La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Inmobiliaria DYF, señalada como cómplice en el presunto fraude de 3,142 millones de pesos que involucra al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y a exfuncionarios de su administración.
Sin embargo, un juez federal concedió una suspensión provisional contra el bloqueo, argumentando jurisprudencia de la Suprema Corte vigente desde 2019 y reforzada por sentencias de 2024.
En noviembre pasado, DYF acordó reparar un daño de 970 millones de pesos al gobierno estatal a cambio de inmunidad para sus accionistas, aunque aún no se ha concretado el pago. No está claro si la medida de la UIF afectará este acuerdo.
El empresario Joaquín Martínez del Campo, socio de DYF, promovió el amparo contra la inclusión de la empresa en la lista de personas bloqueadas. Germán Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió el recurso el 1 de abril y concedió la suspensión provisional. El 10 de abril se decidirá si se otorga la suspensión definitiva, lo que es probable, ya que la Corte solo permite bloqueos si provienen de una solicitud de cooperación internacional.
El caso se originó en 2016, cuando DYF fue contratada por adjudicación directa para rentar inmuebles destinados a cuarteles de seguridad pública, pese a no ser dueña de los terrenos. En 2023, la UIF denunció ante la FGR a ocho personas físicas y a las empresas Inmobiliaria DYF, Fomento de Negocios del Centro y Promotora y Fomento de Negocios del Centro por presunto lavado de dinero.
No obstante, la FGR no solicitó la aprehensión de los hermanos Martínez del Campo ni del representante legal de las empresas, Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand, debido al acuerdo de reparación del daño.
Silvano Aureoles permanece prófugo, mientras que el 7 de marzo un juez vinculó a proceso a cuatro exfuncionarios de su administración, incluidos los exsecretarios de Finanzas y Seguridad Pública, por peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
