TOLUCA 98.9 FM | ATLACOMULCO 104.7 FM | VALLE DE BRAVO 93.5 FM | TULANCINGO 97.1 FM | QUERÉTARO 103.1 FM | SAN JUAN DEL RÍO 93.1 FM | GUADALAJARA 1510 AM | LA PAZ 95.1 FM | LOS CABOS 91.5 FM | CDMX | PUERTO VALLARTA 97.5 FM | SAN LUIS POTOSÍ 620 AM | ZACATECAS 104.9 FM
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) firmaron una carta de intención para promover hábitos de vida saludable en escuelas de educación básica mediante el fútbol. Esta alianza busca fomentar el bienestar y el desarrollo deportivo de la niñez mexicana.
Durante el evento, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, anunció el Torneo Nacional de Fútbol Escolar, el cual contará con la participación de 12 millones de niñas y niños y será el más grande del mundo. También se implementará una preparatoria en línea, permitiendo que los jóvenes futbolistas puedan continuar sus estudios mientras entrenan, así como brindar oportunidades educativas a jugadores profesionales que no concluyeron su formación académica.
El comisionado interino de la FMF, Mikel Arriola, destacó que la FIFA respalda la iniciativa y ha proporcionado más de 100,000 balones que serán distribuidos en las escuelas. Asimismo, resaltó la importancia del torneo para acercar a los estudiantes al fútbol profesional y fomentar valores como el respeto y el trabajo en equipo.
Por su parte, Miguel Torruco Garza, director de Promoción al Deporte de la SEP, señaló que este torneo no solo tiene fines deportivos, sino también sociales, ya que busca prevenir adicciones, activar comunidades y transformar vidas. Además, enfatizó que el impacto de esta iniciativa se medirá no solo en los goles anotados, sino en las oportunidades creadas para niñas, niños y jóvenes de todo el país.
El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega Campbell, explicó que el torneo se jugará en formato de 5 contra 5 y estará diseñado para aprovechar la infraestructura de las escuelas. Agregó que el programa “Jugamos Todos”, de la FMF, ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades motrices esenciales y los fundamentos técnicos del fútbol.
Finalmente, Antonio Buenaño Sánchez, director del Programa Fútbol en Escuelas FIFA, destacó que más de 60 millones de niñas y niños en el mundo han sido beneficiados por iniciativas similares y que México ahora forma parte de este esfuerzo global por mejorar la educación a través del deporte.
Con este esfuerzo conjunto entre SEP, FMF y FIFA, se busca garantizar oportunidades para la niñez y juventud mexicana, promoviendo la educación y el deporte como herramientas clave para un futuro mejor.
Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena, podría ser desaforado en las próximas semanas luego de que la Fiscalía de Morelos, estado que gobernó hasta el año pasado, presentara una solicitud para que pueda ser juzgado y procesado por las autoridades tras señalamientos de violación en grado de tentativa.
Aunque el Poder Legislativo informó que aún no ha recibido la solicitud formal de desafuero, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que no respaldarán a Cuauhtémoc Blanco en caso de que se proceda en su contra, a pesar de pertenecer al mismo partido. Esto significa que no contaría con el apoyo de la mayoría en la Cámara Baja.
La solicitud de desafuero proviene de Uriel Carmona, titular de la Fiscalía de Morelos, quien fue destituido de su cargo después de emitir la petición, lo que ha generado polémica, ya que el Congreso local votó con 16 votos a favor y 4 en contra de su remoción.
Uriel Carmona declaró a El Financiero que se defenderá conforme a la ley, argumentando que no existe una causa grave que justifique su destitución.
¿Por qué se solicita el desafuero de Cuauhtémoc Blanco?
Cuauhtémoc Blanco podría ser desaforado y procesado debido a que la Fiscalía de Morelos lo señala por presunta violación en grado de tentativa, con su media hermana como víctima.
La denunciante, Nidia Fabiola, presentó pruebas ante la Fiscalía que podrían demostrar la culpabilidad de Cuauhtémoc Blanco en el intento de violación, un delito que habría ocurrido a finales de 2023.
Desde finales del año pasado se abrió una carpeta de investigación en Morelos, luego de que Cuauhtémoc Blanco dejara su cargo como gobernador para asumir como diputado plurinominal por Morena.
Además de la acusación por tentativa de violación, el exfutbolista y referente del Club América estaría implicado en al menos cuatro delitos de corrupción, entre ellos, haber ingresado a la política tras un presunto pago irregular de 7 millones de pesos por parte del Partido Socialdemócrata.
¿Qué debe ocurrir para que se logre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco?
El proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco tomará varias semanas, ya que el Poder Judicial debe intervenir para determinar si se puede proceder contra el diputado de Morena.
Estos son los pasos a seguir:
La denuncia debe cumplir con los requisitos de la acción penal y ser enviada a la Cámara de Diputados por la Fiscalía de Morelos.
La Cámara de Diputados tiene hasta dos meses para emitir un dictamen.
En ese periodo, una Sección Instructora analizará si el delito se cometió y verificará las pruebas presentadas. Sus conclusiones serán clave para la determinación de la Cámara Baja.
Si se confirma el delito, se celebrará una audiencia con la participación de la persona denunciante, en este caso su media hermana, y el acusado, Cuauhtémoc Blanco.
Cabe señalar que en el pasado ha habido intentos fallidos de desafuero. Un caso reciente es el de Alejandro “Alito” Moreno, senador y líder nacional del PRI, quien fue acusado de corrupción por la Fiscalía de Campeche; sin embargo, el proceso no avanzó y quedó “congelado”.
CIUDAD DE MÉXICO .- El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que quisieran un pronunciamiento más fuerte de los sindicatos respecto a la reforma a Ley Infonavit, ya que resaltó el gobierno usará dinero que no es suyo sino de los trabajadores.
“A nosotros nos gustaría, lo digo respetuosamente, que hubiera un pronunciamiento mucho más enérgico de los sindicatos. Son los principales afectados. Nos parece inadmisible que le vayamos a dar todas las facultades o prácticamente todas las facultades al director propuesto por el Gobierno para que maneje dinero que no es suyo, además con presuntas intenciones de hacer negocio justamente con dinero ajeno, pues es el dinero de los trabajadores.
“Entonces, nosotros lo que quisiéramos ver es un pronunciamiento mucho más enérgico de las distintas organizaciones sindicales, de los distintos sectores y por supuesto que los empresarios están preocupados. Pues es algo por lo que todas y todos debemos estar preocupados”, explicó.
El senador emecista celebró los cambios hechos en la Cámara de Diputados de la iniciativa, sin embargo, considera que en la minuta hay un gran margen de discrecionalidad para que el dinero de los trabajadores pueda ser utilizado de manera incorrecta, por lo que espera ajustes, de lo contrario votarán en contra.
“Creo que hubo correcciones muy importantes, relevantes, pero en esencia el grupo parlamentario en el Senado de la República sigue albergando las mismas dudas que le dieron origen a nuestro voto en contra.
“Es decir, nos parece que hay un gran margen de discrecionalidad para que el dinero de los trabajadores pueda ser utilizado de manera incorrecta. Y esa duda no se ha despejado. Entonces, en principio, subrayo, en principio, la valoración del grupo parlamentario es mantenernos en contra, pero vamos a esperar a la discusión de las comisiones y a los posibles ajustes que se puedan hacer”, detalló.
Para finalizar, el legislador resaltó que tienen claro la necesidad en el tema de vivienda, sobre todo en el acceso a la vivienda, en los créditos, en la posibilidad que tienen las personas de este país de tener vivienda accesible, por lo que afirmó se tiene que hacer una reforma de gran calado y analizarse todos los temas para que exista una reforma de forma integral.
La iniciativa se prevé que sea discutida el próximo martes 11 de febrero en Comisiones, ese mismo día darle primera lectura y discutirla al siguiente día en el Pleno para su aprobación.
Conforme a la Reforma Judicial, en caso de que un Poder no remita lista de candidatos al Senado se quedará sin representación en la elección de junio.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este jueves las candidaturas la elección judicial que le propuso el Senado.
El Pleno revisó el tema en sesión privada, y según fuentes judiciales, no se alcanzaron los ocho votos requeridos por la Constitución para avalar alguna de las 955 candidaturas que envió la Cámara alta, luego de la insaculación que realizó por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).
Por tanto, salvo alguna situación excepcional de última hora, se prevé que el PJF no presentará candidatos para la elección de junio, y los únicos aspirantes en las boletas serán los nominados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como jueces, magistrados y tres Ministras en funciones que aceptaron participar.
Lo anterior, pues la Corte tiene hasta mañana para enviar al Senado sus listas de candidatos aprobados, que su vez deben ser turnadas al INE a más tardar el 12 de febrero, para el registro respectivo.
Lo que se hará, simplemente, es comunicar al Senado que no habrá candidaturas del PJF.
Cabe mencionar que la Constitución solo faculta a la Corte para postular, con mayoría de ocho votos, a los candidatos del PJF, por lo que no sería posible un escenario en que el Senado envíe directamente al INE la lista de insaculados.
Las fuentes informaron que, en el Pleno, se presentó una votación dividida, en la que cuatro Ministros rechazaron aprobar en bloque toda la lista que envió el Senado.
Esto fue suficiente para cerrar la discusión, máxime que solo ocho Ministros y Ministras acudieron a la sesión, pues no estuvieron presentes Javier Láynez y Margarita Ríos Farjat.
La Corte había aprobado en octubre un Acuerdo General que preveía que la aprobación de las candidaturas se realizaría en sesión pública, en rondas para cada cargo en disputa, mediante tarjetas en las cuales los Ministros tacharían a quienes no quisieran nominar.
Pero ese proceso era para aprobar candidaturas propuestas por el Comité de Evaluación del PJF, que renunció ante órdenes contradictorias del TEPJF y jueces de amparo.
La insaculación en el Senado, por orden del TEPJF, se hizo sin evaluación previa de idoneidad de los candidatos.
Quedan fuera aspirantes destacados
La decisión de la Corte deja fuera a múltiples aspirantes de larga trayectoria, algunos de ellos considerados entre los favoritos para llegar a la boleta, que a fin de cuentas no serán nominados por ninguno de los Poderes.
Entre quienes aspiraban a un puesto en la Suprema Corte de Justicia, y estaban en la lista que hoy fue rechazada, quedaron fuera:
Marisela Morales, ex procuradora General de la República; Rosa Elena González Tirado, ex consejera de la Judicatura Federal; Sergio Molina, actual miembro del CJF, y Paula García Villegas, magistrada e hija de la diputada morenista y ex Ministra Olga Sánchez Cordero.
Además, Zulema Mosri, magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Ricardo Sodi Cuéllar, ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y Edgar Corzo Sosa, académico de la UNAM.
Para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) no serán candidatos Jorge Cruz Ramos, magistrado y ex consejero del CJF, ni los también magistrados Jorge Isaac Lagunes y Juvenal Carbajal.
Para la Sala Superior del TEPJF, no podrán contender Gabriela Villafuerte Coello y Enrique Figueroa Ávila, magistrados electorales de larga carrera, ni Adriana Favela, ex Consejera del INE.
Con la visión de impulsar el bienestar de la población que requiere atención prioritaria, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío a través del Sistema Estatal DIF (SEDIF), realizó este jueves en el municipio de Comondú la entrega de equipamiento y apoyos asistenciales, para el fortalecimiento de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), así como el emprendimiento económico de mujeres jefas de familia en esta región del estado.
El mandatario sudcaliforniano, quien estuvo acompañado del alcalde Roberto Pantoja Castro y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro, señaló que, al continuar avanzando en la transformación, es fundamental que la ciudadanía acceda a servicios y programas que logren promover su pleno desarrollo integral, sobre todo de quienes buscan el respaldo de las instituciones.
En esta visita, el Gobernador mencionó que dicho respaldo se llevó a cabo en Ciudad Constitución e Insurgentes, representando una inversión cercana a los 72 mil 500 pesos, proveniente del programa de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional DIF (SNDIF), beneficiando con ello a un promedio de 130 usuarios que viven con algún tipo de discapacidad permanente o temporal y que acuden mensualmente a recibir tratamientos de fisioterapia.
En este sentido, indicó que, para mejorar la economía de las familias, y con recursos propios de la administración estatal, se destinaron 162 mil pesos, para respaldar proyectos productivos de 10 mujeres de este municipio.
Asimismo, entregó mobiliario para la Casa Hogar “Alborada”, que opera el Sistema DIF de Comondú, por un monto de 175 mil 636 pesos, para mejorar diversos espacios de la institución, en atención de 25 usuarios.
Además de formalizar el compromiso con habitantes del ejido 1, al proporcionar una unidad de transporte. En este mismo encuentro, Castro Cosío acordó dotar de una unidad más para la Casa Cuna de Ciudad Constitución.
Dispuso ante la comunidad terminar la pavimentación del circuito de los ejidos 1,2,3 y 4, ampliar el bulevar Agustín Olachea en Ciudad Constitución, avanzar en el proyecto de la unidad deportiva y continuar con el programa de pavimentación de esta cabecera municipal.
Víctor Manuel Castro Cosío, ratificó finalmente en este acto la responsabilidad que mantiene la administración de atender rezagos y retirar de olvido a comunidades que son parte importante de la historia de Baja California Sur.
La Galería de Arte Carlos Olachea Boucsiéguez presentará este viernes siete de febrero a las 19:00 horas la exposición “Baja Audaz”, la más reciente colección del renombrado artista Jonn Izzik. Esta muestra promete ser un viaje visual que captura la esencia y el espíritu indomable de Baja California Sur.
La exposición estará abierta al público de manera gratuita durante el mes de febrero, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de apreciar el trabajo de un artista que continúa expandiendo los límites de la expresión plástica en la región.
El artista Jonn Izzik es reconocido por su exploración de los paisajes y símbolos de la entidad. Su estilo se caracteriza por la fusión de colores intensos y pinceladas dinámicas que dotan a sus obras de una energía singular.
En su trayectoria, ha participado en diversas exposiciones dentro y fuera del estado, consolidándose como una voz plástica que reinterpreta la identidad sudcaliforniana desde una perspectiva contemporánea.
Para más información, podrán contactar a la Galería de Arte Carlos Olachea Boucsiéguez a través del correo galeriacarlosolachea@gmail.com o bien al número de teléfono 612-12-2-91-96, asimismo en el sitio web culturabcs.gob.mx.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no es cierto que los 350 mil millones de pesos que tiene el Infonavit en recursos circulantes estén en riesgo y aseguró que con la reforma se busca combatir la corrupción.
“No es cierto (que estén en riesgo los fondos), todos los trabajadores que están afiliados al Infonavit, que son los mismos que están afiliados al Seguro Social aportan, ese aporte junto con el de la patronal se va a un fondo. Ese fondo pues es el fondo que tiene el Infonavit, una parte de ese fondo se usa para la construcción de vivienda y otra parte debe resguardarse, incluso está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Se dan créditos con estos fondos, entonces la parte de los créditos sigue igual y hay otra parte de esos fondos que son para construir vivienda, porque -como ustedes han observado- pues hace mucho que el Infonavit no construye vivienda, sino sólo da créditos”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.
Empresarios y líderes del sector obrero advirtieron ayer que de aprobarse la reforma a la Ley del Infonavit se pondrían en riesgo 350 mil millones de pesos que tiene el organismo en recursos circulantes, pues en la legislación que se analizará en el Senado no se contemplan mecanismos de supervisión para esos fondos.
En conferencia de prensa, líderes del sector privado y representantes sindicales cuestionaron que, a pesar de que han presentado observaciones a la reforma, estas no se han tomado en cuenta.
Advirtieron de posibles movilizaciones si la iniciativa no es modificada. La Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados con la mayoría oficialista y votos de Movimiento Ciudadano y se turnó al Senado para su sanción definitiva.
Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal consideró también como falso lo que dicen los panistas sobre el presunto mal uso que dará el Gobierno a los fondos del Infonavit.
“Entonces, es falso este planteamiento de que -como dice el PAN- se va a usar el fondo de los trabajadores para quien sabe que cosa. Los fondos están ahí, permanecen, ahí están, ahora se va a construir vivienda, va a haber transparencia y no va a haber corrupción, es el objetivo de esa ley”, señaló.
La titular del Ejecutivo federal mencionó que se siente extrañada que la iniciativa privada alertara sobre el riesgo de la aprobación de la Ley del Infonavit, cuando ellos mantuvieron previo a ello un diálogo con la Secretaria de Gobernación y aceptaron los ajustes realizados.
“Ya tuvieron varias reuniones y una reunión en particular con la Secretaria de Gobernación, donde todos dijeron que estaba de acuerdo con algunas modificaciones que se plantearon en la ley que fue planteada en el Senado. Y me extraña que ahora, después de haber dicho que todos estaban de acuerdo, ahora dicen que no están de acuerdo. Es para bien del País y para el bien de los trabajadores”, manifestó.
Claudia Sheinbaum explicó que ahora el Infonavit tendrá transparencia y podrá ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el fin de eliminar la corrupción.
“¿Qué es lo que ha pasado con el esquema de organización del Infonavit? Pues que había una parte de dirección patronal y otra sindical de los sindicatos que cometieron muchos de los actos de corrupción que se han venido mencionando aquí. En algunos casos, probablemente, estuvieron o no involucrados la parte del Gobierno, pero lo cierto es que ni había transparencia y más bien mucha corrupción.
“¿Qué se plantea ahora? Que esté la dirección general del Infonavit, que en el consejo de manera tripartita esté Gobierno, el sector empresarial y el sector de los trabajadores, y que sea totalmente transparente la construcción de la vivienda y los fondos, incluso auditable por la Auditoría Superior de la Federación, que antes no se permitía”, agregó.
Un juez federal bloqueó temporalmente este jueves el plan del Presidente Donald Trump para despedir a empleados federales ofreciéndoles incentivos financieros, el último giro en una saga caótica y angustiante que afecta a millones de trabajadores del gobierno.
El fallo se produjo horas antes de la fecha límite de medianoche para que los empleados solicitaran el programa de renuncia diferida. El juez de distrito de Estados Unidos George O’Toole Jr., en Boston, ordenó a la Administración extender ese plazo hasta después de una audiencia judicial que programó para la tarde del lunes. O’Toole no expresó una opinión sobre la legalidad del programa, el cual está siendo impugnado por varios sindicatos, y dijo que evaluará los argumentos la próxima semana.
En la Casa Blanca, la Secretaria de Prensa Karoline Levitt dijo que más de 40 mil empleados federales han solicitado salir a cambio de recibir pagos hasta el 30 de septiembre.
“Animamos a los empleados federales en esta ciudad a aceptar esta oferta muy generosa”, dijo aproximadamente al mismo tiempo que se conoció el fallo del juez.
“No quieren venir a la oficina. Si quieren estafar al pueblo estadounidense, entonces son bienvenidos a aceptar este incentivo económico, y nosotros encontraremos personas altamente calificadas” para reemplazarlos.
El programa de renuncia diferida fue orquestado por Elon Musk, el empresario multimillonario que se desempeña como uno de los principales asesores de Trump. Forma parte del objetivo del Presidente republicano de reformar el Gobierno federal, debilitando lo que sus aliados describen como el “Estado profundo” que socavó su primer mandato. Funcionarios de la Administración afirmaron que pueden ahorrar dinero a los contribuyentes al presentar a los empleados “una valiosa oportunidad única en la vida”.
El miércoles, la Administración intensificó la presión sobre los empleados para que renunciaran, enviando un recordatorio de que podrían producirse despidos o suspensiones en el futuro.
“La mayoría de las agencias federales probablemente se reducirán mediante reestructuraciones, reasignaciones y recortes de personal”, decía el mensaje de la Oficina de Gestión de Personal, que ha sido un eje central en los esfuerzos de Musk por reducir el tamaño del gobierno.
El correo electrónico señalaba que quienes permanezcan deberán ser “leales” y “estarán sujetos a estándares más estrictos de idoneidad y conducta a medida que avancemos”. Algunos empleados también podrían ser reclasificados para limitar las protecciones del servicio civil.
“Los empleados que participen en conductas ilegales u otras faltas serán priorizados para una investigación y sanción adecuadas, incluida la terminación del empleo”, afirmaba el mensaje.
El gobierno del presidente Donald Trump demandó el jueves a Chicago, alegando que las leyes “santuario” en la tercera ciudad más grande del país “frustran” los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La demanda, que también nombra al estado de Illinois, es el esfuerzo más reciente para tomar medidas enérgicas contra los lugares que limitan la cooperación entre los agentes federales de inmigración y la policía local. Esto se produce después de las amenazas del gobierno federal de presentar cargos penales y recortar los fondos federales a lo que se conoce como ciudades santuario.
“La conducta de los funcionarios en Chicago e Illinois que hacen cumplir mínimamente, y a menudo frustran afirmativamente, las leyes federales de inmigración durante un período de años ha resultado en la liberación de innumerables delincuentes en Chicago que deberían haber sido detenidos para la deportación de inmigración de los Estados Unidos”, según la demanda presentada en el tribunal federal de Chicago.
El presidente Donald Trump a menudo ha señalado a Chicago e Illinois, que tienen algunas de las protecciones más fuertes del país para los inmigrantes. Altos funcionarios de la administración visitaron la ciudad el mes pasado para lanzar una mayor aplicación de la ley de inmigración y mostraron imágenes del “zar de la frontera” Tom Homan haciendo arrestos en televisión en vivo.
El enfoque agresivo y la dura retórica han sido muy criticados por avivar los temores en las comunidades de inmigrantes y alimentar falsas afirmaciones sobre el crimen entre los inmigrantes.
Si bien varios delitos violentos y de alto perfil que involucran a personas que se encuentran ilegalmente en los EE. UU. han estado en las noticias en los últimos meses, no hay nada que respalde la acusación de que sucede a diario. Los estudios han encontrado que las personas que viven ilegalmente en los EE. UU. tienen menos probabilidades que los estadounidenses nacidos en el país de haber sido arrestadas por delitos violentos, de drogas y contra la propiedad.
Aun así, el sentimiento es la piedra angular de la agenda de Trump. El primer proyecto de ley que firmó de su nueva administración, que lleva el nombre de la estudiante de enfermería de Georgia Laken Riley, requiere la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos.
Horas después de que la nueva procuradora general Pam Bondi prestara juramento el miércoles, lanzó la última salva de la administración contra las ciudades santuario, ordenando el fin de las subvenciones del Departamento de Justicia para jurisdicciones que “interfieren ilegalmente con la aplicación de la ley federal”.
Los tribunales, sin embargo, han confirmado en repetidas ocasiones la legalidad de la gama de leyes santuario. Las leyes no permiten que las fuerzas del orden locales interfieran activamente con las operaciones federales. La primera Casa Blanca de Trump también intentó negar subvenciones de seguridad pública a las jurisdicciones santuario, pero los tribunales también rechazaron en gran medida esos intentos.
Esta administración, sin embargo, ya ha dejado en claro que el precedente legal no necesariamente se interpondrá en su camino. Los abogados dicen que el simple hecho de presentar demandas puede intimidar a las jurisdicciones para que se alejen de sus leyes santuario.
La demanda afirma que las leyes locales van en contra de las leyes federales al restringir que “los gobiernos locales compartan información de inmigración con los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley” e impedir que los agentes de inmigración identifiquen a “las personas que pueden estar sujetas a deportación”.
Chicago, fuertemente demócrata, ha sido una ciudad santuario durante décadas y ha reforzado sus leyes varias veces desde la década de 1980, incluso durante el primer mandato de Trump en 2017. Ese mismo año, el entonces Gobernador. Bruce Rauner, un republicano, firmó más protecciones de santuario en todo el estado, lo que lo puso en desacuerdo con su partido.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ha defendido las leyes santuario de la ciudad. Él y otros alcaldes planean testificar el próximo mes en una audiencia del Congreso sobre las ciudades santuario. En los últimos meses, Chicago ha ayudado a organizar capacitaciones para que las personas aprendan sus derechos cuando se trata de agentes de inmigración y ha publicado la información en las estaciones de transporte público de toda la ciudad.
El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, uno de los críticos más acérrimos de Trump, dijo que el estado siempre ha cumplido con la ley.
“A diferencia de Donald Trump, Illinois sigue la ley”, dijo la oficina de Pritzker en un comunicado. “En lugar de trabajar con nosotros para apoyar a las fuerzas del orden, la Administración Trump está dificultando la protección del público, tal como lo hicieron cuando Trump indultó a los criminales violentos condenados el 6 de enero”.
La demanda también nombra al condado de Cook, donde se encuentra Chicago, y a su alguacil. Los mensajes dejados el jueves para la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, y el alguacil del Condado de Cook, Tom Dart, no fueron respondidos de inmediato.
El sector de seguridad privada podría abrir hasta 100 mil plazas para los mexicanos deportados de Estados Unidos, aseguró Daniel Espinosa Ávila, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Las plazas tendrían que ver con guardias, personal de vigilancia para aeropuertos y líneas aéreas, entrevistadores bilingües, call center para llamadas de emergencias, choferes ejecutivos y escoltas, entre otros, expuso.
“Es la segunda vez que hacemos esto. En el periodo pasado de (Donald) Trump firmamos un convenio con la Secretaría de Gobernación (Segob) e incluimos a la gente en estos servicios. Logramos en aquel entonces que Gobernación nos ayudara a sacar esta documentación.
“Tenemos mucha rotación, mucha falta de personal porque la gente prefiere trabajar en aplicaciones como Uber o Didi, a su ritmo, y no hemos podido cubrir puestos”, aseguró el representante empresarial en entrevista.
Aseguró que debido a que tienen presencia en todo el País, el sector podría abrir plazas a nivel nacional.
“Tenemos lugares en todo el País, podemos abrir plazas para ellos, podemos tener hasta 100 mil personas, en empleos directos e indirectos”, comentó Espinosa.
En otro tema, el presidente de la AMESP manifestó que la reducción de las jornadas laborales podría incrementar entre 35 y 40 por ciento los costos de las empresas en seguridad privada.
“Estamos acostumbrados al trabajo de 24 horas, trabajamos turnos de 24 por 24, ahora tenemos que ir a turnos de 11 horas, eso triplica una plantilla de personal. Nadie tiene autorizado presupuesto nuevo a 40 por ciento más”, dijo Espinosa.
Por ello, afirmó, están proponiendo un esquema híbrido, a través del cual, las empresas contraten equipo electrónico para reducir costos.
“Estamos proponiendo que los servicios sean híbridos, que se contrate a un número de personal y en momentos donde no haya mucho movimiento, se contrate equipos de seguridad electrónica, es un esquema híbrido que nos hace abatir los costos”, explicó.
