Después de una larga discusión, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un tope de gasto de 220 mil 326 pesos para todas las candidaturas de la elección judicial.
Seis consejeros (Castillo, Espadas, Ravel, Zavala, López y Rivera) avalaron la cantidad anterior definida en el proyecto elaborado hace más de una semana, bajo el argumento de que fue lo que previó el legislador: las personas en contienda no tendrán financiamiento público para las campañas y estas deberán realizarse exclusivamente con recursos propios, sin donativos de ninguna especie. Además, la promoción deberá sustentarse en mensajes en redes sociales, sin pagar espacios, así como en foros públicos y volanteo.
Aunque hubo distintas propuestas, al final se confirmó la cifra inicial, por lo que las más de 4 mil candidaturas que busquen alguno de los 881 cargos en disputa el domingo 1 de junio próximo podrán gastar, cada uno, de su bolsillo, hasta 220 mil 326 pesos con 20 centavos.
El consejero Uuc-kib Espadas había señalado que tal posibilidad fuera el tope para candidaturas nacionales y de ahí para abajo diferenciar con otro monto menor, de 162 mil pesos.
Es decir, ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y miembros del tribunal de disciplina judicial podrían gastar hasta 220 mil, y el resto (Salas regionales del tribunal electoral, magistraturas de circuito y jueces de distrito) el recurso máximo escalonados hacia abajo.
Argumentó que en el país solo un pequeñísimo porcentaje de la población tiene ingresos de más de 136 mil pesos, por lo que pretender elevar el tope sería una acción en favor de la plutocracia y la inequidad.
Puso como ejemplo que un profesor universitario con 10 años de antigüedad probablemente tenga un ingreso mensual de 50 mil pesos mensuales, por lo que a la hora de competir por un juzgado de distrito tendría que invertir cuatro meses de su sueldo. Además, dijo, hay abogados que son también taxistas o venden tacos para completar su ingreso.
Antes, Carla Humprhey, presidenta de la comisión de Fiscalización, señaló que el tope propuesto sería inequitativo en cuanto a que los candidatos a un cargo nacional no podrán hacer campañas en todo el país, en particular en las zonas donde no hay internet-redes sociales, pero sobre todo se abriría la puerta a uso ilegal de recursos.
Sostuvo que es una “interpretación incompleta” de la ley señalar que los 220 mil sean tope para todos.
Señaló también que solo el 66 por ciento de las zonas rurales tienen acceso a Internet, quienes, sin embargo, serán sujetos de decisiones de los hoy candidatos, en especial casos de presunción de inocencia, patria postestad, violencia familiar e interés superior de la niñez, por ejemplo.
Dijo que la contienda quedará entonces constreñida a los “influencers jurídicos” que tienen ya a su disposición los medios de comunicación.
Al proponer topes superiores, dijo que no se trata de establecer montos ostentosos, opulentos o contrastantes con una realidad nacional, pero sí parámetros de gasto racionales, serios y fiscalizables.
Al final de la primera ronda, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, propuso llevar el tope de cargos nacionales a un millón 468 mil 841 pesos, tomando en consideración el número de distritos judiciales que deberían recorrer; los aspirantes a salas regionales 881 mil 304 pesos; los candidatos a tribunal colegiado de circuito y de apelación, 413 mil 111 pesos, y los juzgados de distrito, los 220 mil 326.20 referidos en el proyecto.
Esta última opción quedó en minoría, al ser respaldada por los consejeros Taddei, Montaño, Humprhey y De la Cruz.
