MILED MEXICO

Ciudad de México.- México es el País que más recibe residuos peligrosos exportados por empresas de Estados Unidos, al concentrar poco más de la mitad del volumen total de este comercio, según un análisis a los registros más recientes de exportaciones estadounidenses.

Las compañías de EU enviaron al mundo en 2022 casi 1.3 millones de toneladas de residuos tóxicos, como polvos de acería, baterías usadas de autos y solventes, y México se quedó con el 54 por ciento de esos desechos.

Y, dentro de México, la zona metropolitana de Monterrey es el principal destino de estos residuos.

Aunque el envío de residuos peligrosos a otro país para reciclaje o manejo final es legal en Estados Unidos, a los expertos les preocupan los posibles impactos a la salud y al medio ambiente en las naciones receptoras.

Según las leyes estadounidenses, la responsabilidad legal de las empresas exportadoras por cualquier daño termina cuando sus residuos traspasan las fronteras.

Un investigador de toxicología de la UNAM, en colaboración con The Guardian y Quinto Elemento Lab, descubrió en San Nicolás altos niveles de plomo, cadmio y arsénico en hogares y escuelas ubicados en los alrededores de Zinc Nacional, una planta que recicla polvos tóxicos procedentes de siderúrgicas estadounidenses.

“Es una forma de explotación y de injusticia ambiental que se produce con el envío de residuos peligrosos de los países más ricos a los menos ricos”, dijo Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, una organización mexicana especializada en la contaminación química e industrial.

Con mucho, el residuo peligroso que más importa México desde EU son las casi 500 mil toneladas de baterías usadas que se envían cada año para recuperar el plomo, un metal altamente venenoso, que daña el cerebro.

A los expertos les preocupa que haya poca capacidad para vigilar este comercio.

Además de México, el otro destino más utilizado por EU para enviar sus desechos peligrosos es Canadá, y en tercer lugar se ubica Corea del Sur.

Ciudad de México.- Estados fronterizos como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, que concentraron más de la mitad de las regularizaciones de los autos chocolate el año pasado, han visto caer las ventas de vehículos nuevos, lo que las separa del comportamiento que registra el resto del País.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Chihuahua reportó una caída de 4.5 por ciento de vehículos nuevos en 2024, es decir, 15 puntos porcentuales por debajo del 10.6 por ciento de crecimiento que tuvieron las ventas a nivel nacional.

“Esto no es casualidad”, dijo Guillermo Rosales, director general de la AMDA.

Explicó que la caída en las ventas de vehículos nuevos está directamente relacionada con la entrada al País de autos chocolate, provenientes de Estados Unidos.

“Baja California y Chihuahua, estamos hablando de dos economías potentes que han sido beneficiarias de inversiones, que se encuentran prácticamente a pleno empleo, pues hay una oferta laboral superior a la gente que está demandando trabajo, lo que ha propiciado migración constante desde otras entidades de la República y se está dando una caída de ventas”, dijo.

Otras entidades afectadas en las ventas de vehículos nuevos son Zacatecas, que el año pasado registró una baja de 1.1 por ciento.

No obstante, destacó, Sinaloa mostró una caída todavía mayor, de 4.7 por ciento.

Rosales dijo que tal cifra está relacionada también con los hechos violentos que prevalecen en la entidad y que no han permitido restablecer la economía local.

El director de AMDA destacó que a inicios del Gobierno de Claudia Sheinbaum se expidió el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, que tendría que ser el que prevalezca, por encima del que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, que es el que ha permitido la proliferación de autos chocolate en el País.

“No hay ninguna necesidad de mantener el decreto de regularización del contrabando; es decir, de vehículos que son introducidos sin cumplir con disposición regulatoria alguna y que tienen un impacto no sólo en materia de mercado, sino también en lo que toca a las emisiones contaminantes”, insistió.

Antes de dejar la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador decidió extender la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre de 2026, con lo cual pasó por encima de las decisiones del Gobierno de Claudia Sheinbaum y la obligó a mantener una política de regularización de vehículos chatarra, dijo.

Según la AMDA, la introducción de autos chocolate genera una merma en la recaudación fiscal y pérdida de control sobre la identificación de los importadores de estos vehículos, lo que favorece el lavado de dinero y la actividad del crimen organizado.

“Es una comparecencia corta, de escasos 12 minutos. No puedo darle mucha información porque fueron lacónicos en decirnos que no podemos compartir información de las circunstancias de la comparecencia”, dijo el magistrado.

El abogado Francisco Javier Acuña comentó que le hicieron tres preguntas y al final debía presentar sus propuesta para el Poder Judicial.

“Mi propuesta fue que estoy a favor de que sea más transparente. La corrupción, las fallas que tiene el sistema de administración de justicia vienen de abajo de los secretarios, los proyectistas. Se debe trabajar en la capacitación para fortalecer los mecanismos con los que se cuentan”, dijo el contendiente.

Estos encuentros durarán dos semanas, ya que a más tardar el 31 de enero deben dar a conocer los listados de las personas “idóneas” para candidatos a juzgadores y con esto pasar a la última fase del proceso que es la insaculación o tómbola.

En esta fase no sólo habrán entrevistas, los dos comités – del Poder Ejecutivo y Legislativo- evaluarán a los aspirantes desde sus conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo que buscan, que se hayan distinguido por su “honestidad y buena fama pública”, también evaluarán su experiencia profesional y curricular, y sus antecedentes académicos.

Una vez que hayan hecho esta evaluación, cada uno de los comités deberán presentarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas por cada cargo para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina, y seis aspirantes por cada cargo para magistrado de Circuito y jueces de Distrito.

Estas personas pasarán a la tercera fase, en la cual se realizará un proceso de insaculación o tómbola para “ajustar” el número de postulantes a cada cargo, pues deberán quedar tres candidatos por cada cargo para ministro de la SCJN, para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y para el Tribunal de Disciplina, y dos más serán para magistrados de Circuito y jueces de Distrito.

Sin definir qué pasará con los aspirantes del Comité Judicial

El único Comité que no ha continuado con el proceso de selección de candidatos, es el del Poder Judicial, ya que suspendió sus funciones el pasado 7 de enero a fin de acatar las resoluciones de juicios de amparo de un juez de Michoacán, pues sino serían multado hasta con 107 mil pesos a cada uno de sus integrantes.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta elaborará un acuerdo para establecer qué pasará con los aspirantes que se registraron en el Comité Judicial, pero hasta el momento no ha sucedido.

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrá alrededor de 14 mil 343 secciones electorales como focos rojos por inseguridad para la elección del Poder Judicial.

La Junta General Ejecutiva del organismo aprobó un cambio de ruta para su personal, que a partir del 9 de febrero recorrerá el País para ubicar a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla el 1 de junio, cuando existan problemas de delincuencia, sociales o geográficos.

De acuerdo con el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla Seccionales y Capacitación Electoral, por el corto tiempo para realizar la elección, no se puede realizar un nuevo diagnóstico de las Secciones con Estrategia Diferenciada (SED), por lo que serán las mismas que en la elección del año pasado.

“Para el PEEPJF 2024-2025, las SED serán las mismas que fueron aprobadas por los CD (Consejo Distrital) del País en el Proceso Electoral 2023-2024.

“Conforme se tengan avances en los resultados de la primera etapa de capacitación electoral, la JDE (Junta Distrital Electoral) podrá proponer nuevas secciones electorales como SED”, indica el acuerdo.

El calendario establece que el 30 de enero, el INE deberá tener el número definitivo de secciones con algún tipo de problema.

En mayo de 2024, REFORMA publicó que esas secciones con condiciones especiales, por problemas diversos, sumaban 34 mil 512, de las 71 mil 749 secciones en las que el INE divide al País.

Las SED, como se le conocen, registran complicaciones para la organización de la elección por temas como migración, inseguridad, población flotante y conflictos políticos, sociales, agrarios o religiones, principalmente.

En 14 mil 343 secciones electorales se determinó que eran “zonas de alta inseguridad pública: pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas”.

El mayor número se ubicaba en 11 entidades: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.

Mientras que en 927 había conflictos políticos, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Puebla y Estado de México.

Cambian ruta en secciones complicadas

Debido al poco personal que tendrá el INE para recorrer el País y a los problemas de inseguridad, políticos, sociales, geográficos y de infraestructura, el organismo determinó que podrá hacer un cambio de ruta de sus capacitadores cuando la situación lo amerite.

Por falta de presupuesto, el Instituto tuvo que reducir en un 57 por ciento el número de capacitadores electorales, al pasar de 43 mil 362 a 18 mil 568.

“En el País existen secciones electorales con problemáticas específicas que dificultan seguir la ruta de visita. Estos factores son ajenos al Instituto y obedecen a diversas causas, por lo que se podrá cambiar totalmente la propuesta de la ruta de visita.

“Estas causas consideran contextos geográficos, políticos, sociales, de infraestructura y de inseguridad que inciden en la IMDCSyCE (Instalación de Mesas Directivas de Casillas Seccionales y Capacitación Electoral)”, indica el programa para instalar las mesas directivas de casilla.

En el documento aprobado por la Junta General Ejecutiva, encabezada por la presidencia y áreas administrativas del INE, se asegura que con este cambio de rutas también generará un ahorro de recursos, por el tema de viáticos.

También evitará pérdida de tiempo en desplazamientos innecesarios en aquellas zonas donde no hay electores por la migración o cambio de domicilio o porque las condiciones geográficas impiden el paso.

Además, indica, ayudará a la “pluralidad” de personas que integran las mesas.

Pese a que el INE redujo el número de casillas, los capacitadores deberán visitar el mismo número de ciudadanos como en una elección normal, es decir, alrededor de 13 millones de personas. Esta visita se realizará del 9 de febrero al 4 de abril.

Los electores que acepten recibirán una segunda visita, durante abril, para concretar que serán funcionarios y recibirán la capacitación para la elección del 1 de junio.

De acuerdo con el documento, se busca que haya, al menos, una casilla por cada sección electoral, pero en aquellas con más de 3 mil electores habrá cuatro mesas.

Los funcionarios por casilla serán entre 8 y 12, dependiendo del número de electorales, y si dicha entidad también coincide la elección de juzgadores locales.

Consejeros han informado que el número final de casilla se determinará hasta saber si la Presidencia aprueba una ampliación presupuestal. De las 172 mil se bajó a 73 mil 850, pero se analiza aumentarlas.

Cd. de México.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió una suspensión provisional al colectivo Educación Con Rumbo (ECR) para que autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública (SEP), implementen medidas para prevenir y proteger a los alumnos contra el abuso sexual.

Los integrantes del colectivo que interpusieron la demanda de amparo reprocharon que el delito va en incremento ante omisiones.

El grupo pro educación e infancias comunicó este martes que obtuvo la suspensión para que, además de la SEP, también apliquen medidas a favor de estudiantes mexicanos la Presidencia de la República; el Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades referidas deberán atender la petición para realizar estas acciones necesarias para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual cometida contra niños y niñas en escuelas del País.

Los mismos activistas señalaron que la SEP ha incurrido en omisiones para proteger a los educandos, debido a la falta de protocolos efectivos.

“Lo anterior a partir del aumento estadístico de incidentes de violencia sexual en escuelas y de que México ocupa los primeros lugares a nivel internacional en violencia sexual y pornografía infantil”, expuso el colectivo.

El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz enfatizó que el aumento de incidentes de violencia sexual en escuelas exige una respuesta firme y coordinada de autoridades, y de corresponsabilidad de padres de familia, directivos de escuelas, maestros y equipo administrativo.

Agradeció la decisión del PJF para salvaguardar la Constitución, los Tratados Internacionales y los derechos humanos de los niños, al ordenar a las autoridades que implementen medidas inmediatas de protección.

“El abuso sexual en escuelas es un delito lacerante por vulnerar a niños entre 3 y 17 años y por tratarse de un delito cometido con todas las agravantes que está creciendo en México y que exige que las autoridades lo reconozcan para posteriormente prevenirlo, combatirlo, sancionarlo con las penas máximas y erradicarlo”, expuso.

Ortiz puntualizó que esperan que el amparo y la resolución del Poder Judicial de la Federación sea acatada sin reservas por las autoridades, al remarcar que se trata de una problemática muy sensible que afecta el valor más puro de la niñez que es su inocencia.

Asimismo, que dicha problemática ha sido identificada y reconocida por la OCDE, Unicef, el Senado de la República, el IMSS y las propias autoridades.

“Es un tema que no admite posturas ideológicas, cálculos políticos ni impugnaciones”, apuntó.

‘El enemigo en las escuelas’

El colectivo citó el estudio “Es un Secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., que reporta en su actualización de 2024 patrones de conducta donde se utilizaron cámaras y se vulneraron física y sexualmente a los niños en instalaciones educativas.

“A partir de supuestos juegos y aprovechando de la inocencia de los niños y en algunos casos los sustraían de escuelas y obligaban a los alumnos a presenciar actos donde vulneraban a otros niños”, refirió ECR.

“Adicionalmente, se detectaron casos donde operan grupos dedicados a la explotación sexual infantil dentro de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia, y revela un profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna y atención integral de la violencia sexual infantil en las escuelas”, agregó.

Adicionalmente, destaca el reporte que desde el 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó al Senado de la República que se habían detectado 12 mil 300 cuentas de internet que distribuían material de explotación sexual de niñas y niños en México.

Educación con Rumbo emplazó a las autoridades a que rindan cuentas e instrumenten las medidas de protección en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos con enfoque en garantizar el derecho humano de los niños a vivir en un ambiente sano y libre de violencia física y sexual en escuelas.

Desde 2021, UNICEF hizo un llamado a poner fin a la violencia sexual en las escuelas en México y aconsejó una reforma legal y políticas públicas integrales para revertir la situación.

“Sin que se advierta a la fecha la implementación de acciones, programas y protocolos para identificar, prevenir y combatir esa conducta creciente en México”, lamentó Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional del colectivo.

El exhorto a las autoridades federales es que incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación estrategias concretas y acciones puntuales para identificar, prevenir y sancionar el abuso sexual de escuelas en México.

Cd. de México.- El Canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este martes que los connacionales que decidan permanecer en Estados Unidos, a pesar de las amenazas de deportaciones masivas, contarán con el apoyo de la red consular.

Durante una visita de trabajo en Phoenix, Arizona, reconoció que los amagos de Donald Trump representan un reto legal, pero sostuvo que la secretaría que encabeza está preparada para brindar la atención que sea necesaria.

“Se requiere una diversidad de equipos jurídicos, la tenemos considerada. Yo creo que independientemente de las decisiones políticas, la gente tiene derechos y los migrantes tienen derechos.

“Tenemos una estrategia legal, basada obviamente en el derecho internacional, el derecho estadounidense y en algunos casos, como ocurre en los Estados Unidos, las leyes estatales, (que) no son iguales en todos los estados de la Unión Americana”, enfatizó el titular de la SRE.

La semana pasada, el funcionario informó de la puesta a disposición de un ejército de 2 mil 610 abogados y asistentes que apoyarán a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos.

Este día, el Canciller confesó que desconoce la magnitud exacta o la dinámica bajo la que se llevarían a cabo las deportaciones, pero apuntó que de manera informal se encuentra en contacto con algunos de los funcionarios que próximamente formarán parte del Gabinete de Donald Trump.

“Estamos aquí para colaborar, para cooperar y para fortalecer aquellos modelos que hasta ahora han demostrado que pueden funcionar, para hacerlos funcionar mejor y también abiertos a escuchar nuevas propuestas”, detalló a la prensa, y adelantó que su visita también contempla un encuentro con autoridades migratorias estadounidenses.

Al ser cuestionado sobre el amago de implementación de aranceles, De la Fuente sostuvo que sería perjudicial para ambas partes y propuso enfocarse en la alianza de libre comercio que, apuntó, ha dado buenos resultados.

“Yo diría que el T-MEC, que se creó bajo el primer mandato del Presidente Trump, ha sido muy beneficioso para los tres países (Estados Unidos, México y Canadá). Y esa es la razón principal por la que deberíamos intentar mantenerlos y mejorarlo en los años siguientes”, sostuvo.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Canciller concretó una reunión con la Gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, para conversar sobre el intercambio económico entre Sonora y ese Estado.

De la Fuente visitó las instalaciones del Consulado de México en Phoenix, en donde supervisó el funcionamiento de las estrategias que Sheinbaum encomendó al cuerpo diplomático en Estados Unidos -como el de agilizar trámites- y entregó la primer acta de nacimiento registrada en esa demarcación.