obligará a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina a hacer públicos los contratos de las obras en las que participen, siempre que no estén relacionadas con la seguridad nacional, informó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que esta reforma —que también incluye cambios a la Ley de Adquisiciones— busca hacer más transparente el uso de recursos públicos en los procesos de contratación.

“Van a tener que subir sus contratos y van a ser transparentes”, afirmó, en referencia a las dependencias militares.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (@BuenGobierno_mx), presentó la nueva Ley de Adquisiciones que busca hacer más ágiles y transparentes los procesos de compra. Con dicha ley:

📌Se incluyen diversas modalidades para realizar compras… pic.twitter.com/mvG3EEIhEb

— Canal 22 México (@Canal22) April 10, 2025

Buenrostro también indicó que uno de los objetivos principales es reducir los tiempos de contratación, que actualmente pueden alargarse por trámites burocráticos. Con los ajustes, destacó que:

“Se pueden hacer obras en menor tiempo, con más integración y verificación de todos los que participan”.

La iniciativa también busca fortalecer las economías regionales, al priorizar la contratación de empresas locales en proyectos públicos. Según señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, estas modificaciones permitirán una mayor trazabilidad para erradicar posibles actos de corrupción y evitar retrasos que afectan el aprovechamiento de los recursos.

“Una obra que podía empezar en febrero, por toda la burocracia, acaba iniciando en octubre”, ejemplificó.