MILED MEXICO

El anuncio del Presidente Donald Trump de que recomendaría a México investigar a políticos mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico generó opiniones encontradas entre diputados de Oposición.

El panista Héctor Saúl Téllez consideró necesario que el Gobierno mexicano inicie una investigación seria a partir del intercambio de posible información privilegiada en posesión de Estados Unidos.

“A raíz de estas declaraciones de Presidente Donald Trump, presumiendo que tiene información privilegiada, se puede, tal vez, compartir esa información para iniciar investigaciones sólidas en territorio mexicano”, indicó.

En una entrevista concedida a la revista The Spectator, Trump aseguró que recomendaría investigar a políticos mexicanos que presuntamente se benefician del tráfico de fentanilo y de migrantes.

Téllez subrayó la urgencia de realizar una “limpia” en el Gobierno mexicano, para evitar cualquier suspicacia respecto a los vínculos de éste con grupos de la delincuencia organizada, especialmente del narcotráfico.

“Exigimos que esto se lleve a cabo, si es que existe esa información, y que caiga quien caiga. Desde Acción Nacional, celebraríamos que el Gobierno tenga esta limpia de personajes que puedan estar ligados con el narcotráfico, sería sano y sería correcto que el Gobierno mexicano no tenga ningún nexo o que no se presuma que haya nexos con el crimen organizado”, dijo.

El legislador sostuvo que esto, incluso, podría abonar a evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos y, con ello, afectaciones a la economía mexicana.

Demandó también que se den a conocer los pormenores y alcances de los acuerdos de las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y migración.

En su turno, legisladores de Movimiento Ciudadano indicaron que si bien hay políticos ligados al crimen organizado, el Gobierno de Estados Unidos no debe entrometerse en asuntos internos de México.

“Claro que estoy de acuerdo en las investigaciones correspondientes; sin embargo, se debe respetar la soberanía de nuestro País. Estas investigaciones deben ser llevadas a cabo por las autoridades mexicanas”, indicó Raúl Lozano, vicecoordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados.

Advirtió que México no puede permitir que actores políticos de otro país traten de dictar la agenda de seguridad de México.

“Los delitos que se cometan en nuestro País deben de ser juzgados en nuestro País. El Presidente Trump es Presidente de Estados Unidos. En México, hay una Presidente y no podemos seguir permitiendo que otros actores políticos traten de dictar la agenda de seguridad de México”, dijo.

Lozano señaló que en caso de que se cometan delitos en otros países, para eso existe la extradición, la cual debe llevarse a cabo de acuerdo con los tratados y normas vigentes.

El diputado Juan Zavala dijo que si bien hay políticos ligados al crimen organizado, son las Fiscalías las encargadas de llevar a cabo las indagatorias, aunque reconoció que es en este ámbito en donde no se han llevado a cabo reformas para eficientar su trabajo.

Rechazó que el Gobierno de Estados Unidos se entrometa en asuntos internos de México.

“Por supuesto que hay políticos ligados desde hace muchos años al crimen organizado en distintos estados, en distintos municipios, esa es una labor que deben realizar justamente las Fiscalías, parte de lo que no se ha reformado en los últimos años, el aparato de inteligencia a cargo de las Fiscalías, pero no debería ser el Gobierno de Estados Unidos quien se entrometa en asuntos internos de México”, expresó.

Ante el traslado de 29 presos a Estados Unidos, entre ellos capos del narco, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la corrupción en el Poder Judicial es “aberrante” por lo que celebró que la ciuadanía elija a los jueces, magistrados y ministros.

En conferencia, la Mandataria fue cuestionada sobre si se trataba de una extradición el envío de los presuntos criminales para que sean juzgados en el país vecino del norte, sin embargo, señaló que el Gabinete de Seguridad informará del caso a las 11:00 horas de este viernes.

Enseguida, Sheinbaum acusó que la corrupción en el Poder Judicial es “aberrante”, pero sin precisar el motivo que une la entrega de los capos y la elección judicial.

💥 Sheinbaum arremete contra el Poder Judicial: "La corrupción del PJ de nuestro país es aberrante"

“Que bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el poder judicial”; la presidenta @Claudiashein catalogó como ‘una bendición’ lo que sucederá este año con… pic.twitter.com/omEHnyj9Tk

— Político MX (@politicomx) February 28, 2025

-¿A qué acuerdos se llegaron ayer en las dos reuniones que se sostuvieron en EU, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard con Jamieson Greer, representante Comercial de EU, así como el Canciller Juan Ramón de la Fuente, el Secretario Omar García Harfuch y el Fiscal General Gertz Manero con Marco Rubio, a qué acuerdos llegaron?, se le preguntó.

“A las 11 de la mañana, 11, un poquito después, terminando el evento de Cuauhtémoc (en el Zócalo), van a dar conferencia de prensa el Secretario de Seguridad, Omar, el Fiscal General de la República, para todos los temas del día de ayer, incluido la reunión”, respondió la Presidenta.

“Fueron en ambos casos, muy buenas reuniones, se establecieron los principios de coordinación y de colaboración y mantener estas reuniones de manera permanente, reuniones de alto nivel, tanto en el tema de seguridad como en el tema comercial”.

-¿Cómo se dio la solicitud y entrega de estos 29 líderes criminales que fueron trasladados a EU, esto en términos jurídicos, el traslado de estos líderes fue extradición o a qué se refiere la Secretaría de Seguridad cuando dice que fue en el marco de cooperación entre ambos países?

“Eso lo van a informar en la conferencia de prensa de las 11 de la mañana”, reiteró en su mañanera desde Palacio Nacional.

-¿No nos podría dar un avance, Presidenta?

“No, ellos, le corresponde al Fiscal, al Secretario informarlo, ellos lo van a informar en la conferencia de las 11…”, dijo.

-¿Dónde va a ser?

“Creo que va a ser en Secretaría de Seguridad, ¿no? a las 11, un poquito después, yo les puedo decir una cosa: la corrupción del Poder Judicial en nuestro País es aberrante y ofensiva”, añadió.

“Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial, es una bendición para México lo que vamos a vivir este año de elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”, indicó.

Ayer, el Gobierno de México envió a 29 narcotraficantes que eran requeridos por la justicia estadounidense, entre ellos Rafael Caro Quintero, quien durante cuatro décadas fue reclamado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Horas antes de que integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieran en Washington con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir la imposición de aranceles ante la falta de acciones contra el narco, las autoridades del País trasladaron a los líderes criminales a Estados Unidos en aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada.

La entrega inédita de los capos, entre quienes están los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, líderes de Los Zetas, se hizo al margen de los procesos de extradición que cada uno de ellos enfrentaba.

Además de Los Zetas, los cabecillas pertenecen a grupos como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, que recientemente fueron designados como organizaciones terroristas por la Administración de Donald Trump.

Entre los delitos que se les imputan están el tráfico a EU de cantidades masivas de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína, así como de actos de violencia asociados al trasiego y venta de estupefacientes.

Otros capos entregados son Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, principal operador financiero y logístico del CJNG; Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, líder de “Los Matazetas”; José Jesús Méndez Vargas, el “Chango Méndez”, líder y fundador de La Familia Michoacana; y José Alberto García Vilano, “La Kena”, líder del grupo de Los Ciclones.

Respecto a la comunicación que Sheinbaum busca con Trump, ella dijo que hoy quedarán definidas las circunstancias y la fecha en que se realizará.

Tanto la reunión de alto nivel, como la llamada telefónica que quiere la Presidenta, pretenden llegar a un acuerdo para evitar la imposición de impuestos del 25 por ciento a productos mexicanos que llegan a Estados Unidos y que el republicano dijo ayer que entrarán en vigor el próximo 4 de marzo debido al tráfico de migrantes y fentanilo a través de la frontera norte de México.

Divididos en dos grupos, uno menor que el otro y ambos pidiendo justicia, los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a Palacio Nacional para su segunda reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“La primera reunión (el 3 de diciembre) tuvo que ver con reconstruir el diálogo y esta segunda reunión digamos ya es entrar al tema de la investigación.

“Hay algunos temas pendientes de la reunión pasada y creo que hoy día tendrían que estar informados, en qué estado se encuentra la extradición de Tomás Zerón Lucio (ex jefe de la policía de investigación, acusado de entorpecer las pesquisas y quien está en Israel); la información que hay de los archivos militares que no se han entregado, vamos a ver qué respuesta hay al respecto”, dijo el abogado de la mayoría de los familiares, Vidulfo Rosales.

Adelante de él entró una docena de familiares de los estudiantes secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014, pero antes también llegó otro pequeño grupo respaldando a la señora Inés, madre de Daniel Solís Gallardo, asesinado esa noche, y al ex vocero del movimiento Felipe de la Cruz, padre de un estudiante sobreviviente.

La mujer y el vocero se identificaron como víctimas, pero el personal de la Secretaría de Gobernación les informó que no les permitiría la entrada a a ambos, por lo que el resto siguió adelante.

De la Cruz acusó que los expulsaron porque participaron en una marcha en apoyo a José Luis Abarca, quien era Alcalde de Iguala durante el secuestro.

“Fueron dos padres, y Vidulfo y el grupo de padres, no todos, algunos, los expulsan. O sea, ¿con qué autoridad voy a expulsar a un padre de familia que está sufriendo por su hijo, que está buscando diferentes formas de saber dónde está o saber para dónde se lo llevaron, y lo voy a expulsar del grupo?”, reprochó.

La señora Inés acusó que los expulsaron en reprimenda por no participar en todas las marchas y protestas. Los dos insistieron en que traían peticiones por escrito como que el ex Presidente Enrique Peña Nieto comparezca para explicar responsabilidad.

“Felipe de la Cruz no tiene nada que ver en este asunto, él no es padre de familia de un desaparecido, no tiene ninguna representación legal en esto, no tiene nada que hacer. La señora Inés es víctima, su hijo fue asesinado, entonces uno de los asesinados tiene que ser atendido a ella por separado”, respondió Rosales.

“Es un interés político, un interés de seguir lucrando con este caso, como ha sido todo el tiempo”.

A los familiares los recibió en Palacio Nacional la noticia de la detención de Martín Alejandro “N” por delincuencia organizada y desaparición forzada vinculado a los hechos ocurridos en Ayotzinapa, pero De la Cruz dijo que era de los que ya habían sido detenidos, liberado después, y que su participación era menor.

“Es una estrategia también como para calmar los ánimos, pero ya son 10 años y meses que se cumplieron. Por ejemplo, ayer y hoy, no, ayer y antier, hubo otros meses más, 135 meses me parece que se cumplen”, señaló.

Vidulfo, por su parte, afirmó que aún no estaba enterado de la detención y entró acompañado por la mayoría de familiares y abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Los 29 criminales entregados a Estados Unidos van a librar la pena de muerte debido al convenio que existe entre México y ese país, advirtió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado (de Estados Unidos), lo establecen los jueces y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de qué una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, explicó.

“Nuestra garantía es la ley, cuando se sujeta una operación a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención, no hay duda”.

Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que evaluará si puede aplicar nuevos cargos por terrorismo y violencia contra los 29 presuntos criminales extraditados por México y si es posible contemplar la pena de muerte, según los más recientes lineamientos de la Administración de Donald Trump.

“Los fiscales federales evaluarán si son apropiados cargos adicionales por terrorismo y violencia… y si la pena capital está disponible con base en la Orden Ejecutiva 14164 y la guía de la Fiscal General del 5 de febrero con respecto a la pena de muerte”, indicó en un comunicado.

De acuerdo con lo establecido por la dependencia, seis de los 29 extraditados ya enfrentan proceso cuya pena máxima incluyen la pena capital, un castigo federal que la Administración del Presidente Joe Biden dejó de aplicar y que el Presidente Trump revivió con una nueva Orden Ejecutivo al inicio de su gestión.

Los seis extraditados contra los que ya aplicaría la pena de muerte como pena máxima, según el Gobierno estadounidense, son Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, Alder Marín Sotelo, José Rodolfo Villarreal Hernández, Andrew Clark y Luis Gerardo Méndez Estevané.

Luego de la extradición de 29 narcos, el Gobierno de Estados Unidos afirmó que México decidió transferir a los acusados en respuesta a Orden Ejecutiva 14157 de Trump.

En México se explicó que la solicitud estuvo bien sustentada y se ejecutó bajo la figura de la seguridad nacional.

Cuestionado sobre qué va a pasar con los procesos de extradición que ya estaban en curso en el caso de algunos capos, el Fiscal Gertz puntualizó que esos trámites continuarán su camino.

“Los procedimientos que sean paralelos y que no inciden en esta función que se cumplió, tienen su propio camino, la ley es muy clara”, respondió.